Diari NO TAN A PROP.Basta ya de tirar mierda al mar!!Depuradora ya!!

La Plataforma NO TAN A PROP surgió en verano de 2004 cuando el Ayuntamiento de Peñíscola intentó ubicar una depuradora junto a las viviendas. La Plataforma defiende la calidad de vida de los ciudadanos y actúa contra las actividades molestas,nocivas, insalubres y peligrosas y los abusos urbanísticos que perjudican a los ciudadanos e incumplen la legalidad vigente. Ámbito estatal de actuación.

diumenge, d’abril 16, 2006

Resum de noticies relacionades amb l'aigua i l'urbanisme salvatge.

Els amics de la Plataforma Xúquer viu ens envien un resum de noticies, des de l'1 al 15 d'abril 2006.

Destaquem les següents notícies, aquí van els titulars:

- El Júcar se dejó en la Mancha en 2004 agua suficiente para regar los campos de golf de España

- Varias comunidades de regantes piden el detalle del presupuesto a la Junta Central

- Los regantes de La Mancha oriental extraen del Júcar de forma ilegal 86 hm3 de agua

- La extracción de agua en La Mancha agota el río Júcar

- El Júcar se quedará ‘‘seco’’ este verano por la sobreexplotación de los acuíferos de La Mancha

- Pro-Río pide a la Fiscalía que investige al presidente de la CHS por el robo del agua

- Compromís pel Territori pide una moratoria de PAI

- El Síndic considera que fundaciones como Agua y Progreso son un «poder público»

- La Universidad dice que el modelo valenciano basado en la construcción es «insostenible»

- Las constructoras doblan su presencia entre las cien mayores firmas valencianas

- La construcción concentra el 40% del alza de beneficios de las cien mayores empresas

- Medio Ambiente admite que el agua de Cullera nunca servirá para beber

- La Confederación Hidrográfica del Júcar ya ha puesto en marcha 30 pozos de sequía

- Ladrones de agua: Adena denuncia la existencia de unos 10.000 pozos ilegales en la cuenca del Guadalquivir

- Vecinos de la playa de Sueca temen que los vertidos del Xúquer perjudiquen al turismo

- La UE reclama al Consell los últimos 122 expedientes urbanísticos aprobados

- Guadassuar hará el PAI de 5.500 casas y dos campos de golf pese a desistir el promotor

- Las acequias del Júcar vuelven a transportar una gran capa de contaminación a su paso por Sueca

- Albacete: La Junta exige que la Región tenga derecho preferente sobre el uso del agua del Júcar

- Los abogados califican de amoral y trato de favor el acuerdo del Consell con la Fundación Agua

- La C. Valenciana es una de las que tiene menos suelo protegido

- Narbona dice en el Senado que el PP falseó los datos para justificar el trasvase

- Del Rosal denuncia los abusos urbanísticos de los ayuntamientos

- Moragues achaca a una papelera de Alzira la contaminación del río Verde

- PSOE, ERC e IU abren un frente contra la corrupción que iguala Castelló a Marbella

- Desestiman la demanda contra la paralización del Júcar-Vinalopó

- Clar com l´aigua? JOSEP M. JORDÁN GALDUF

- Corrupció immobiliària CARME MIQUEL

- La mitad de la costa mediterránea estará construida en 2025, según un informe de la ONU

- TROBADES D'ESCOLES VALENCIANES Unidos por la lengua y el territorio

- La fiebre urbanística está detrás de las irregularidades detectadas en el censo

- El científico Meadows augura el colapso en 2050 si continúa la degradación ambiental

- Un alto cargo de Territorio admite que no hay suficiente agua para la avalancha de PAI

- El PAI de Mundo Ilusión multiplicará por 24 la población de Cabanes y Orpesa

- El Consell da luz verde al proceso para urbanizar 18 millones de metros cuadrados en Mundo Ilusión





LEVANTE 15-04-06



El Júcar se dejó en la Mancha en 2004 agua suficiente para regar los campos de golf de España



En el año hidrológico 2004-2005, el río Júcar registró a su paso por La Mancha -en el tramo que va desde el embalse de Alarcón hasta el del Molinar, cerca de Cofrentes- unas detracciones de 278,26 hm3 provocadas por el regadío mediante aguas subterráneas de forraje, maíz y otros cultivos subvencionados.




J. Sierra, Valencia



La CHJ estima que ese mismo año hidrológico y contabilizando los efectos de la sequía, el Júcar debería haber ganado en los manantiales de ese tramo 213,44 hm3, casi tres veces el proyectado trasvase al Vinalopó.
Los datos suponen que el río Júcar, a su paso por la provincia de Albacete, ha perdido literalmente 64,82 hectómetros cúbicos -la mayor pérdida de la historia-que han sido desembalsados desde Alarcón y hechos circular por el cauce artificialmente antes de que los tragase la esponja que supone el regadío manchego.
Este volumen de agua es equivalente al que consume el riego de todos los campos de golf de España, según los datos ofrecidos por la federación que regula este deporte, o al consumo industrial y urbano de toda la provincia de Castelló.
Dicho de otro modo: el embalse de Alarcón, la joya de los regantes valencianos entregada hace unos años al Estado, cumple ahora una función casi estrictamente medioambiental: guarda el poco agua que la sequía deja caer en las sierras de Cuenca para administrarla en verano y cada vez más también en invierno e impedir así que el río se seque ya en Albacete.
Fuentes de Xúquer Viu aseguraron ayer que estos datos coinciden con los oficiales manejados por la Comisión Permanente de la Sequía y en opinión de este colectivo evidencian que más allá de la climatología y del déficit pluviométrico, la enfermedad del Júcar tiene un origen claro: los pozos de la Mancha.
Varas de medir
Ayer, el conseller de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón, aprovechaba las denuncias sobre estas extracciones y la crítica situación que atraviesa el Júcar para afirmar que el Ministerio de Medio Ambiente «parece» tener «dos varas de medir, según sea la Comunitat Valenciana o Castilla-La Mancha».
García Antón denunció que mientras el Gobierno central «ha estado cuestionando y modificando» el trazado original del Júcar-Vinalopó, «parece que la extracción ilegal de agua de Castilla-La Mancha no les preocupa y no ponen soluciones definitivas para acabar con esta solución».
Sin embargo, la responsabilidad sobre lo que ocurre en la Mancha es difícilmente atribuíble a un Gobierno concreto.
En 1960-61, bajo el franquismo, se apreciaron las primeras -mínimas-detracciones de caudal, que pasaron a ser significativas ya a partir de la llegada de la democracia (31,43 hm3 en 1976-1977), y espectaculares a partir del año 1995-1996, con 221,76 hm3.
Fue en ese periodo, con García-Antón ya en la conselleria de Obras Públicas y con José María Aznar recién llegado al Gobierno de la Nación cuando por primera vez en su historia el río perdió en la Mancha 31,43 hm3.
Desde esa fecha, la única medida visible para evitar la sangría del Júcar ha sido la aprobación pactada del Plan Hidrológico del Júcar, «generoso con la Mancha y que apenas se cumple en esta región», según recordaban hace unos días desde Xúquer Viu.



PATRIMONIO MUNICIPAL

El Tribunal de Cuentas ordena auditar la gestión del suelo en los municipios del auge urbanístico



Ayuntamientos que han experimentado un extraordinario desarrollo urbanístico, salpicados en algunos casos por el escándalo, como los de Orihuela y Torrevieja, serán objeto de una fiscalización específica sobre la gestión del patrimonio municipal del suelo en 2004. El trabajo, de ámbito nacional y dirigido por el Tribunal de Cuentas, será ejecutado en la Comunitat por la Sindicatura de Comptes, según consta en el Plan de Actuación 2006 remitido a las Corts Valencianes.




J. G. G./J. R., Valencia

El Tribunal de Cuentas ha ordenado a la Sindicatura de Comptes que fiscalice la gestión del suelo en los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes y los cinco primeros que más han crecido en los últimos años y que tengan una población de más de 20.000 habitantes. Entre éstos últimos se encuentran los municipios que han experimentado un extraordinario crecimiento urbanístico como consecuencia del boom de la construcción: Orihuela, Torrevieja, Dénia, Santa Pola y Calpe. Los dos primeros, además, son el escenario de los mayores escándalos en materia urbanística y de supuesta corrupción en la actuación municipal.

Se trata de una investigación más amplia sobre el patrimonio municipal del suelo, que el órgano auditor del Estado ha decidido realizar en toda España y que coincide ahora en el tiempo con los escándalos de Marbella y, en el ámbito de la Comunitat, de Orihuela, con la difusión de unas grabaciones en las que concejales hablan del pago de comisiones a cambio de adjudicaciones en favor de empresas con intereses urbanísticos. Las actuaciones a fiscalizar se centrarán en el ejercicio de 2004.
El encargo resulta tan preciso que incluso las encuestas que servirán de base para la fiscalización las ha elaborado el Tribunal de Cuentas aunque el brazo ejecutor será la institución que preside el Síndic Rafael Vicente Queralt. La auditoría figura en el Programa Anual de Actuación de la Sindicatura para 2006, remitido a las Corts Valencianes. Además de los citados municipios de mayor de crecimiento, el Síndic examinará la gestión del suelo de Alicante, con la polémica sobre el plan Rabassa; Valencia, con cuestiones controvertidas como la operación Mestalla, la permuta de Tabacalera o la homologación del Plan General con recalificaciones de zonas de huerta; Castelló; y Elx.
Según la información traslada a las Corts por Vicente Queralt, habrá una segunda fase, «siempre en estrecha coordinación con el Tribunal de Cuentas y el resto de Ocex [Organismos de Control Externo autonómicos] tanto en los alcances como en los plazos de ejecución y aportación de los trabajos». Esta segunda parte consistirá en la revisión «con mayor detalle y extensión de la gestión realizada en esta materia en dos ayuntamientos».

Auditorías horizontales

Por otro lado, la institución fiscalizadora de la Generalitat también realizará durante este año «fiscalizaciones horizontales», cuyo objetivo son las «áreas de gestión más significativas» de un listado de ayuntamientos. El Síndic especifica que se fijará en las parcelas de personal, contratación, ingresos y endeudamiento.
La elección, realizada de forma aleatoria, pone en el punto de mira del auditor público a Bigastro, Castielfabib, Dolores, Geldo, Rocafort, Simat de la Valldigna, Macastre, Torreblanca y Agost. En la memoria de planificación se detallará que área de cada uno de estos ayuntamientos es la que se va a revisar.

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LA VERDAD 14-04-06



PROVINCIA ALICANTE



ALICANTE / Varias comunidades de regantes piden el detalle del presupuesto a la Junta Central



Las cuentas de la entidad que agrupa a agricultores y a ayuntamientos siguen sin aprobarse tras la celebración de tres asambleas y se convocan otras dos reuniones



BERNAT SIRVENT/ALICANTE

La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y la Marina Alta, un organismo que agrupa a comunidades de regantes, empresas privadas, sociedades agrarias de transformación y ayuntamientos alicantinos y que se creó, a instancias de la Generalitat, para participar en la financiación del trasvase Júcar-Vinalopó, se vio obligada el pasado miércoles a convocar otras dos asambleas generales para aprobar los presupuestos correspondientes a este año. El ente que preside Andrés Martínez Espinosa, adalid de la oposición frontal al cambio de toma de la conducción aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente, ha celebrado ya tres reuniones para la aprobación de las cuentas, pero las tres han resultado infructuosas.

La última cita tuvo lugar el pasado miércoles y no estuvo exenta de cierta tensión, de acuerdo con las fuentes asistentes consultadas por este diario. Varias de las comunidades de regantes, entre ellas la de Aspe, solicitaron a la junta de gobierno de la Junta Central un informe detallado del estado de ingresos y gastos del organismo antes de la aprobación del nuevo estado contable para el ejercicio del 2006.

Varias de las comunidades de regantes han manifestado sus recelos respecto a las dietas que perciben varios de los miembros de la junta directiva, así como algunos de los asesores jurídicos de la Junta Central. Desde el 22 de marzo, ha habido tres intentos fallidos por parte de la junta y la asamblea para aprobar el presupuesto de este año, en el que interviene de forma muy directa la aportación de cuotas por parte de las cincuenta comunidades de regantes, las sociedades agrarias de transformación, las empresas privadas, como Aguas de Alicante, y los ayuntamientos que inicialmente iban a ser receptores del agua de la conducción desde Cortes de Pallás.

Desde la Junta Central del Vinalopó se pretende transmitir una imagen de absoluta normalidad. El portavoz de la entidad, Ángel Urbina, manifestó a este diario que se había hablado de las actuaciones en defensa de la conducción original Júcar-Vinalopó y que los presupuestos se habían pospuesto a una asamblea convocada para el 11 de mayo, con carácter informativo, y otra para el 25 de mayo con carácter ordinario.

No aludió a la petición de algunas comunidades de regantes sobre el detalle del presupuesto. También explicó que se había invitado al consejero delegado de Aguas del Júcar, José María Marugán, para participar en la junta de gobierno del pasado miércoles, pero éste excusó su asistencia al tener otros actos en su agenda de trabajo, según Urbina. También explica que «estamos dispuestos a hablar con la ministra Narbona» sobre el protocolo para el nuevo convenio que Aguas del Júcar quiere firmar con las comunidades de regantes para la distribución de los caudales del futuro trasvase Júcar-Vinalopó, que como ha anunciado en varias ocasiones la ministra, sólo enviará agua para la agricultura.

Los abastecimientos urbanos serán suministrados con agua de las desalinizadoras proyectadas en el programa AGUA del Gobierno que sustituyó al derogado trasvase del Ebro. Éste es el motivo que causó la petición de baja, hace unas semanas, del Ayuntamiento de Agost, tras el acuerdo plenario apoyado por el equipo de gobierno de independientes y PP, y respaldado por el PSPV, según explicó a este diario el alcalde de Agost, Felipe Vicedo.

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LEVANTE 13-04-06



MEDIO AMBIENTE

Los regantes de La Mancha oriental extraen del Júcar de forma ilegal 86 hm3 de agua



La regresión en el caudal del río Júcar es una constante que nada tiene ya que ver con la sequía. El colectivo Xúquer Viu responsabiliza de la merma de caudales a las extracciones que se realizan en el acuífero manchego, denuncian los problemas de contaminación asociados y anuncian movilizaciones en defensa del río. Según datos ofrecidos por Xúquer Viu, en La Mancha se incumple el Plan Hidrológico del Júcar, mientras se obliga a los regantes valencianos a abrir pozos de emergencia.




J. Sierra, Valencia

El colectivo ciudadano Xúquer Viu considera una posibilidad real que el río Júcar se seque por completo este verano ante el escaso caudal que transporta y responsabiliza de los escasos caudales del río a las extracciones del acuífero manchego.
Xúquer Viu destaca también que los datos ofrecidos por la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental revelan que se mantienen las extracciones ilegales de agua en esta zona y que se incumple el Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar.
Los ecologistas anuncian para finales de este mes o principios del próximo una gran movilización en defensa de este río.
«Mientras el río Júcar agoniza y los regadíos tradicionales sufren restricciones de entre un 45 y un 65% prosigue con total impunidad la explotación del acuífero de la Mancha oriental», denuncia Xúquer Viu en un a nota hecha pública ayer.
Agravios
«El escándalo- añaden- llega al extremo de que las restricciones para las extracciones del acuífero principal del río son de únicamente un 5% sobre los 406 hectómetros cúbicos que la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental reconoce que se extrajeron el año pasado». Y explican que los 406 hm3 reconocidos «exceden» en 86 hm3 los 320 hm3 asignados por el Plan de Cuenca de 1997 y que como consecuencia el nivel de los acuíferos «ha bajado dos metros en solo un año».
Más agravios: mientras en la Mancha Oriental «no se cierra ni un solo pozo», en la Plana de Valencia comienzan a ponerse en marcha «numerosos pozos de emergencia».
En consecuencia, Xúquer Viu exige al Gobierno que ponga en marcha actuaciones para eliminar las «extracciones abusivas» en la Mancha oriental destinadas a cultivos «sin valor social ni económico y orientadas a obtener fondos europeos».
Consideran que estas medidas son imprescindibles para la recuperación del acuífero, del propio río Júcar, «y también para los verdaderos agricultores que dependen de sus regadíos familiares tanto en la Mancha como en Valencia».
Entre las medidas concretas solicitadas por los ecologistas figura la paralización inmediata de la denominada sustitución de bombeos, destinada teóricamente a reducir las extracciones de agua del acuífero a cambio de recibir agua fluyente desde el embalse de Alarcón. Para Xúquer Viu esta fórmula supone «agravar la situación del río quitándole también el agua superficial después de arrebatarle la subterránea» para mantener cultivos «insostenibles».
Se anuncian movilizaciones
Según los ecologistas el Júcar se encuentra en peor situación que hace un año, cuando se preparaba la manifestación en contra del trasvase desde Cortes de Pallás y en defensa del río y la Albufera.
«Durante todo el invierno el caudal del río ha sido insignificante y esta primavera la situación sigue sin mejorar, de modo que los problemas de contaminación aumentan también considerablemente en el curso bajo», aseguran.
Los colectivos integrados en Xúquer Viu han decidido movilizarse «y movilizar» a la sociedad valenciana para recuperar el río Júcar. Con este objetivo están preparando una campaña para denunciar «tanto la falta de cuales como la contaminación» del río y añaden a que a finales de abril o principios de mayo convocarán acciones de protesta y realizarán diversas iniciativas para reclamar «con urgencia» un plan de Recuperación del río Júcar.
Además, los ecologistas han pedido estar representados en la Comisión Permanente de la Sequía y se han dirigido por escrito a la ministra Cristina Narbona para hacerle llegar «la creciente preocupación» por la situación que atraviesa el río y pedirle medidas urgentes para frenar las extracciones de caudales en el río «así como la anticipación de la revisión del Plan de Cuenca».

Rechazo a la propuesta de Antella

Xúquer Viu considera «totalmente inaceptable» la reciente propuesta de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó de cambiar la toma del trasvase desde el azud de la Marquesa al de Antella, aguas arriba. Esta propuesta, que es «tan inviable e insostenible co la de Cortes», pretende, según aseguran, dejar sin agua el curso bajo del Júcar en sus últimos 50 kilómetros para poder realizar «proyectos urbanísticos insostenibles» en las comarcas del sur. Añaden que estos proyectos están participados por quienes querrían «abrir una guerra por el agua con objeto de retomar el proyecto «insostenible» de Cortes de Pallás, «afortunadamente cancelado» por el Ministerio de Medio Ambiente. En cualquier caso recuerdan que la denominada «solución Alicante» permitiría atender las demandas de esta provincia sin necesidad de ejecutar el trasvase Júcar-Vinalopó



La extracción de agua en La Mancha agota el río Júcar



EDITORIAL




El río Júcar se encuentra en una situación límite, con tramos a su paso por la Ribera en los que la posibilidad de que el cauce se quede en seco ha dejado de ser un mal sueño para pasar al terreno de lo posible. La probabilidad de ver convertido el principal río valenciano en un cauce yermo es una realidad que toma cuerpo y en la que la sequía es un factor, aunque no el único ni determinante.

El colectivo Xúquer Viu, que ha aceptado el cambio de toma en el Júcar-Vinalopó como una especie de mal menor, lanzaba ayer una grave acusación contra el consumo del agua en La Mancha oriental y atribuía a las extracciones masivas de agua para una agricultura que califica de «irracional» e «insostenible» el lamentable aspecto que presenta el río. Xúquer Viu recoge así las denuncias que desde hace ya casi 20 años realizan los regantes tradicionales del Júcar, sin éxito, cabría añadir, y responsabiliza a la falta de control sobre el acuífero de la situación del río, al borde de una catástrofe medioambiental y también económica. Según este colectivo, que utiliza datos facilitados por los propios regantes de La Mancha oriental, los bombeos superan en 86 hm3 año los asignados a estas comarcas en el Plan Hidrológico del Júcar. El déficit acumulado en el río es de tal magnitud que este año los escasos recursos que han llegado a Alarcón apenas han bastado para impedir que el río se secara en pleno invierno a su paso por La Mancha.

Con la llegada del verano, el Ministerio de Medio Ambiente ha pedido sacrificios, pero entre los regantes valencianos se extiende la peligrosa sensación de que el baremo aplicado en los recortes no mantiene el necesario equilibrio. Los ecologistas anuncian movilizaciones, incluso una manifestación, en defensa del río. Y en ese empeño es probable que encuentren a regantes y ciudadanos de su lado.

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LAS PROVINCIAS 13-04-06



LA RIBERA



El Júcar se quedará ‘‘seco’’ este verano por la sobreexplotación de los acuíferos de La Mancha



La plataforma Xúquer Viu anuncia movilizaciones para salvar el río ‘‘antes de su muerte definitiva’’



El Júcar se muere. Así de claro lo manifestó ayer Xúquer Viu ante el escaso caudal que lleva el río a su paso por la Ribera Alta. La plataforma acusa a los regadíos subvencionados de La Mancha oriental de la situación del río. La organización prepara movilizaciones ante esta ‘‘alarmante disminución del caudal’’.



XAVIER PÉREZ/ALZIRA



Un palmo de agua. Ese es el caudal que lleva durante estas últimas semanas el Júcar a su paso por los municipios de la Ribera Alta. A partir de Carcaixent se convierte en una cloaca.

El binomio sobreexplotación y contaminación hacen que el río que siempre ha dado riqueza a los agricultores de estas comarcas esté en serio peligro de subsistencia.

Y es que la situación es grave, tal y como denuncia la plataforma Xúquer Viu, que acusa a los grandes regadíos subvencionados de la Mancha Oriental de ‘‘esquilmar’’ el Júcar en sus últimos 60 kilómetros.

La plataforma alerta de la posibilidad de que el cauce se quede ‘‘seco’’ este verano, y por consiguiente haya una catástrofe ecológica. Por ello, la plataforma exige la recuperación integral antes de su ‘‘muerte definitiva’’.

Mientras el Júcar ‘‘agoniza’’ y los regadíos tradicionales valencianos ven cómo se restringen entre un 45 y un 65% ‘‘prosigue con total impunidad la explotación del acuífero de la Mancha’’, según manifestaron fuentes de la plataforma cívica.

‘‘El escándalo llega al extremo de que las restricciones para las extracciones del acuífero principal del río son de únicamente un 5% sobre los 406 hectómetros cúbicos que la Junta de Regantes de la Mancha Oriental reconoce se extrajeron el año pasado’’, señalaron.

Cabe recordar que estos 406 hectómetros cúbicos ‘‘exceden en 86 metros cúbicos los 230 asignados por el Plan de Cuenca de 1997, y que el nivel de los acuíferos ‘‘ha bajado dos metros más en un sólo año’’.

Xúquer Viu lamentó que mientras ni un solo pozo ‘‘se cierra’’ en la Mancha Oriental, ‘‘a pesar de la grave situación de su acuífero, comienzan a ponerse en marcha numerosos pozos de emergencia en el acuífero de la Plana Sur de Valencia, que están en frágil equilibrio’’.

Desde Xúquer Viu se pide al Gobierno que ponga en marcha, ‘‘de manera urgente’’ medidas para eliminar las extracciones abusivas de la Mancha, destinadas a cultivos sin valor social ni económico, y orientados a obtener fondos europeos’’.

Estas medidas son ‘‘imprescindibles’’ para la recuperación del propio acuífero del río y también para los ‘‘verdaderos agricultores’’ que dependen de los regadíos familiares tanto en la Mancha como en Valencia.

La organización pide que ni ‘‘una sola gota’’ más de agua se utilice para cultivos insostenibles y exige la paralización de la llamada ‘‘sustitución’’ de los bombeos de la Mancha por agua embalsada en el pantano de Alarcón, que no hace más que agravar la situación del río quitándole también el agua superficial, después de eliminarse la subterránea.

Por todos estos motivos la plataforma ha decidido movilizar a la sociedad valenciana para recuperar el principal caudal de los valencianos ante la ‘‘extrema’’ situación por la que atraviesa el Júcar. Por ello se está preparando una campaña para denunciar los problemas de falta de caudal y de contaminación.

A finales de este mes Xúquer Viu convocará acciones de protesta y realizará diversas iniciativas para reclamar con urgencia un Plan de Recuperación para el Júcar.

Por otra parte, la plataforma ha solicitado estar presente en la Comisión Permanente de la Sequía para defender el río.

También se dirigirán a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ‘‘para hacerle llegar la creciente preocupación que esta situación nos genera y pedirle una serie de medidas urgentes para frenar la disminución de caudales del río, así como la anticipación de la revisión del Plan de Cuenca”.

Ante esta grave situación Xúquer Viu espera la respuesta de ‘‘todas’’ las organizaciones agrarias, partidos políticos, regantes y otros colectivos.



Contaminación



La CHJ lamenta los vertidos al río Verde
El presidente de la CHJ, Juan José Moragues, lamentó hace unos días en una visita a la Ribera Baixa los vertidos contaminantes al río Verde.

“La papelera Río Verde Cartón es de todo menos verde ”. Con esta contundente frase definió Moragues a una empresa ubicada en la ciudad de Alzira y a la que achacó parte de la responsabilidad en la contaminación que está sufriendo el río Verde y como consecuencia el Júcar.

Según Moragues, la contaminación del agua tiene periodos más o menos graves pero va disminuyendo, “aunque en el momento que tenemos este periodo de sequía y no se ha luchado contra los focos de contaminación, pues pasa lo que pasa”.

El presidente de la Confederación hacía referencia a los últimos casos de mortandad de peces que ha padecido el río Júcar como consecuencia de los vertidos industriales.



‘‘El río es una cloaca’’



El alcalde de Polinyà, José Daniel Martí, lamenta la ‘‘degradante’’ situación del Júcar y anuncia su ‘‘muerte clínica’’



X. PÉREZ/ POLINYÀ DE XÚQUER

Indignado. Así se mostró ayer el alcalde de Polinyà de Xúquer, José Daniel Martí, por la ‘‘crítica’’ situación del río a su paso por la Ribera Baixa; ‘‘es una cloaca’’, dijo.

‘‘Si hace unos meses nuestro Júcar estaba en la UCI, ahora se encuentra clínicamente muerto’’, sentenció este alcalde, uno de los políticos de la comarca que más ha denunciado ante todos los estamentos públicos la degradación que sufre el río.

Y es que José Daniel Martí siente el río como a un familiar que se encuentra con una enfermedad crónica y no tiene remedio.

‘‘El olor que hace estos últimos días el río es insoportable, nunca creí que llegaríamos a la situación que nos encontramos en estos momentos’’, lamentó.

Martí señaló que, debido a los vertidos contaminantes de algunos polígonos industriales de la Ribera Alta, se ha contaminado ‘‘incluso el fondo del lecho del río, por lo que toda la porquería de ese fondo aflora a la superficie y al no haber corriente el agua se queda estancada’’.

‘‘Dentro de unos días soltarán agua para los campos de arroz, un caudal contaminado que irá a parar a los arrozales’’, incidió.

Por otra parte, el alcalde de Polinyà destacó que, aunque desde que cambió el Gobierno la CHJ ‘‘nos hace un poco más de caso, por el momento no nos da una solución definitiva al problema’’.

La Confederación instaló hace unos meses una malla en el Júcar, a su paso por Polinyà, para retener todos los residuos y objetos y así, mediante la misma técnica utilizada en el Prestige, una empresa limpia el cauce.

El problema es que el agua tóxica que causa la mortandad a los peces no se puede retener con esta red.

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INFORMACIÓN 13-04-06



CUENCA DEL SEGURA

Pro-Río pide a la Fiscalía que investige al presidente de la CHS por el robo del agua



El colectivo denuncia la falta de medidas para acabar con la extracción ilegal de caudales y los nuevos regadíos



E.D.G/ S.LL




La Comisión Pro Río anunció ayer que pedirá al fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, que investigue la responsabilidad del presidente de la Confederación Hidrográfica, José Salvador Fuentes Zorita, al estimar que no ha trasladado a la Justicia los expedientes de los dos últimos años por robo del agua.

En una rueda de prensa, el portavoz de Pro Río, José Antonio Muñoz Grau, consideró que Fuentes Zorita «no ha cumplido la obligación» de presentar, al menos, un centenar de nuevas denuncias de ampliaciones ilegales de regadíos y tomas ilícitas de aguas superficiales y subterráneas, por lo cual se dirigirán al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia la próxima semana.

Recordó que, presuntamente, estas nuevas denuncias superan cada una los 400 euros de daños al dominio público hidráulico que establece la ley como mínimo para ponerlo en conocimiento de la Justicia.

Muñoz Grau criticó que Fuentes Zorita lleve desde su toma de posesión sin enviar a la Fiscalía los expedientes abiertos por la policía fluvial de ese organismo de cuenca.

Añadió que esta situación ha sido puesta en evidencia por el fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, que ha exigido con urgencia el envío de los expedientes.

Además, dijo que habría que añadir el informe hecho público recientemente por Adena/WWF sobre la situación de la cuenca, «de descontrol» que existe sobre los caudales y ampliaciones de regadíos «y la falta de actuaciones» sobre los pozos que aparecen en el sumario del robo del agua.

Por ello, el portavoz del colectivo conservacionista indicó que la CHS podría estar «en una situación igual o parecida a la que estaba el anterior presidente, Juan Cánovas, cuando fue imputado por la Fiscalía de Madrid por supuesta prevaricación».

Muñoz Grau denunció que los regadíos ilegales «continúan a pesar de las denuncias», al igual que pasaba en la época de Cánovas, lo que demuestra que «no hay miedo porque no pasa nada».

Muñoz Grau calificó de «simulacro» que la CHS cierre los pozos que alimentan regadíos ilegales y que éstos se sigan manteniendo a pesar de la clausura y puso como ejemplo el caso de la finca Salafranca de Corvera (Murcia) de Mariano Roca Meroño, imputado en el robo del agua. Las más de 200 Ha. de cítricos ilegales de la finca, añadió, (1.2 millones de m 3 al año), denunciadas por la CHS, «siguen regándose hoy después de que hace dos años la CHS precintara a bombo y platillo cuatro pozos que suministraban el agua a los cítricos».

Mantuvo Grau que no se ha cerrado ninguno de los principales pozos que son el origen del mercado negro del agua y calculó que cada año hay 6.000 hectáreas de nuevos regadíos, a pesar de que esto está prohibido desde el año 1986.



CONTAMINACIÓN

«Los datos del cáncer siguen ocultos»




El portavoz de Pro-Río criticó ayer al alcalde de Orihuela y presidente del Área de Salud 20, José Manuel Medina, por «esconder» y «no hacer públicos» los índices de casos de cáncer en la comarca y seguir sin estudiar la posible relación entre esta enfermedad y el estado de contaminación del Segura.

Grau que recordó que desde hace años se esta pidiendo que se hagan públicos estos datos sin que hasta ahora haya habido una respuesta favorable y «esto es muy sospechosos»

Criticó a la corporación municipal por pedir ahora, en Semana Santa, un caudal en el río que cubra los lodos y los turistas no huelan, pero «¿y el resto del año?, ¿es que los vecinos no huelen?».

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EL PAÍS 13-04-06

Pro Río llevará al presidente de la Confederación del Segura al fiscal Acusa a Fuentes Zorita de ocultar informes sobre el robo de agua
EL PAÍS - Alicante

La Comisión Pro Río de Orihuela anunció que pedirá al fiscal jefe de Murcia que investigue la responsabilidad del presidente de la Confederación Hidrográfica, José Salvador Fuentes Zorita, al creer que no ha trasladado a la Justicia los expedientes de los dos últimos años por robo del agua. Por su lado, el colectivo Xúquer Viu denunció la falta de caudal y la contaminación del Júcar por lo que anunciaron protestas.

En un comunicado de prensa, el presidente de Pro Río, José Antonio Muñoz Grau, explicó que el presidente de la Confederación, Fuentes Zorita "no ha cumplido la obligación" de presentar, al menos, un centenar de nuevas denuncias de ampliaciones ilegales de regadíos y tomas ilícitas de aguas superficiales y subterráneas, por lo cual se dirigirán al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

Esta asociación, que defiende la conservación del río, recordó que, presuntamente, estas nuevas denuncias superan cada una los 400 euros de daños al dominio público hidráulico que establece la ley como mínimo para ponerlo en conocimiento de la Justicia. Muñoz Grau criticó que Fuentes Zorita lleva desde su toma de posesión sin enviar a la fiscalía los expedientes abiertos por la policía fluvial de ese organismo de cuenca.

En esta nota de prensa, la asociación añadió que esta situación ha sido puesta en evidencia por el fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, que ha exigido con urgencia el envío de los expedientes. Además, dijo que habría que añadir el informe hecho público recientemente por Adena sobre la situación de la cuenca, "el descontrol" que existe sobre los caudales y ampliaciones de regadíos "y la falta de actuaciones" sobre los pozos que aparecen en el sumario del robo del agua.

Por ello, el presidente del colectivo indicó que la Confederación Hidrográfica podría estar "en una situación igual o parecida a la que estaba el anterior presidente, Juan Cánovas, cuando fue imputado por la Fiscalía de Madrid por supuesta prevaricación", advirtió el portavoz del colectivo.

Muñoz Grau denunció además que los regadíos ilegales "continúan a pesar de las denuncias", al igual que pasaba en la época de Cánovas, lo que demuestra que "no hay miedo porque no pasa nada".

El presidente de Pro Río calificó de "simulacro" que la Confederación cierre los pozos que alimentan regadíos ilegales y que éstos se sigan manteniendo a pesar de la clausura y puso como ejemplo que esto sucede en la finca Salafranca de Corvera (Murcia), propiedad de uno de los imputados en el robo del agua, M.R.M. Y mantuvo que no se ha cerrado ninguno de los principales pozos que son el origen del mercado negro del agua y aseguró que cada año hay 6.000 hectáreas de nuevos regadíos, a pesar de que esto está prohibido desde 1986, según datos recabados en un informe por Adena.

El colectivo también echó mano del informe de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre la evolución del regadío en la cuenca del río Segura en el que confirma que se confirma que se han continuado ampliando la superficie de regadío desde 1986.

Xúquer Viu se moviliza
La plataforma Xúquer Viu denunció la falta de caudal y la contaminación de las aguas del río Júcar, al tiempo que anunció acciones de protesta para finales de este mes y principios de mayo con el fin de "reclamar con urgencia un Plan de Recuperación del Xúquer", según informaron fuentes de este colectivo. Xúquer Viu explicó que en los últimos 60 kilómetros del río "apenas una lámina de agua recorre el cauce" y destacó que "los problemas de contaminación en su curso bajo aumentan considerablemente", debido a la falta de agua. Xúquer Viu tildó de "escandalosa" la situación de un río "casi seco" mientras "los grandes regadíos subvencionados de la Mancha continúan explotando al Júcar".

El PP de Oropesa y Cabanes apoya una desaladora para la expansión urbanística

MARÍA FABRA - Castellón

Los ayuntamientos de Cabanes y Oropesa aprobaron ayer el convenio propuesto por la empresa pública Acuamed, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, para iniciar la tramitación del proyecto de construcción de una desaladora para ambos municipios. Ni el PP de Oropesa ni el de Cabanes presentaron reparo alguno a la instalación de esta infraestructura como solución al déficit hídrico y como única salida para la expansión urbanística prevista en ambas localidades.

La clave se encuentra en la macroubranización del entorno de Mundo Ilusión, que no tiene resuelto el abastecimiento de agua y que, de esta manera, contará con la infraestructura necesaria para llevar a cabo el desarrollo de cerca de 18 millones de metros cuadrado en el que se ha calculado un aumento de población de hasta 200.000 habitantes, cuando la actual es de poco más de 10.000. También se ha calculado que la expansión urbanística implicará la construcción de más de 47.800 viviendas. El alcalde de Cabanes, Artemi Ciurana, no tuvo tampoco reparos en admitir las bondades de esta instalación que, según dijo, es necesaria no sólo para Mundo Ilusión sino también para el desarrollo de otro programa de actuación integrada (PAI), el de Torre La Sal. Ambos planes han sido adjudicados al grupo Marina d'Or.

Plante a la ministra

La aprobación del convenio propuesto por Acuamed para la futura planta desaladora tiene como precedente un plante a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que en junio acudió a Castellón para la firma del convenio después de que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, solicitara la instalación. Los populares no acudieron a la firma del convenio, ya que el proyecto choca con el argumentario del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien rechaza la desalación y el Programa Agua como alternativa al derogado trasvase del Ebro.

En el caso de la localidad de Oropesa, la aprobación fue por unanimidad, mientras que en Cabanes, el convenio contó con el voto en contra del concejal de Esquerra Unida, Carles Mulet, quien criticó la "connivencia del Ministerio de Medio Ambiente con los intereses especuladores y destructores del territorio".

La financiación del proyecto, cuyo coste está cifrado en alrededor de 62 millones de euros, está repartida entre fondos europeos, Acuamed y los ayuntamientos. La desaladora estará instalada en Cabanes, junto al límite del término con Oropesa. En la primera fase, la desaladora permitirá la utilización de 62 hectómetros cúbicos de agua, mientras que la culminación de la segunda fase supondrá la desalación de 120.

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LEVANTE 12-04-06



URBANISMO

Compromís pel Territori pide una moratoria de PAI



Sesenta colectivos solicitan entrevistarse con Camps




Levante-EMV, Valencia

La plataforma Compromís ciutadà per la defensa del territori al País Valencià, que aglutina a más de sesenta colectivos, solicitó ayer reunirse con el president de la Generalitat, Francisco Camps, para exigir «una moratoria inmediata» que paralice los proyectos urbanísticos reclasificatorios en marcha, además de impulsar una nueva legislación basada en la participación ciudadana.

Representantes de Acció Cultural, Salvem el Cabanyal-Canyamelar, Xúquer viu, Comissió subestació de Patraix fora, Compromís per l'Horta o Salvem el Botànic-Recuperem ciutat depositaron ayer en el registro de entrada del Palau de la Generalitat una carta dirigida a Camps en la que le solicitan audiencia, que, si es denegada,será contestada con una manifestación el 3 de junio.
Según manifestó el portavoz de Acció Cultural, Toni Gisbert, la plataforma «lucha por la defensa de la integridad del territorio ante el gran número de programas de actuación integrada (PAI) que se multiplican en la Comunidad y de agresiones ambientales». En su carta, Compromís pel territori traslada su «preocupación» al jefe del Consell ante «la situación que padece el territorio y por la gran cantidad de agresiones medioambientales», a causa de «una economía basada en la construcción y en la producción del ocio».
Por ello, estima que el Consell debería establecer una «moratoria que comporte la no aprobación, la suspensión o la paralización» de los proyectos que no hayan acreditado la «suficiente» transparencia informativa, los requisitos legales o reclasifiquen suelo no urbanizable.



AUDITORÍA 2004

El Síndic considera que fundaciones como Agua y Progreso son un «poder público»



La Sindicatura pide que se rijan por los principios de publicidad,mientras que el
PP alega que no tiene trascendencia pública para negar datos en las Corts




Julia Ruiz, Valencia

La Fundación Agua y Progreso es una de las 23 fundaciones públicas de la Generalitat que existían en el ejercicio de 2004, el último auditado por la Sindicatura de Comptes. Estas entidades son consideradas por el Síndic como «un poder público» y como tal les dedica un capítulo especial en el que establece una serie de consideraciones sobre el régimen jurídico y la normativa aplicable .

El órgano fiscalizador recuerda que la ley de fundaciones de la Comunitat de 1998 establece que éstas «se rigen por la voluntad del fundador, por sus estatutos y por la presente ley y demás normativa aplicable a las personas jurídicas». Y añade, que, en general, su contratación se rige por «sus estatutos y en la normativa privada» ,ya que no existe ninguna regulación específica para las fundaciones públicas de la Generalitat. Acto seguido, sin embargo, la institución hace una consideración con enjundia: «Dado que constituyen un poder público, independientemente de su configuración orgánico-formal, entendemos que al menos son de aplicación los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, salvo que la naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con estos principios».
El pronunciamiento del Síndic choca con la decisión tomada recientemente por la Mesa de las Cortes, controlada por el PP, de vetar una serie de preguntas al PSPV sobre la actividad de Agua y Progreso. Tal como informó ayer este diario los populares han negado los datos alegando que se refieren a una «persona jurídica que no tiene una trascendencia pública dentro del ámbito de la Comunidad».
No parece que esta filosofía sea compartida por la Sindicatura que apela a una serie de cuestiones reguladas en la Ley 50/2002 de Fundaciones que, aunque no son de aplicación directa a las fundaciones públicas de la Generalitat, «las consideramos como criterios generales de buena gestión pública». Entre los criterios está que la selección de personal se sujete a los principios de igualdad, mérito y capacidad; y que la contratación se ajuste a los de publicidad, concurrencia y objetividad. Agua y Progreso tiene en nómina sin haber convocado proceso selectivo alguno al vicesecretario provincial del PP, Juan José Medina y a la ex presidenta de la Federación de Vecinos, Carmen Vila, vinculada al PP.
La entidad, que se nutre cien por cien con fondos públicos, fue sometida en 2004 al control meramente formal de la rendición de cuentas y no, como ocurre con otras fundaciones, a una fiscalización más extensa para comprobar si la gestión de los fondos se realiza de conformidad con la normativa aplicable. Esto fue así porque en ese momento la Sindicatura incluyó a Agua y Progreso en el grupo de entidades que «se caracterizan por se poco importantes en términos cuantitativos y no tener identificados problemas importantes». En 2004 la Fundación acababa de arrancar y su actividad estaba bajo mínimos. En 2006, la Fundación ha recibido ya una subvención de un millón de euros, que se ha gastado íntegramente en una campaña de publicidad para defender el derogado trasvase del Ebro. Fue adjudicada sin concurso público.
Precisamente, la campaña de publicidad ha sido uno de los asuntos sobre los que se interesó la diputada socialista Josefa Andrés, quien ayer formalizó ante la Mesa de las Cortes su recurso por el veto sufrido.
En su escrito, la diputada hace notar al PP que «en su afán de buscar argumentos para negar la tramitación de las preguntas» le han vetado información de la propia Generalitat. En efecto, la diputada dirigió las preguntas relacionadas con la campaña de publicidad al conseller de Relaciones Institucionales, Esteban González Pons, quien presentó en rueda de prensa la promoción. Andrés cita a la Fundación sólo en el caso del convenio con los servicios jurídicos. En su recurso, echando mano de la ironía, pregunta a la Mesa si es que «a su parecer la persona jurídica sin trascendencia pública es la propia Generalitat».



Agua, progreso y también opacidad



EDITORIAL




Sobre la Fundación Agua y Progreso, una catapulta del partido en el gobierno para continuar reivindicando su política del agua por cauces «extraoficiales», se extiende una capa de silencio que tiene precedentes. Igual sucedió con las empresas públicas de Cacsa, Ciegsa y Terra Mítica, con las que se procedió del mismo modo. La doctrina del PP en esta materia no ha variado, o ha variado poco: estas entidades adscritas a la Generalitat mantienen una personalidad jurídica propia y en caso de revelarse su gestión se provocaría un problema de confidencialidad respecto a terceros. La oposición, por tanto, se da de bruces contra un muro, pues entiende que estas empresas, pagadas con dinero público -y por eso mismo-, tienen la obligación de ofrecer el balance de cuentas a la opinión pública al igual que cualquier otro departamento de la administración autonómica. Una y otra vez, sin embargo, el PP obstaculiza la transparencia en la gestión. El último ejemplo se dio con la Fundación Agua y Progreso, financiada al cien por cien con fondos públicos. La Mesa de las Cortes, dominada por el PP, vetó las preguntas de la oposición sobre esta entidad argumentando que se trata «de una persona jurídica que no tiene una trascendencia pública dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma». Este concepto ha sido rebatido por el Síndic de Greuges puesto que las considera «un poder público« y las somete a los principios de concurrencia, publicidad y objetividad. La Fundación Agua y Progreso recibió hace dos meses una subvención oficial de cerca de un millón de euros. Semanas después, la contratación de la campaña de publicidad que proyectó la Generalitat reivindicando el trasvase del Ebro por un millón de euros recayó en la Fundación y se efectuó sin concurso público. La Generalitat, además, ha puesto sus abogados a disposición de la entidad. Parece obvio que, con estos precedentes y los vínculos probados, el ciudadano deba tener conocimiento de cómo se administra el gasto público sin perversidades, instrumentalizaciones u opacidades. Se trata de una garantía democrática.



INFORME

La Universidad dice que el modelo valenciano basado en la construcción es «insostenible»



El OCEI afirma que el alto crecimiento del sector ha creado empleo pero de baja productividad




Efe, Valencia/Madrid

El director del Observatorio de Coyuntura Económica Internacional (OCEI), Vicente Pallardó, manifestó ayer que el modelo de sistema productivo español y valenciano basado en la construcción ha propiciado la creación de empleo, pero ha generado «muchos» desequilibrios y es «insostenible». El alto crecimiento del sector de la construcción en los últimos años ha provocado un déficit de ahorro de las familias, ha tenido un impacto inflacionista y, pese a que ha creado empleo, éste es de baja productividad.

Según Pallardó, el problema ahora es afrontar una transición «ordenada» hacia un modelo de mayor volumen de inversión productiva y mayor ahorro familiar que, aunque puede suponer un menor crecimiento del empleo que el registrado, permitiría reducir los desequilibrios. «Ya se ve la desaceleración de los precios de la vivienda y el aumento en los tipos de interés, y ahora España y la Comunidad Valenciana se enfrentan, si son capaces, a una transición ordenada en los próximos dos o tres años», explicó.
Según el último informe del OCEI, un organismo dependiente de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, el precio de la vivienda se ha desacelerado durante el año 2005, ya que, aunque su crecimiento anual medio es del 13,9%, éste es inferior en 3,5 puntos al registrado en 2004. El crecimiento del precio de la vivienda en los últimos años se ha visto favorecido por los bajos tipos de interés, la facilidad para obtener créditos hipotecarios, la compra de vivienda por residentes extranjeros, la llegada de inmigrantes y los incentivos fiscales para la compra de vivienda nueva.
El grado de endeudamiento de los hogares registra un crecimiento, y por tanto se reduce la tasa de ahorro, lo que puede afectar de forma negativa a la capacidad de crecimiento de la economía en el medio y largo plazo. Además, según el informe, el previsible aumento de los tipos de interés puede comenzar a crear algunos problemas, sobre todo debido al número de hipotecas constituidas con tipos de interés variable.
El portavoz adjunto de EU-l'Entesa en las Cortes Valencianas, Joan Antoni Oltra, coincidió con las conclusiones del OCEI y afirmó ayer en un comunicado que «el modelo económico del País Valenciano es insostenible y está desequilibrado». En su opinión, «la transformación de la economía valenciana en un monocultivo del binomio construcción-turismo supone un suicidio».
Por otro lado, el Ministerio de Economía afirmó ayer en el número de marzo de su Síntesis de Indicadores Económicos que el nuevo repunte registrado en los primeros meses del año en los indicadores de la construcción es «posiblemente transitorio». Economía explica que la construcción continúa creciendo a «tasas elevadas», según revelan algunos parámetros como el trabajo en el sector y el consumo de cemento.

Los jóvenes de la Comunidad Valenciana interesados en adquirir una vivienda en propiedad podrán beneficiarse de microcréditos de hasta 3.000 euros para sufragar los gastos derivados de notaría o escrituración, según informó ayer el director general de Vivienda, Bernabé Bueno. Ésta es una de las medidas previstas en el Plan de Vivienda 2005-2008 que Bueno presentó a la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la provincia de Alicante.
Según Bueno, los jóvenes de la Comunidad que soliciten un préstamo para la compra de una vivienda en cualquier entidad bancaria podrán obtener, a modo de bonificación, un treinta por ciento del préstamo solicitado a fondo perdido. Esta cantidad, apuntó, sólo podrá utilizarse para sufragar los gastos derivados de notaría, escrituración, registros y altas en las compañías de agua, luz y gas, entre otros. Además, el plan introduce la figura del alquiler concertado con opción a compra que, dirigido a los jóvenes, les permitirá abonar el sesenta por cien de las rentas que paguen por el arrendamiento de su vivienda hasta el momento efectivo de hacer la compra.

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EL PAÍS 12-04-06

Compromís pel Territori pide a Camps una moratoria urbanística y cambios legislativos
Ecologistas en Acción ve insostenible la ocupación de suelo que prevé el consejero Blasco
CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia
Compromís pel Territori, plataforma que aglutina a unos 60 movimientos ciudadanos y ecologistas, pidió ayer al presidente Francisco Camps una reunión lo antes posible para pedirle una moratoria urbanística y un cambio legislativo que preserve el territorio de la especulación inmobiliaria. Por su parte, Ecologistas en Acción criticó el borrador de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) redactado por el consejero Rafael Blasco, donde se prevé un incremento de la ocupación de suelo de entre el 20 y el 30% para la próxima década, unos porcentajes "insostenibles".

Compromís pel Territori solicitó ayer por escrito una entrevista con el presidente Francisco Camps para trasladarle su rechazo a la política territorial de su gobierno, además de solicitarle una moratoria provisional en tanto se modifica la legislación urbanística vigente. La plataforma reclama a Camps un proceso de diálogo con los colectivos ciudadanos, con los que no se contó a la hora de aprobar las recientes normas urbanísticas.

"Queremos un modelo territorial que racionalice los sectores productivos, limite la actividad urbanística, impida la especulación y fomente el uso racional de los recursos naturales y energéticos", dijo a las puertas del Palau de la Generalitat el portavoz de Compromís, Toni Gisbert. La entrega de la carta estaba pendiente desde que hace unas cuantas semanas miles de personas se concentraran en la plaza del Ayuntamiento de Valencia en protesta por la política territorial del Consell.

Según Gisbert, si el presidente Camps no atiende a la solicitud de la plataforma, los colectivos que la integran se manifestarán el próximo 3 de junio en Valencia. Estaban presentes en el acto de ayer representantes de Salvem El Cabanyal-Canyamelar, Xúquer Viu, Acció Cultural, la Comissió Subestació de Patraix Fora, Salvem El Botànic, Per l'Horta, Afectats pel PAI-Albalat dels Tarongers y Acció Ecologista-Agró.

Ecologistas en Acción se pronunció, por otro lado, acerca del borrador de reglamento urbanístico que prepara el departamento de Blasco. Según la organización verde, el borrador es una "apuesta por la consolidación del nefasto modelo de desarrollo desarrollado en la última década".

El colectivo ecologista advierte de que los umbrales de sostenibilidad establecidos en el borrador del Consell, que permitirán una ocupación del suelo de entre el 20 y el 30% en la próxima década, supondría elevar el territorio ocupado por actividades artificiales hasta las 108.360 hectáreas -en la actualidad, son 90.300 hectáreas-, lo que supondría ocupar 18.060 hectáreas más. Según cálculos de los ecologistas, este aumento de ocupación supondrá, con construcciones de baja densidad, unas 541.800 nueva viviendas hasta 2010, elevando el parque de viviendas de los 2,5 millones del año 2000 a los más de tres millones de pisos en 2010.

Esta organización precisa, además, que estos umbrales de ocupación o sostenibilidad "no suponen unos límites absolutos, ya que "si se aporta dinero al futuro Fondo de Equidad Territorial [6 euros por metro cuadrado], se pueden superar sin problemas".

Los expertos creen insostenible el modelo basado en la construcción
Pallardó antepone la productividad al tirón temporal del empleo
EFE / EL PAÍS - Valencia

El actual modelo de crecimiento económico basado en la construcción es insostenible y debe buscarse una transición hacia otro que conlleve más inversión productiva, de acuerdo con el diagnóstico del director del Observatorio de Coyuntura Económica Internacional (OCEI), Vicente Pallardó. La construcción genera tanto empleo a corto plazo como desequilibrios a largo, subrayó Pallardó.

El experto económico valenciano explicó que el modelo de sistema productivo español -singularmente acentuado en territorio valenciano- basado en la construcción ha propiciado la creación de empleo, pero ha generado "muchos" desequilibrios y es "insostenible". El alto crecimiento del sector de la construcción en los últimos años ha provocado un déficit de ahorro de las familias, ha tenido un impacto inflacionista y, pese a que ha creado empleo, éste es de baja productividad.

Vicente Pallardó explicó que el problema en la actualidad es afrontar una transición "ordenada" hacia un modelo de mayor volumen de inversión productiva y mayor ahorro familiar que, aunque puede suponer un menor crecimiento del empleo que el registrado, permitiría reducir los desequilibrios. "Ya se ve la desaceleración de los precios de la vivienda y el aumento en los tipos de interés, y ahora España y la Comunidad Valenciana se enfrentan, si son capaces, a una transición ordenada en los próximos dos o tres años", defendió el responsable del OCEI.

El último informe del OCEI indica que el precio de la vivienda se ha desacelerado durante el año 2005 ya que, aunque su crecimiento anual medio es del 13,9%, éste es inferior en 3,5 puntos al registrado en 2004. El crecimiento del precio de la vivienda en los últimos años se ha visto favorecido por los bajos tipos de interés, la facilidad para obtener créditos hipotecarios, la compra de vivienda por residentes extranjeros, la llegada de inmigrantes y los incentivos fiscales para la compra de vivienda nueva.

Poco ahorro

El grado de endeudamiento de los hogares registra un crecimiento, y por tanto se reduce la tasa de ahorro, lo que puede afectar de forma negativa a la capacidad de crecimiento de la economía en el medio y largo plazo.

El informe alerta que el previsible aumento de los tipos de interés puede comenzar a crear algunos problemas, sobre todo debido al número de hipotecas constituidas con tipos de interés variable.

Pallardó también considera que la negociación salarial se ajuste a la de cada empresa, en función de su nivel de competitividad y productividad. Una "descentralización" de la negociación salarial es una de las medidas para rebajar el diferencial de inflación de España con la eurozona, 1,9 puntos superior.

Otras propuestas son incrementar la liberalización en los sectores con menor competitividad, medidas de fomento de la productividad (I+D+i) y políticas fiscales anticíclicas que permitan retirar la presión de la demanda cuando la economía funciona bien e intervenir en caso contrario.

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LEVANTE 11-04-06



FUNDACIÓN PÚBLICA

El PP veta preguntas sobre Agua y Progreso alegando que no tiene trascendencia pública



La Mesa de las Cortes impide que el PSPV tenga datos sobre la campaña de publicidad del millón de euros y el convenio por el que la Generalitat presta sus abogados a la entidad




Julia Ruiz, Valencia

La Mesa de las Cortes, en la que el PP tiene mayoría, ha vetado una decena de preguntas del PSPV sobre la Fundación Agua y Progreso alegando que la entidad, que se financia al cien por cien con fondos públicos, es «una persona jurídica que no tiene una trascendencia pública dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma». La afirmación es cuanto menos insólita teniendo en cuenta la importancia que el Consell está concediendo a una entidad que le sirve de instrumento para su estrategia en política hídrica.

Sin ir más lejos, Agua y Progreso recibió hace dos meses una subvención oficial de la Generalitat de cerca de 1 millón de euros para financiar sus actividades. Semanas después, Presidencia de la Generalitat hizo pública la adjudicación de una campaña de publicidad por valor de 1 millón de euros para defender por toda España el derogado trasvase del Ebro. En la Fundación recayó la contratación de la campaña que se hizo sin concurso público. Recientemente el DOGV hizo público un convenio entre Presidencia y Agua y Progreso en virtud del cual la Generalitat pone sus abogados a disposición de la entidad.
Ante estos hechos, la diputada socialista Josefa Andrés elaboró una batería de preguntas dirigidas al Consell. De un lado, la parlamentaria se interesaba por varias cuestiones relacionadas con la campaña Claro como el Agua al presumir que pudo vulnerarse la legalidad. En concreto, quiso conocer si la campaña se había publicado en el DOGV o en los medios de comunicación y, en definitiva, si el concurso cumplía con la ley de contratos.
Sobre el convenio con los servicios jurídico, Andrés trató de preguntar al Ejecutivo por los motivos que justificaban la citada colaboración y mediante qué figura o procedimiento legal se había establecido la colaboración. También pedía datos sobre la fecha del inicio del convenio y sobre las causas judiciales, informes o actos de asesoramiento en los que han trabajado ya los letrados.
El rodillo del PP en las Cortes ha impedido incluso que las preguntas llegaran a su destino. La Mesa de las Cortes ha informado a la socialista que su petición de inforamación no se han admitido a trámite «en aplicación del artículo 147,2 del Reglamento de las Cortes», un apartado al que los populares se agarran para evitarle al Consell preguntas comprometidas. Considerar que la Fundación Agua y Progreso es una persona jurídica sin trascendencia pública no deja de resultar chocante.
Hace unos días, el Decano de los Abogados, Fernando Alandete, denunció el trato preferencial del Consell a Agua y Progreso y lamentó que la Generalitat hiciera «populismo innecesario» en materia hídrica «con el dinero de todos los valencianos». Entonces, el Consell replicó a Alandete que la Fundación formaba parte del sector público y como tal tenía derecho a los servicios jurídicos de la Generalitat.

Auditada por la Sindicatura

La diputada Josefa Andrés denunció ayer la interpretación «torticera» del PP del reglamento de las Cortes sobre el citado artículo 147.2 y anunció que su grupo presentará un recurso contra el veto de la Mesa. Para la diputada es «de juzgado de guardia» que los populares confundan a la Fundación con una «persona jurídica sin trascendencia pública» y recordó que la entidad se financia con fondos públicos y está auditada por la Sindicatura de Comptes.



El Consell sí respondió otras preguntas



La negativa del PP a admitir las preguntas de la oposición sobre la Fundación Agua y Progreso responde, en opinión de Josefa Andrés, a un evidente cambio de estrategia. «El Consell quiere blindar a la entidad y protegerla de las polémicas ante la cercanía de las elecciones», indicó la diputada, que tiene un argumento de peso: El Consell ha respondido en el pasado sobre cuestiones de la Fundación mucho más comprometidas que las últimas que elaboró la diputada. De hecho, Presidencia informó en su día a Andrés de lo que costaba a la Fundación el alquiler de su sede y lo que había pagado de honorarios a uno de los conferenciantes que trajo a Valencia para defender el trasvase del Ebro. De ahí que no parezca muy lógico que ahora le niege información. En los últimos tiempos la Fundación ha estado en el punto de mira de la oposición que ha denunciado, entre otras cosas, la contratación del vicepresidente provincial del PP, Juan José Medina, y la ex presidenta de la Federación de Vecinos, Carmen Vila.



ANUNCIO

El PP califica de «irrenunciable» el trasvase del Ebro y lo destacará en su programa electoral




Europa Press, Valencia

El vicesecretario regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, afirmó ayer que el trasvase del Ebro es un proyecto «irrenunciable» para la Comunidad Valenciana que «nos corresponde por derecho y por justicia», por lo que «será un punto cardinal del programa electoral del PPCV de cara a las elecciones de 2007».

Costa se refirió de esta manera a la necesidad de «seguir apostando por la llegada de agua del Ebro a la Comunidad Valenciana como punto imprescindible para el futuro de nuestro territorio», ya que, según dijo, «es el camino para asegurar el turismo, el desarrollo, el crecimiento, y, en definitiva, un futuro sostenible y de calidad». En esta línea, el vicesecretario regional del PPCV, recordó que la reivindicación de la llegada de agua procedente del trasvase del Ebro fue uno de los «grandes pilares» de la campaña «Imagina Más Comunidad», en la que el PP se comprometió a apoyar de manera «constante las infraestructuras hídricas vitales para el crecimiento y desarrollo de la Comunidad empezando por la exigencia de la vuelta al PHN...». Respecto al Plan AGUA dijo que «pasa de perfil» en la Comunidad ya que, «nuestro territorio, está a la cola en inversiones, y prueba de ello es que en nuestra autonomía sólo hay ejecutado un 18,85 % del programa, mientras que autonomías como Andalucía ya tiene ejecutado un 32,5 %».



MEDIO AMBIENTE

La mejora del río Amadorio cuesta 6,5 millones de euros



La Confederación Hidrográfica del Júcar restaura los tramos
próximos a la presa y los que transcurren por la Vila Joiosa




Levante de Alacant, la Vila Joiosa

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha licitado el proyecto de restauración medioambiental del cauce del río Amadorio, que, con un presupuesto de 6'5 millones de euros, contempla mejoras en su tramo próximo a la presa y en la parte del trazado que pasa por la Vila Joiosa

La actuación se integra en el proyecto global de «Protección y regeneración de espacios naturales», que cuenta con financiación europea y se enmarca dentro de los compromisos adquiridos en el convenio de colaboración con la Conselleria de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana.
El proyecto consiste en adecuar el tramo urbano del encauzamiento del río Amadorio y «hacerlo compatible con los caudales de desagüe del embalse, de forma que permita la correcta salida al mar de los caudales producidos en los órganos de desagüe de la presa», según afirmaron fuentes de la Administración central.
Asimismo, persigue resolver el carácter marginal y degradado del tramo urbano del cauce y crear espacios públicos útiles para el uso y disfrute de la población.

30 hectáreas de terreno forestal

La actuación en los tramos próximos a la presa de Amadorio contempla la mejora de cerca de 30 hectáreas de terreno forestal en sus inmediaciones, ya que «se trata de suelos con una fuerte erosión actual y potencial debida a las pendientes y a la falta de cobertura vegetal».
Además, se acondicionará un área recreativa con zona de aparcamiento, comedores y mesas, al tiempo que se crearán itinerarios y miradores, así como el acondicionamiento del camino que bordea el embalse.
En cuanto al tramo urbano del río Amadorio, la iniciativa pretende la regeneración del mismo.



INFORME

Las constructoras doblan su presencia entre las cien mayores firmas valencianas



Las empresas triplican en un año el ritmo de creación de empleo y ganan un 21% más




Jordi Cuenca, Valencia

La economía valenciana tiene en estos momentos una dependencia considerable del sector inmobiliario -a la par que las actividades tradicionales de su industria pierden peso- como pone de manifiesto el informe Comunidad Valenciana, S. A. 2004-2003 elaborado por la consultora KPMG para la CAM a partir de los balances y cuentas de resultados de las cien mayores empresas autonómicas (excluida Mercadona porque distorsiona los datos finales a causa de su gran tamaño). El socio director de KPMG, Juan Latorre, recordó ayer, en la presentación del estudio, que hace seis años las empresas constructoras e inmobiliarias presentes en el escalafón eran entre seis y siete y que esta cifra se ha más que doblado en la última edición, dado que asciende a quince, de las cuales nueve están ubicadas en Alicante.

Además, este sector figura en posiciones de cabeza en la mayoría de magnitudes analizadas en el estudio. Así, de las diez actividades escrutadas, es la que obtuvo mayores ganancias si exceptuamos el epígrafe «Varios», que engloba a empresas tan heterogéneas como Aguas de Valencia, Aumar o Corporación Dermoestética. Las ganancias de la construcción ascendieron en 2004 a 234,7 millones de euros, con un aumento del 33,14%. Este dato está por encima del crecimiento del 21,26% en el resultado neto -hasta 872,7 millones- registrado por el conjunto de las cien empresas y contrasta con las reducciones del 21% y el 60% que tuvieron, respectivamente, los sectores metalmecánico y textil-confección-curtido-calzado. Sólo cuatro empresas tuvieron pérdidas y pertenecen a estas dos actividades tradicionales. En cuanto a la cifra de negocio, que aumentó en total en un 5,11% y llegó a los 17.213 millones, la construcción ocupó, con 1.679 millones, la cuarta posición, superada por el sector químico (5.038), donde está incluida la petrolera BP, el de varios (2.214) y el de comercio minorista (1.718). El textil registró un descenso del 6,76% y cayó a 348 millones. En rentabilidad financiera, entendida como la relación porcentual entre resultados y fondos propios, la construcción se situó en primer lugar, con un destacado 30,30%.

Creación de empleo

Por último, el sector del ladrillo fue también el que tuvo una mayor contribución a la creación de empleo. En 2004, las cien mayores empresas de la Comunidad (50 de Valencia por 25 de Castelló y otras 25 de Alicante) generaron 2.403 puestos de trabajo, una cifra que supone triplicar la registrada en el ejercicio precedente, dado que se crearon 1.703 más que en 2003. La construcción aportó a ese incremento 1.286 empleos. El comercio mayorista, que restó 501, el textil-confección-curtido-calzado, con 27, y el metalmecánico, con 9, fueron las actividades que redujeron puestos de trabajo.
En cuanto a endeudamiento, la construcción -cuyo período de pago está en 359 días- ocupa el primer puesto y en la penúltima posición aparece el textil, un fenómeno, este último, que Latorre explicó en el contexto de su reestructuración actual: «Si tuvieran más deuda irían a la suspensión de pagos», concluyó.

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EL PAÍS 11-04-06

La construcción concentra el 40% del alza de beneficios de las cien mayores empresas
El sector inmobiliario fue el más rentable y generó más de la mitad del empleo en 2004
MIGUEL OLIVARES - Valencia

El sector de la construcción e inmobiliario concentró el 40% del alza de beneficios de las cien mayores empresas valencianas en 2004, según datos recabados por la firma auditora KPMG en la última edición del informe Comunidad Valenciana, SA. Los beneficios conjuntos de las 15 empresas del sector de la construcción que se abren hueco entre las cien mayores empresas valencianas crecieron en 2004 un 33,1% respecto al año anterior, arrojaron el mayor margen sobre el total de la cifra de negocio (14%) y generaron más de las mitad del empleo creado por las cien grandes.

La pujanza del sector inmobiliario y, en paralelo, los resultados de las grandes empresas vinculadas al sector de materiales de construcción es patente de acuerdo con los resultados del sexto informe Comunidad Valenciana, SA que ayer presentaron en Valencia dos responsables de la auditora KPMG en un acto patrocinado por la CAM.

El estudio no tiene carácter científico. Se elabora a partir de las cuentas depositadas en el registro mercantil y considera las 50 mayores empresas de la provincia de Valencia por volumen de negocio, 25 de Alicante y otras 25 de Castellón. Los auditores no consideran las cuentas de Mercadona, la mayor empresa valenciana con diferencia, ni de las entidades financieras para evitar distorsiones.

Las cien mayores empresas de la Comunidad Valenciana, entre ellas varias multinacionales como Bayer Cropscience, UBE Chemical o BP Oil Refinería de Castellón, acumularon un beneficio conjunto en 2004 que ascendía a 153 millones de euros.

La rentabilidad conjunta, estimada como porcentaje del beneficio sobre el volumen de negocio, fue del 5%.

Las 15 empresas del sector de la construcción o inmobiliario lograron un alza de beneficios de 58,4 millones de euros respecto a la última edición del informe. Y su rentabilidad media fue superior al 27,5%.

El margen de explotación de las cien mayores empresas se elevó en conjunto a 1.318 millones de euros, casi un 12% más que el año anterior. Las empresas constructoras e inmobiliarias acumularon un margen de explotación conjunto de 351 millones de euros, cifra que arroja un crecimiento superior al 20% respecto a 2003.

Los responsables del informe destacaron que las cien mayores empresas valencianas crearon 2.403 empleos a lo largo de 2004. El sector de la construcción e inmobiliario generó 1.286 de esos empleos, más de la mitad.

Las características propias del mercado inmobiliario provocan alguna distorsión respecto a los plazos de rotación de las mercancías en relación con los productos de otros sectores. Lo mismo que en los plazos de pago y de cobro. Pero el estudio deja claro que las empresas constructoras e inmobiliarias pagan a sus proveedores con un retraso medio de 359 días, mientras que cobran de sus clientes en un plazo medio de 134 días. Como resultado, su rentabilidad financiera se eleva al 30%, un porcentaje que duplica con creces la rentabilidad financiera de las cien mayores empresas en su conjunto.

Los datos relativos al sector químico entre las cien mayores empresas valencianas se disparan al alza en el informe relativo a 2004 porque BP Oil modificó su domicilio social en ese ejercicio.

Los datos sobre la evolución del comercio minorista también resultan notablemente afectados por la desvinculación de Consum y Eroski.

Sólo cuatro de las cien mayores empresas valencianas registraron pérdidas en 2004, según el informe de KPMG. Dos de ellas están vinculadas al sector textil, otras dos al sector metalmecánico. En conjunto, las pérdidas de las cuatro sociedades ascendieron a 13 millones de euros.

Alicante ostenta la mayoría

La primera edición del informe Comunidad Valenciana, SA , presentado hace seis años y relativo al ejercicio 1999 consideraba "seis o siete empresas" constructoras o inmobiliarias, recordó Juan Latorre, director del estudio.

El informe presentado ayer eleva a 15 las empresas del sector de construcción e inmobiliario que han ocupado un lugar entre las cien mayores empresas valencianas por volumen de negocio.

Luis Batalla, SA (Lubasa) y Construcciones Castellón 2000, la promotora de Marina d'Or, representan al sector en Castellón.

Pavasal, especializada en pavimentación de carreteras; Sedesa, en movimientos de tierras; Edificios Valencia (Edival) e Inmobiliaria Guadalmedina, de los hermanos Ballester, representan a los constructores e inmobiliarios de Valencia.

Las restantes nueve sociedades del sector son todas de Alicante. Torreviñas, Hansa Urbana, Torrevisa, Hormigones Martínez, Enrique Ortiz e Hijos, Ecisa, Urbanizadora Villa Martín y Procumasa.

Juan Latorre, director del informe y responsable territorial de KPMG, explicó que muchos otros promotores inmobiliarios podrían figurar en la lista de las cien mayores empresas valencianas, pero no acumulan grandes volúmenes de negocio porque "funcionan con una estructura de peine", de modo que cada promoción singular la acometen a través de empresas separadas.

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LEVANTE 10-04-06



REGLAMENTO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO

El Consell fija en un 30% el límite de ocupación del suelo hasta 2010 pese a que ahora es del 3,9%



Los 637 artículos del nuevo Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística que se encuentra en fase de consultas depararán muchas sorpresas en los próximos meses. El documento, que desarrolla las tres últimas grandes leyes urbanísticas aprobadas en los dos últimos años, fija un «límite al suelo ocupado por usos artificiales para el ámbito de de Comunidad Valenciana, en el período 2000-2010, del 30%». Según Territorio, actualmente sólo el 3,9% está urbanizado.




Laura Ballester, Valencia

Al conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, la oposición siempre le afea que no impone límites a la construcción. El proyecto de reglamento de de ordenación y gestión territorial y urbanística remedia esta crítica. Por primera vez se marca una frontera que no habrá de sobrepasarse en los próximos años, aunque el listón es tan elevado que más que un freno parece una invitación al desenfreno, en este caso urbanístico.

El reglamento determina en su anexo 1 «Los umbrales de sostenibilidad para el consumo de suelo». Y marca como «valor límite» de ocupación del territorio un porcentaje. «Se fija un límite al suelo ocupado por usos artificiales para el ámbito de la Comunidad Valenciana para el periodo 2000-2010 del 30%». Si en la actualidad sólo está urbanizado el 3,9% del territorio valenciano, según se encarga de recordar el conseller cada vez que se le pregunta, el límite del 30% supone todo un aviso a navegantes. La construcción puede multiplicarse por ocho en los próximos años.
Para hacerse una idea de las magnitudes que se habla basta recordar que la Comunidad Valenciana tiene una superficie total de 2.325.3300 hectáreas de las que sólo están urbanizadas 90.905 (el famoso 3,9%), según los últimos datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente facilitados por la Conselleria de Territorio. Marcar en un 30% el límite de ocupación del suelo supone que se podría construir hasta rozar la friolera de 697.599 hectáreas (lo que representa 949.114 campos como el terreno de juego del actual Mestalla, para hacerse una idea).

El límite nunca podrá sobrepasarse

El único alivio que queda ante cifras tan elevadas es que estos valores límites «nunca podrán sobrepasarse», según se reconoce en el Capítulo II del reglamento, pendiente aún de modificaciones por el Consell Jurídic Consultiu, las conselleries o colectivos implicados en el urbanismo y la ordenación del territorio.
Aunque a parte de fronteras infranqueables, también se fijan «umbrales de sostenibilidad» que son «los valores máximos o mínimos que se establecen para cada uno de los indicadores cuya superación comporta la obligación de contribuir a un desarrollo equilibrado mediante el pago de cuotas de sostenibilidad», según la eufemística redacción del artículo 61 del reglamento. Se trata de una especie de ecotasa que la Conselleria de Territorio anunció en la ley de ordenación del territorio y protección del paisaje (Lotpp) pero que aún no ha materializado formalmente.
El departamento que dirige Rafael Blasco ha de fijar primero unos indicadores de consumo de recursos como agua, suelo, energía, además de la emisión de contaminantes al suelo, al agua y la atmósfera. Estas cifras tendrán unos umbrales (un máximo y un mínimo) que se fijarán en un decreto del Consell de la Generalitat. El umbral de ocupación del suelo para toda la Comunidad Valenciana es del 20%. A partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Generalitat todo el mundo que sobrepase un umbral de consumo de suelo, por ejemplo, deberá rascará el bolsillo, porque el precepto «quien contamina paga» también se entenderá como «quien consume paga». De ahí que el Capítulo III del reglamento trate «las cuotas de sostenibilidad» «las aportaciones derivadas de cualquier tipo de acción o actividad que consuma recursos (agua, suelo, energía) o emita contaminantes al suelo, subsuelo, agua y atmósfera, que se destinan a acciones para la sostenibilidad y la calidad de vida».



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INFORMACIÓN DE ALICANTE 10-04-06



LA POLÉMICA HÍDRICA

Medio Ambiente admite que el agua de Cullera nunca servirá para beber



Un informe interno sobre la modificación del Júcar-Vinalopó reitera que la solución para el consumo urbano está en la desalación



F. J. BENITO




Un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar fechado el 3 de abril y que se envió la semana pasada a a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, como base para la defensa en el Senado de la modificación del proyecto para construir el trasvase Júcar-Vinalopó admite, por primera vez de forma oficial, que el agua impulsada desde Cullera a las comarcas del Vinalopó no podrá utilizarse para el consumo urbano. El autor del trabajo llega a apuntar que «a ningún gestor medianamente sensato se le ocurriría basar un abastecimiento humano en los sobrantes de un sistema ya de por sí muy solicitado».

El trabajo incide en la posibilidad que existe de enviar agua desde el embalse de Alarcón -si existieran sobrantes y tras su potabilización- para el suministro urbano de los sistemas l´Alacantí-Vinalopó y Marina Baixa a través del Tajo-Segura y deja meridianamente claro que el Ministerio de Medio Ambiente ha optado por una solución completamente diferente a la anterior para acabar con la falta de agua en Alicante: un trasvase del Júcar exclusivo para el regadío y la desalación del agua del mar para garantizar el consumo urbano y el futuro de los sectores de la construcción y el turismo. El primitivo Júcar-Vinalopó es por lo tanto historia a no ser que la Junta Central consiga que un juez pare las obras y obligue a volver a la situación de 2004.

El informe de la Confederación cifra el coste del trazado Cullera-Villena en 303 millones de euros, fija el precio del agua de riego en 0,19 euros -cantidad a la que se añadirá el IPC correspondiente cada año-, asegura las obras pueden empezar principios de 2007 y que el agua del Júcar llegará al Vinalopó a partir de 2009. Previsiones optimistas que, no obstante, chocan con las opiniones de varios expertos en la materia como el catedrático Antonio Gil Olcina que, además de recordar que fue el propio PSOE quien descartó a finales de los años ochenta el trasvase que hoy propone y que, incluso, ha llegado a advertir de que a Cullera no llegará ni caudal para regar. Si al final se modernizan los regadíos en Valencia, los retornos de agua de regadío al cauce del Júcar habrán pasado a la historia, según Gil Olcina. Voz crítica continúa siendo la de Andrés Martínez, presidente de la Junta Central, quien reitera que «un precio de 0,19 euros por metro cúbico no es asumible para los regantes». Opinión también contraria es la del catedrático de Geografía Regional, Antonio Rico, quien a todos los inconvenientes técnicos del nuevo trazado añade un dato que puede resultar clave. «En 2013 los cultivos de Castilla-La Mancha dejarán de ser rentables al acabarse las subvenciones del a Política Agraria Común. Como alguien no lo remedie nos encontraremos a Aguas del Júcar bajando el agua de La Mancha a Cullera para bombearla después al Vinalopó».

Los datos de Medio Ambiente discrepan abiertamente con los que maneja la Conselleria de Infraestructuras, que colaboró directamente en la redacción del trazado desde Cortes de Pallás. Según un informe del departamento que dirige el conseller José Ramón García Antón, sobre las consecuencias que provocará la modificación del proyecto, el coste del agua captada en el Azud de la Marquesa prácticamente duplicará al del trazado anulado. El estudio sostiene que el precio medio del agua será de 0,42 euros el metro cúbico, debido a que el pago de las obras y del caudal posterior tendrá que ser asumido exclusivamente por los agricultores, ya que el agua del Azud de la Marquesa no sirve para el abastecimiento, algo confirmado por el propio Ministerio de Medio Ambiente. El Júcar-Vinalopó desde Cortes de Pallás fijó dos precios medios: 0,24 euros el metro cúbico para los abastecimientos y 0,12 euros para los regadíos. En cuanto al coste energético, el coste de elevar el agua de Cullera a Villena será también mayor y nadie, según Infraestructuras, puede garantizar que mejore la calidad del caudal de la Marquesa por su contenido de pesticidas y sales.

Las alegaciones



Por otro lado, según las alegaciones presentadas por la Junta Central no existirían razones de orden hidrológico, económico, medioambiental o jurídico-administrativo que aconsejen el cambio de toma desde Cortes de Pallás, al Azud de La Marquesa. «La decisión de cambio de toma obedece, en consecuencia, a criterios exclusivamente políticos que tendrían unas consecuencias importantes, como el sobrecoste de la actuación y de las tarifas del agua resultante, o la pérdida de calidad del agua, que la hacen inasumible para los usuarios. Se trata de una alternativa política, injustificada técnicamente, y económicamente insostenible».

Los argumentos rechazan el argumento de la supuesta conflictividad social que provocó en la cuenca cedente la opción de Cortes. «Debe recordarse que el proyecto vigente fue aceptado de forma unánime, incluido en la planificación hidrológica, declarado de interés general, y siguió un procedimiento administrativo en España y Europa absolutamente impecable». Según los usuarios «una vez en ejecución, sin más oposición que la de algunos grupos muy minoritarios y la de un partido, ERC, también minoritario, fue el Ministerio, contradiciendo sus propios actos, y en un revisionismo absolutamente irregular, el que generó un movimiento de agitación en contra, quebrando el ambiente de confianza y paz social en torno al agua que tan difícilmente se consiguió construir en la cuenca del Júcar».

La Junta insiste, por otro lado, en que las diferencias de caudal entre una y otra alternativa son muy reducidas y pueden invertirse a favor de una u otra toma dependiendo de los criterios y medidas de gestión que se adopten en el futuro. «Se ha comprobado que la alternativa propuesta de toma en La Marquesa con una conducción de una capacidad de 2´6 m 3 /s, apenas proporcionaría unos 10 hm 3 /año para el trasvase. Para aumentar los volúmenes se exige forzosamente programar desembalses de aguas reguladas, con afecciones y pérdidas de garantías muy importantes para el resto de usuarios».

Martínez espera que Medio Ambiente sea sensible a las alegaciones y como mal menor ha pedido elevar la toma del agua hasta el Azud de Antella. Una opción que no contempla el Ministerio.

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LAS PROVINCIAS 10-04-06



ESCASEZ DE AGUA



La Confederación Hidrográfica del Júcar ya ha puesto en marcha 30 pozos de sequía



Las lluvias de primavera, que han mejorado las reservas de agua en casi toda España, no llegan a la Comunitat Valenciana, con lo que se extienden las amenazas de escasez



Las lluvias están regando en las últimas semanas casi toda España, pero no llegan a la Comunitat Valenciana, que depende más de situaciones de temporal de Levante que no se producen como cabía esperar en esta última oportunidad primaveral. La Confederación Hidrográfica del Júcar ya ha puesto en marcha 30 pozos de sequía.



VICENTE LLADRÓ/LAURA GARCÉS/VALENCIA



Las reservas de agua de los embalses están en niveles preocupantes, salvo el sistema del Turia, que resiste de forma casi milagrosa, y la sequía extiende su larga sombra amenazante conforme se acerca un verano que se presenta duro y plagado de restricciones, al menos para el riego agrícola.

La grave escasez de agua ya está imponiendo al campo de la Comunitat Valenciana algunas de sus nefastas consecuencias. En el sur de Alicante se extienden los problemas de falta de riego y apenas se están produciendo cultivos de hortalizas, porque falta lo esencial, el agua, y nadie tiene seguridad en que los cultivos puedan llegar a buen fin.

Los trasvases del Tajo sólo llegan para abastecimientos urbanos y no cabe confiar en que mejoren las perspectivas. Quedan los recursos, pobres, de los pozos, la mayoría de ellos afectados por graves problemas de salinización o de fuertes descensos de sus niveles freáticos.

En los cultivos de cítricos y frutales alicantinos tampoco es halagüeño el panorama. Se desiste ya de tener producciones regulares en la mayoría de los casos y sólo se procura realizar labores de mantenimiento, para que no se mueran los árboles, pero también empiezan a verse muchas situaciones de abandono de fincas, porque la situación se repite año tras año y se van desvaneciendo las esperanzas de solución. ¿Para qué gastar en mantener semivivos unos árboles si se teme que nunca vuelva a haber agua para tenerlos en producción?

Pozos de socorro
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ya ha puesto en marcha 30 pozos de sequía para satisfacer parte de la demanda hídrica de los regadíos en su zona de afección, que en la Comunitat Valenciana abarca toda la provincia de Valencia, dos tercios de la de Alicante (la Vega Baja es del Segura) y casi toda la de Castellón, salvo la esquina norte, que pertenece al Ebro.

Si bien estas instalaciones ya han sido utilizadas en anteriores situaciones de necesidad por sequía, la CHJ ha explicado que se están poniendo en condiciones de funcionamiento en previsión de que tuvieran que ser utilizados de nuevo hasta 82 pozos de sequía que existen en toda su área de influencia.

Hay que recordar que el pasado mes de febrero la Confederación Hidrográfica del Júcar ya anunció a través de LAS PROVINCIAS que estaba poniendo a punto 50 de estas instalaciones de captación de agua subterránea, con la misma finalidad a la que ahora vuelve a referirse.

Entre las necesidades de agua para el regadío que se plantean más próximas se encuentra la que comporta la campaña arrocera, ya que entre finales de este mes de abril y los primeros días de mayo se tendrán que anegar los campos para proceder a la siembra.

Un 40% menos para el arrozal
Ante la inmediatez de ello, desde la Comunitat de Regantes de Sueca, su pesidente, José Pascual Fortea, ha destacado que este año los usuarios de la CHJ ‘‘tenemos una dotación de agua que es un 40% menor que la del año pasado’’.

En previsión de las dificultades que pueden derivarse, Pascual Fortea ha destacado que ‘‘nos estamos preparando para realizar rebombeos de agua’’. Es decir, utilizar al máximo las instalaciones de bombas de las áreas arroceras para hacer recircular el agua, evitando que se pierda en el mar.

De esta forma se consigue aprovechar al máximo una dotación muy inferior a la habitual, aunque no es una práctica que pueda repetirse muy seguido, porque el agua se envicia, pierde calidad, y siempre se corre el riesgo de aumentar los problemas de salinización del suelo y de no diluir posibles elementos contaminantes.

En definitiva, se puede hacer un año, pero no ir más allá. No lo aguantarían ni las condiciones de salubridad para el cultivo ni la economía de una producción que, como la arrocera, está en el límite de la rentabilidad y no puede afrontar mayores gastos.

No obstante, el presidente de los regantes de Sueca señaló que está ‘‘todo dispuesto para poder mantener viva la Albufera’’ y recordó que ya ‘‘tenemos la experiencia que adquirimos en 1995’’. Fortea recuerda que las reservas hídricas con las que se afronta esta temporada ‘‘suponen el doble de las que había en aquella ocasión’’, sólo que ‘‘ahora hay más demanda de agua en general’’, porque desde la anterior etapa de dura sequía ha crecido mucho la población y las necesidades de todo tipo.

Peligros medioambientales
Los regantes de los arrozales que se enmarcan en el Parque Natural de la Albufera afrontarán la temporada con casi la mitad del agua habitual, lo que les mantiene en una gran incertidumbre.

Pero las dudas se extienden también al mantenimiento de los humedales protegidos, espacios naturales que, lógicamente, son muy sensibles a la escasez de agua. Tanto es así que desde el Parque Natural El Hondo de Elche, su directora, Paloma Gómez, ha señalado que en estos momentos la situación es buena, pero se observa con preocupación la llegada del verano, dado que se teme que no llegue el caudal ecológico del Segura, una circunstancia que ya se está sufriendo ahora.



Valencia



En la zona regable del canal Júcar-Turia no se pueden cultivar hortalizas este año


VICENTE LLADRÓ/ VALENCIA

En la zona regable alrededor del canal Júcar-Turia, en el centro de la provincia de Valencia, no se pueden cultivar hortalizas este año porque la reducción del caudal de dicha canalización ha sido drástica y las pocas existencias se reservan para las plantaciones de cítricos y de frutales de verano.

En Torrent, Picassent, Carlet o Alginet, por citar algunos de los municipios del recorrido del Júcar-Turia, desde la presa de Tous hasta Manises, se han dado instrucciones de que no se planten verduras ni, mucho menos, melones o sandías, que son cultivos típicos del verano en esta zona, salvo que se disponga de pozos con recursos suficientes.

Pero lo habitual es justo lo contrario. La puesta en marcha del canal vino a socorrer a miles de hectáreas que sólo contaban con la precariedad del agua de pozos que suelen bajar mucho de nivel, e incluso secarse, cuando se registran periodos de algunos años sin las aportaciones de lluvias regulares. Si ahora no disponen del canal que les salvó, con los pozos pobres no van a tener suficiente. Además, gracias al canal, en muchas agrupaciones de regantes se pusieron en regadío hace años parcelas que antes estaban condenadas a ser de secano (algarrobos, almendros, viñas...) y a desaprovechar su suelo y su buen clima. Ahora, con el agua del canal superracionada, se encuentran en un ahogo, porque no tienen ni la ayuda de pozos. En otros casos, la construcción del By Pass cortó las tuberías de conexión con los pozos situados al otro lado y ahora no se pueden reponer.

Los 80-90 hectómetros cúbicos anuales del Júcar-Turia se han reducido a menos de la cuarta parte y los agricultores temen que no haya ni para empezar. Ya se dan situaciones en las que los modernos riegos comunitarios a goteo quedan durante largas horas sin servicio, porque no hay agua para alimentarlos.



Agravio



La Mancha no reduce los caudales
Los agricultores valencianos que están sufriendo los primeros efectos serios de las restricciones de agua empiezan a mirar con recelo a las zonas colindantes de Cuenca y Albacete, donde se han ampliado en los últimos años las superficies de regadío, a costa de utilizar mayores dotaciones de agua del Júcar.

Desde hace casi 30 años vienen denunciando los regantes valencianos del Júcar que las ampliaciones manchegas detraían caudales antes destinados para tierras valencianas, y que eso acabaría traduciéndose en graves consecuencias, como está ocurriendo. Primero eran los pozos ilegales manchegos, que extraían el agua del subsuelo que antes drenaba al río, hasta el punto de que este pasó a alimentar al acuífero, y luego es la dotación otorgada del propio río, hasta aparecer ahora seco en tramos de su curso medio.

Actualmente, los agricultores valencianos que tienen recortadas sus dotaciones ven aún con mayor preocupación y con sentimientos de agravio que en la región vecina no se reducen igual los caudales utilizados. En teoría así sería, a base de bajar un 5% anual, durante tres años, pero en la práctica se ve que no es así, ni siquiera se cumple tan mínimo recorte. Y los regantes valencianos indican que en La Mancha no ponen contadores para controlar caudales, ni hay voluntad política de hacerlo.

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EL PAÍS 10-04-06

REPORTAJE: CRÓNICA EN VERDE

Ladrones de agua
Adena denuncia la existencia de unos 10.000 pozos ilegales en la cuenca del Guadalquivir
JOSÉ MARÍA MONTERO

Sevilla El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF-Adena) ha hecho público un completo informe sobre el uso ilegal del agua en España, en el que se asegura que al menos el 45 % de los caudales bombeados desde los acuíferos se extraen al margen de la legalidad. En el caso de la comunidad de Andalucía, el documento advierte de que sólo en la cuenca del Guadalquivir hay un mínimo de 10.000 pozos ilegales, algunos de ellos en zonas de gran valor ecológico donde el agua es un elemento vital, como ocurre en el entorno del Parque Nacional de Doñana.

De acuerdo con los cálculos más conservadores, realizados a partir de los datos que maneja el propio Ministerio de Medio Ambiente, cada año se explotan en España, de forma ilegal, unos 3.600 hectómetros cúbicos de agua procedente de acuíferos, cantidad suficiente para cubrir las necesidades de una población de 58 millones de personas durante todo un año. Este volumen de agua contrasta con los caudales que se extraen de forma legal, estimados en unos 4.500 hectómetros cúbicos/año, lo que significa que los acuíferos están sufriendo una presión insostenible que, en muchos casos, ni siquiera aparece reflejada en las estadísticas.

El número de pozos ilegales que se reparten por todo el país supera el medio millón, y eso considerando únicamente aquellos de los que se extraen más de 7.000 metros cúbicos de agua al año. Si a este balance se suman las pequeñas perforaciones, igualmente ilegales, que se realizan en explotaciones agrícolas de reducido tamaño, viviendas unifamiliares o fincas de recreo, las cifras se disparan.

Con este panorama desolador arranca el informe sobre el uso ilegal del agua en España que acaba de publicar el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF-Adena), documento que advierte sobre la gravedad de un problema cuyas consecuencias "paga la sociedad en su conjunto". Al margen del impacto ambiental de estas prácticas, los usuarios legales del agua subterránea, desde empresas de abastecimiento hasta agricultores, sufren escasez de recursos "mientras otros obtienen importantes beneficios económicos infringiendo la ley".

Cultivos quemados

En muchos casos, explica Adena, la disminución del líquido disponible va acompañada de una disminución de la calidad y, así, aparecen "cultivos quemados por aguas cargadas de sales y poblaciones con agua de boca contaminada con fertilizantes y pesticidas". A pesar de estas graves consecuencias, la Administración carece de los medios necesarios para hacer cumplir la ley y, a juicio de este colectivo conservacionista, tampoco destaca por su decisión política a la hora de atajar estas ilegalidades. Pero el factor decisivo que explica la proliferación de estas prácticas, admiten los ecologistas, es "el grandísimo beneficio económico que reporta la utilización del agua extraída ilícitamente, ya sea para usos agrícolas, turísticos o urbanísticos".

A pesar de que a la hora de elaborar este informe los principales organismos del agua en Andalucía (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Agencia Andaluza del Agua) no facilitaron a Adena la información que esta les requería, el informe incorpora abundantes referencias a esta comunidad. En concreto, y citando datos oficiales, se estima que en toda la cuenca del Guadalquivir existen unos 10.000 pozos ilegales, y estas perforaciones se están multiplicando incluso en zonas de alto valor ecológico, como ocurre en el entorno de Doñana.

La agricultura sigue siendo la gran consumidora de agua en Andalucía, hasta el punto de que sólo los olivares en regadío demandan cada año unos 620 hectómetros cúbicos, cantidad equivalente al consumo doméstico de 10 millones de personas. En algunas comarcas, como ocurre en la Loma de Úbeda (Jaén), la explotación de los acuíferos experimenta un crecimiento sin límites, a pesar de las denuncias, expedientes y multas con las que se han tratado de frenar las perforaciones ilegales.

El número de pozos sin regularizar en esta comarca ronda el medio millar y, en la mayoría de los casos, extraen el agua de bolsas situadas a gran profundidad. Según el Instituto Geológico y Minero, los regantes extraen en la actualidad unos 35 hectómetros cúbicos al año, mucho más de lo recarga el acuífero por las filtraciones del río Guadalimar, de manera que, si se mantiene el ritmo actual de explotación, estos depósitos subterráneos se agotarán en menos de 20 años.

Igualmente grave es la situación que se registra en el entorno de Doñana. En la zona arrocera de Los Hatos, situada al norte de las marismas, se extraen de manera ilegal unos 12 hectómetros cúbicos de agua al año, y pesar de que los expedientes sancionadores no han dejado de instruirse a lo largo de más de quince años, no ha sido hasta finales de 2005 cuando, por fin, han podido clausurarse algunos pozos. Y en la cabecera del arroyo de la Rocina se estima que alrededor del 50% del agua que se emplea en los cultivos de fresón es ilegal.

En estas condiciones, denuncia Adena, no es extraño que el acuífero de Doñana esté experimentando descensos importantes en numerosos puntos, con disminuciones del nivel freático que han llegado hasta los 16 metros, lo que está alterando las condiciones naturales de ecosistemas particularmente sensibles.

Vigilancia y sanciones

El Fondo Mundial para la Naturaleza no sólo denuncia el problema del uso ilegal del agua, aportando datos concretos sobre esta práctica, sino que, asimismo, propone diversas medidas para resolver esta situación. El Ministerio de Medio Ambiente, y las comunidades autónomas que tienen competencias, como es el caso de Andalucía, deben, en principio, reforzar los mecanismos de vigilancia para identificar los aprovechamientos ilegales, sobre todo en zonas sometidas a sobreexplotación donde las perforaciones están expresamente prohibidas.

También se propone una reforma de las comunidades de usuarios de aguas, de manera que se consiga una mayor implicación de las mismas en la gestión racional de este recurso. Ligada a esta propuesta se incluye la de promover la formación y sensibilización de los regantes, aportándoles, por ejemplo, datos periódicos referidos a la situación de los acuíferos. Deberían, asimismo, revisarse las concesiones de agua existentes para rescatar volúmenes de agua significativos en zonas sobreexplotadas. Si la modernización de un regadío supone un cierto ahorro de agua legal, esta podría ser rescatada para emplearse en el abastecimiento doméstico, en usos ambientales, o para incentivar actividades que supongan un desarrollo rural sostenible.

Adena también sugiere una mayor implicación en esta batalla de las correspondientes consejerías de Agricultura e Industria, de manera que puedan vigilarse, y perseguirse, los cambios de uso de suelo, no autorizados, vinculados a usos ilegales del agua. También podría establecerse la legalidad en el uso del agua como requisito obligatorio para el cobro de cualquier ayuda agraria, y elaborar planes de ordenación territorial que sean compatibles con los recursos disponibles en cada cuenca hidrográfica. Los propios usuarios legales también deberían participar en este empeño, presionando a las administraciones para que persigan estas irregularidades.

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LEVANTE 9-04-06



Vecinos de la playa de Sueca temen que los vertidos del Xúquer perjudiquen al turismo



La plataforma exige medidas contundentes para acabar con la contaminación en el río




David Gilabert, Sueca

El presidente de la plataforma Platges de Sueca, Francisco Amaya, ha reclamado a las diferentes administraciones implicadas en el control de las aguas del Xúquer que actúen y y que las denuncias «no caigan en saco roto». Amaya abogó por aplicar «medidas ejemplarizantes» para evitar en el futuro nuevos vertidos al río que, como ha ocurrido hace unos días, desembocan en la red de acequias de Sueca y acaban acumulándose en las mismas. Según el líder vecinal, estos vertidos no son los primeros y si no se actúa de forma rápida «no serán los últimos». Amaya, no obstante, no se extrañó de la presencia de vertidos en las aguas y reclamó la instalación de medidas efectivas en la Ribera Alta, de donde se presume proviene la sustancia viscosa y maloliente que ha sido detectada esta semana en las acequias de Sueca.

En cualquier caso, Amaya responsabilizó tanto al consistorio suecano como a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de no ejercer un control más férreo sobre las aguas, lo que según su opinión, ha desembocado en esta situación que «tendrá consecuencias negativas para el turismo». Amaya recordó que apenas faltan unos días para la Semana Santa, una fecha en la que tradicionalmente la ocupación en la costa es muy elevada. «Ha ocurrido en el peor momento. Habrá que ponerse las pilas y actuar para evitar daños mayores», aseguró Amaya.
Desde la plataforma Platges de Sueca también conminan a las autoridades locales a «prestar más atención ante este tipo de situaciones y dejarse de puestas de escena ante los tribunales» y exigir responsabilidades y actuaciones en el Xúquer «para evitar la contaminación en las playas de Sueca». Amaya recordó que la red de acequias, que se nutre desde el Xúquer, acaba desembocando en el mar, a través de las Golas del Perelló y Mareny.

El alcalde exige actuaciones

El alcalde de Sueca, Salvador Gil, aprovechó la visita que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, realizó esta semana a Polinyà para mostrarle un informe fotográfico del estado actual que presentan las acequias. Una masa viscosa y maloliente se acumula desde hace algunos días en los tramos próximos a las compuertas de algunas de las acequias suecanas. El primer edil suecano exigió actuaciones rápidas, ya que la próxima suelta de aguas para inundar los campos de arroz podría provocar que los vertidos llegaran hasta la gola. El presidente de la confederación se comprometió a proceder de forma urgente a la limpieza de la red de acequias de Sueca.



CONGRESO

IU pide a la fiscalía general que actúe contra la corrupción urbanística



Oltra acusa al PP de obligar a las cajas de ahorro a capitalizar la deuda de Terra Mítica




Levante-EMV, Valencia

La diputada valenciana de IU-ICV, Isaura Navarro, presentó ayer una solicitud de comparecencia dirigida al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para informar «de las medidas que se están adoptando para la lucha eficaz contra la corrupción ligada al sector inmobiliario y decisiones municipales».

La diputada justificaba la petición ante la « fundada sospecha de que la Fiscalía Anticorrupción no cuenta con los medios técnicos y humanos necesarios ante la avalancha de nuevos casos relacionados con el urbanismo que están surgiendo y seguirán surgiendo en la Comunidad».
Navarro aseguró que «a través de los medios de comunicación o del trabajo de partidos políticos o de colectivosvan trascendiendo casi todas las semanas nuevas situaciones como mínimo susceptibles de ser investigadas» y, dijo, «son, precisamente, estos colectivos y partidos como EU los que llevan a los tribunales estos casos, cuando está claro que es la Fiscalía la que debería actuar de oficio en muchas más ocasiones». En esta línea, indicó que «sólo en la Vega Baja y, especialmente, en Orihuela, hay más de 30 denuncias contra el consistorio y cuestiones que siguen increíblemente sin ser investigadas», y añadió que se sentiría «razonablemente satisfecha si el fiscal general o el propio ministerio de Justicia se comprometieran a aumentar efectivos y recursos en un breve espacio de tiempo dedicados a esta lacra que es la corrupción urbanística».Por otro lado, el portavoz adjunto de EU en las Cortes, Joan Antoni Oltra afirmó ayer que «la solución financiera» adoptada en Terra Mítica para el levantamiento del proceso de suspensión de pagos representa «un detrimento del papel social de las cajas de ahorro».
El parque ha alcanzado «la adhesión de más del 90% de la masa de acreedores», incluida las entidades bancarias, para el levantamiento de la suspensión de pagos. A juicio de Oltra, «obliga a las cajas a capitalizar la deuda» y significa,«usarlas al antojo de los intereses del PP».



Bicicletes per l´aire



Una camino agrícola de Silla reconvertido en carretera figura al frente del triste récord de las vías de comunicación españolas en las que se registra una mayor mortalidad de especies protegidas, según un informe elaborado por el biólogo y miembro de la Sociedad Valenciana de Ornitología Lorenzo Carbonell.



FRANCESC LA-ROCA




Que la contaminació atmosfèrica té conseqüències negatives per a la salut humana és un fet indiscutible, i tan assumit per la societat que només excepcionalment mereix atenció. De tant en tant, però, la qualitat de l´aire esdevé notícia. Recordem les imatges de Madrid del passat febrer, en les quals s´apreciava la disminució de la visibilitat diürna per l´efecte de la contaminació.

La pol·lució atmosfèrica no sempre és tan espectacular com per a ocupar una primera plana de diari, però potser per això, els ciutadans som escassament conscients de la seva presència permanent i de les seues conseqüències. Malgrat tot, els estudis realitzats per l´Organització Mundial de la Salut mostren que aquest és un assumpte preocupant, agreujat per la persistència de les tendències que deterioren la qualitat del aire.

Un informe del programa CAFE (Clean Air for Europe) d´abril passat estima en 21.000 les morts associades a la contaminació per ozó troposfèric a la EU25 durant l´any 2000. Pel que fa referència a les partícules en suspensió, el mateix estudi parla de 348.000 morts prematures (700 infantils) per al mateix període i espai, a més de 100.000 ingressos hospitalaris i altres mesures de morbilitat menor que registren desenes o centenes de milions de casos.

Bona part de la contaminació urbana prové del trànsit. Per això, la revisió del model actual de mobilitat motoritzada és un element central de la política de millora de la qualitat de l´aire.

La transició cap a nous models de mobilitat urbana no es, però, una tasca fàcil. Al voltant de l´automòbil orbiten una sèrie d´ imatges i valors que van molt més enllà de la seua funcionalitat com a instrument de transport. La propaganda ens presenta l´automòbil com un mitjà de seducció i de poder, de conquesta de la llibertat individual. Aquests càntics a l´individualisme oculten els costos que es generen i sobretot com es reparteixen: cada viatge urbà en cotxe produeix soroll, ocupació de l´espai públic i contaminació atmosfèrica, i tot això ho pateixen unes altres persones que no han rebut cap servei a canvi.

Per això, cada ciutadà que decideix deixar el cotxe i agafar la bici en els seus desplaçaments quotidians aporta un benefici a la col·lectivitat que mereix un reconeixement. Com a mínim, mereix una atenció prioritària per a garantir les millors condicions de seguretat i comoditat. És el que demanen els col·lectius de ciclistes urbans a les administracions públiques.

Això significa, en primer lloc, la construcció d´una xarxa bàsica de carrils reservats per a l´ús ciclista segregats del trànsit motoritzat. Insistim en la idea de xarxa, d´interconnexió. Una idea que no acaben d´entendre els responsables municipals de València: la incorporació de nous trams no segueix un criteri funcional, ni persegueix l´enllaç entre els existents, seguint la planificació del propi Ajuntament, sinó que depèn del creixement de la perifèria de la ciutat.

I el que és més greu, s´ha desmantellat el carril bici que travessava el centre històric: a la plaça de l´Ajuntament ha desaparegut amb el canvi de paviment; la reordenació de la plaça de la Universitat no ha deixat ni rastre del carril que hi havia; etc..

Altra reivindicació urgent dels ciclistes en el camp de la seguretat, és la millora de la senyalització, tant vertical com horitzontal. En l´actualitat existeixen trams de carril bici de tres colors, el verd primitiu -inconvenient per l´atractiu inconscient que, segons els psicòlegs, exerceix sobre els vianants; el roig predominant (que en ocasions es desdibuixa fins adoptar el color de la vorera, com a la prolongació de l´Avinguda dels Tarongers a la Malva-rosa), i el gris dels trams del centre que han sobreviscut (Navarro Reverter, Nau, ...). Aquesta proliferació de colors, junt amb la manca d´altres elements de senyalització, provoca confusió en els usuaris -que troben dificultats per a seguir una ruta- i en els vianants, que invadeixen el carril inconscientment.

La senyalització vertical a València es redueix pràcticament a les icones dels semàfors. Qualsevol manual de disseny de carrils emfasitza els riscs derivats de la interacció entre dos modes de transport tan diferents com el ciclista i el motoritzat i proposen en conseqüència mesures de protecció dels més febles. La més elemental de les quals és l´anunci als automobilistes de la presència de ciclistes en la seua trajectòria. Els senyals són especialment urgents en aquells punts en els qual els automòbils creuen el carril reservat, com ara els accessos als garatges o a les estacions de servei. Amb tot, les situacions més perilloses es donen als semàfors que regulen el gir dels cotxes amb llums intermitents, mentre el pas està en verd per a ciclistes (i vianants). La millor solució és el pas alternatiu.

La realitat metropolitana, però, exigeix també altre tipus d´intervencions a una escala superior a la local per tal de facilitar la substitució de l´automòbil privat per la bici en trajectes més llargs. Hi ha una tasca urgent de planificació d´una xarxa metropolitana de carrils bici, que connecte les infrastructures locals creades.

D´altra part cal promoure la combinació de la bici amb el metro i els serveis de rodalies de Renfe. Al Parlament Europeu es debat una proposta d´adaptació obligatòria dels trens per tal de facilitar el transport de bicicletes sense restriccions a qualsevol recorregut. Contràriament, ací augmenten les limitacions a la possibilitat de pujar les bicis als trens. En ocasions no cal muntar la bici, basta amb apropar-se amb ella a l´estació -sempre que l´aparcament siga segur.

En aquesta tasca comuna de millorar la qualitat de l´aire -i de la vida- a les ciutats, hi ha una part molt important que depèn de la contribució de cadascú. No insistiré en la més obvia, de respecte mutu entre els diversos usuaris de l´espai públic, siguen vianants, ciclistes o motoritzats. La normalització de la bicicleta, com un instrument d´ús quotidià, que contribueix de manera destacada a alleugerar la contaminació atmosfèrica, el soroll i el malbaratament de recursos, exigeix una major tolerància envers aquest artefacte en habitatges i llocs de treball.

Un ciclista més significa un aire més net, menys soroll i més espai públic disponible. ¿A què esperem?

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INFORMACIÓN 9-04-06



GESTIÓN DEL URBANISMO

La UE reclama al Consell los últimos 122 expedientes urbanísticos aprobados



La Comisión Europea quiere estudiar todos los planes hasta la entrada en vigor de la LUV para verificar su legalidad



VICENTE LÓPEZ




La Dirección General de Comercio Interior de la Comisión Europea ha solicitado al Gobierno español que le remita los últimos 122 expedientes urbanísticos que se han aprobado en la Comunidad hasta la entrada en vigor de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), el pasado 1 de febrero, según informaron fuentes del Parlamento Europeo. El objetivo es estudiar a fondo estos expedientes para comprobar que no han existido anomalías en la tramitación y en la aprobación de contratos públicos relacionados con el urbanismo en la Comunidad Valenciana. Esta instrucción del órgano ejecutivo de Bruselas dirigida al Gobierno para que le facilite estos programas urbanísticos se debe a que la UE se dirige a los estados y no a las comunidades autónomas. Según las mismas fuentes, en uno de los puntos del escrito remitido al Gobierno se indica que no se ha hecho caso a la advertencia de la aplicación de la Ley de la Regulación de la Actuación Urbanística (LRAU) de la Comunidad y se han seguido aceptando planes hasta el 1 de febrero de 2006, fecha de entrada en vigor de la LUV.

El portavoz de Abusos Urbanísticos No (AUN), Enrique Climent, señala que la intervención de la Comisión Europea se produce después de que este colectivo alicantino alegara que se estaba incumpliendo la normativa por la contratación de obras públicas en casos como los Planes de Actuación Integrada (PAI), que deben salir a exposición en el Diario Oficial de la Comunidad Europea. Una exigencia que, según aseguran, que la Generalitat sigue sin cumplir.

El eurodiputado del PSOE, Joan Calabuig, afirma que «se tiene constancia de que la Comisión ha pedido los expedientes y el Consell ya le ha remitido algunos de éstos, pero existe todavía una gran cantidad que no han enviado». Esta dato también fue confirmado por el europarlamentario de Los Verdes, David Hammerstein, al colectivo AUN.

La normativa europea señala que cuando un programa urbanístico público supera los 5.278.000 euros es obligatoria su publicación en el diario europeo. Además, se especifica que no se puede fraccionar el contrato para esquivar este requisito. Y es que la no publicación de estos planes urbanísticos evitaba que entraran a competir empresas europeas, por lo que la presentación de propuestas quedaba para las empresas de la zona, denuncia el colectivo AUN. Precisamente, ésta es en la actualidad una de las causas de fricción entre la UE y la Generalitat, ya que la Comisión considera que la LUV podría colisionar con la política europea de contratos públicos, explica Calabuig.

No obstante, según el eurodiputado, el enfrentamiento entre la Comisión Europea y la Generalitat por la regulación del territorio tiene muchas posibilidades de terminar dirimiéndose en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo si no se produce una respuesta satisfactoria del Consell. Un desafío que en palabras del europarlamentario «no tiene precedentes en la Europa comunitaria». «Que una comunidad se enfrente a la UE sin el respaldo de su Gobierno es algo inaudito», señala. «Hay muchas voces en la Unión Europea que han pedido un cambio de rumbo en el urbanismo de la Comunidad, pero el conseller Blasco ha ido al choque de trenes y no ha querido saber nada de las recomendaciones», concluye el europarlamentario.

El pulso del Consell con la CE afectará aún más a las inversiones en la Comunidad e incluso a los promotores, a juicio del grupo europarlamentario del PSOE en Bruselas. Los socialistas consideran que las personas que estén valorando la posibilidad de invertir podrán mostrarse más remisas debido a la inestabilidad jurídica que supone un pulso entre la Generalitat y la UE. «Han querido echar las culpas a ingleses y franceses, pero no creemos que el Síndic de Greuges pueda ser sospechoso», concluye Calabuig. El Secretario de Medio Ambiente del PSPV-PSOE, Frances Signes, reclamó ayer «medidas excepcionales» como «la paralización de todos los proyectos que se muevan al margen de los planes generales». El Tribunal de Luxemburgo ya ha dictado una sentencia en la que advierte del incumplimiento en la Comunidad Valenciana de la directiva que obliga a presentar una declaración de impacto ambiental en todos los proyectos urbanísticos.



RECURSOS HÍDRICOS

La CHS rechaza dar agua a los regantes que la solicitaron para 4 campos de golf



La Confederación afirma que otros agricultores de la Vega han pedido también los residuos de la depuradora de Torrevieja para el riego de la huerta



S.LLINARES




La posibilidad de que el agua sobrante de la depuradora (EDAR) de Torrevieja abastezca a cuatro campos de golf en la comarca de la Vega Baja (los campos de golf de La Finca, Villamartín, Las Ramblas y El Garbanzuelo) ha sido rechazada por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) al haber solicitado otras comunidades de regantes esa misma agua para regar los campos. Así lo ha manifestado el comisario de Aguas de la CHS, Manuel Aldeguer, quien indicó que la solicitud efectuada por la Comunidad de Regantes de Torremiguel, en la que se le pedía a la Confederación que aportara agua para los cuatro campos de golf citados, así como para el riego agrícola, no será viable después de que otras comunidades, como las de la Pedrera y Los Montesinos, se hayan interesado por esas mismas aguas para el riego de huerta y por tanto tengan preferencia a la hora de la concesión hídrica.

La solicitud realizada por los regantes de Torremiguel, que ha crispado a numerosos colectivos de agricultores, fue valorada por Aldeguer como «algo que se puede hacer y que es legal», por lo que añadió que «la Confederación tiene la obligación de publicarlo oficialmente, y luego estudiar la petición y el cambio de uso de aguas para ver si la concede o no».

Varios colectivos de agricultores han reaccionado ante la petición de agua de la depuradora hasta el punto de anunciar que pedirán que se investiguen en la Fiscalía posibles «intereses de los técnicos que emiten los informes».

Al respecto, el comisario de Aguas explicó que la plantilla de trabajadores de la Confederación está al 50% de su capacidad y denunció la falta de personal funcionario. En este sentido, señaló que «me duele que lleguen este tipo de críticas hacia los técnicos». Por ello, informó de que desde la Confederación se va a exigir que se haga una auditoría a los propios técnicos para que demuestren que cumplen con su trabajo. «Es muy triste que sin tener necesidad los técnicos pidan que se les interrogue para demostrar su profesionalidad cuando además están cargados de trabajo», aseguró Aldeguer.

Por otro lado, el presidente del colectivo de agricultores de AVA-Asaja de Alicante, Eladio Aniorte, dijo que pedir agua para los campos de golf «es algo legal». Mientras tanto, el presidente de la Unió-Coag, Ernest Blasco, indicó que «dar más agua a campos de golf cuando no hay agua para regar es una barbaridad», y añadió que «espero que la Confederación no se atreva a decir que sí porque además sería una aberración contra la ley».

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LEVANTE 8-04-06



LA RIBERA ALTA

Guadassuar hará el PAI de 5.500 casas y dos campos de golf pese a desistir el promotor



El alcalde dice que los propietarios se han asociado para reclamar el plan urbanístico

La empresa promotora que pretendía desarrollar una gran zona residencial con dos campos de golf en el término de Guadassuar ha descartado el proyecto al quedarse sólo con una pequeña parte del terreno y no encontrar un consenso político que garantice la tranquilidad, pero el alcalde del municipio no se resigna.




P. F., Alzira

José Ribera ha anunciado que la revisión del Plan General de Ordenación Urbana que el ayuntamiento tramita en la actualidad mantendrá los cambios de planeamiento que posibilitan la construcción de este complejo. «Si no se recalifica ahora se habría acabado, y no pienso dejar que se escape», señaló Ribera.

La primera autoridad municipal desveló que los propietarios de los campos que habían quedado incluidos en este programa urbanístico de 3,5 millones de metros cuadrados han constituido una asociación para reclamar al ayuntamiento que recupere este proyecto y, según Ribera, todos los afectados se están incorporando a esta agrupación. «El pueblo lo quiere y toda la gente que está dentro del PAI también», defendió el alcalde, que anunció además que tiene previsto dirigirse a la promotora Blauverd que, en una unión temporal con Fadesa, había presentado este programa «para que entre en juego otra vez». «Blauverd se ha portado muy bien con Guadassuar, ha ido siempre con la cara muy alta y sin engañar a nadie y tengo que intentar que siga con el proyecto», agregó.

El alcalde estimó que el concierto previo que se ha negociado con la conselleria para revisar el PGOU de Guadassuar podría quedar aprobado «en el plazo de un mes o mes y medio»y adelantó que, pese a que la empresa ha anunciado que abandona el proyecto, este documento va a contemplar los dos campos de golf y la gran urbanización con 5.500 viviendas que se había proyectado, así como el resto de infraestructuras como dos hoteles de lujo, campos de fútbol, un palacio de congresos, un parque tecnológico o un colegio inglés que incluía el programa. «El golf es la riqueza de Guadassuar, yo quiero mucho a mi pueblo y no quiero que se me escape», reiteró Ribera. Cabe recordar que la inversión estimada en este complejo alcanzaba los mil millones de euros.

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EL PAÍS 8-04-06



Las acequias del Júcar vuelven a transportar una gran capa de contaminación a su paso por Sueca



JOSEP BLAY - Sueca

Las principales acequias del término municipal de Sueca vuelven a transportar grandes láminas de una viscosa y maloliente capa de residuos contaminantes en suspensión procedentes del río Júcar. Ahora se cumple casi un año desde que este fenómeno se produjera coincidiendo con el primer aumento notable de la temperatura. El Júcar apenas transporta agua en estas fechas a su paso por la Ribera Baixa y la mayoría de sus aportaciones proceden de manantiales naturales (ullals, como se les denomina en la comarca), existentes en su mayoría en Albalat de la Ribera, y de los abocamientos industriales y urbanos sin depurar de las principales poblaciones que baña directamente el río.

"El Júcar se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos", señala el alcalde de Polinyà de Xúquer, José Daniel Martí, "y ahora me da la sensación que ya está clínicamente muerto". La Confederación Hidrogáfica del Júcar (CHJ) instaló a principios del pasado verano una red para atrapar y contener residuos. "Hace su papel, pero a la vista de los hechos parece insuficiente", afirma el alcalde Martí, en cuya población se ubicó esta solución temporal. Y añade: "El problema persistirá mientras no se le asigne un caudal ecológico y no se ponga en marcha la depuradora de Alzira-Carcaixent, se construyan los colectores necesarios para detener los vertidos directos al cauce y se neutralicen todos los vertidos industriales y urbanos incontrolados".

Manuel Anaya, alcalde de Riola, población en la que el cauce pasa junto a una de sus calles, recuerda que "hace días que el Júcar desprende ese olor pestilente por la escasa o nula corriente de agua". Y apunta la posibilidad de que esa mezcla de "chapapote" (como se le ha denominado en la comarca) "salga del fondo coincidiendo con el aumento de temperatura del agua".

José Pascual Fortea, presidente de la Comunidad de Regantes de Sueca, coincide, de la misma manera que Martí, con la posibilidad apuntada por Anaya y advierte "del desastre ecológico que supondría que esa agua llegara directamente a L'Albufera". Los arrozales de Sueca, que actúan a manera de depuradora por decantación de las aguas que del Júcar van a parar al lago, comenzarán a inundarse para la próxima campaña agrícola dentro de un mes, momento previsto para que la CHJ suelte una pequeña cantidad de agua para esta finalidad.

El alcalde de Sueca, Salvador Gil, junto a otros de la Ribera Baixa, facilitó el miércoles a Juan José Moragues, presidente de la CHJ, amplios informes fotográficos de los problemas que está generando el río en los últimos meses.

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INFORMACIÓN DE ALICANTE 8-04-06



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Licitan por 350.000 € la redacción del proyecto para encauzar el río en Elda



La publicación en el BOE confirma el compromiso del Gobierno de destinar 12 millones para ejecutar la obra



PÉREZ GIL




Elda ha vivido en las últimas décadas de espaldas al Vinalopó por su estado de abandono y degradación. El Ayuntamiento pretende ahora invertir esta tendencia para que la ciudad recupere el entorno del río como espacio lúdico y deportivo. Con tal fin el equipo de gobierno socialista ha llevado a cabo diversas gestiones ante el Ministerio de Medio Ambiente, gestiones que han permitido arrancar el compromiso del Gobierno central de destinar 12 millones de euros para sufragar por completo las obras de restauración medioambiental y encauzamiento del Vinalopó en el término municipal.

El primer paso administrativo para la ejecución del proyecto salió ayer publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La dirección general del Agua ha sacado a concurso, por un presupuesto base de 350.000 euros, los trabajos de redacción del proyecto. De no mediar ningún contratiempo el documento técnico se presentará en septiembre de 2006, mes a partir del cual se procederá a licitar los trabajos que podrán ser adjudicados a finales de este año o principios de 2007.

El alcalde Juan Pascual Azorín fue informado de estos trámites a primera hora de la mañana por el jefe del departamento del propio Ministerio. «Ahora tenemos ya una confirmación oficial que nos garantiza una obra de gran importancia para nuestro pueblo», explicó Azorín visiblemente satisfecho. Por su parte el concejal de Medio Ambiente, Emiliano Bellot, admitió haberse «emocionado realmente» tras comunicarle el primer edil la publicación en el BOE de la redacción de la obra. «Esto representa mucho para Elda y el responsable de tal logro es el alcalde, al césar lo que es del césar», repitió varias veces.

La actuación, de unos seis kilómetros de longitud, se extenderá desde el puente del Centro Excursionista Eldense hasta el puente Sambo, en la zona limítrofe con Monóvar. Los trabajos permitirán crear un cauce ecológico por el que discurrirán las aguas además de limpiar y regenerar la ribera con zonas ajardinadas y de esparcimiento. Un sendero y un carril-bici paralelos al río harán posible la práctica de diversas actividades deportivas. El presupuesto del proyecto, el equivalente a 2.000 millones de pesetas, es una de las mayores inversiones que recibe la ciudad en la última década.

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LA VERDAD 8-04-06



Albacete



La Junta exige que la Región tenga derecho preferente sobre el uso del agua del Júcar



La consejera de Obras Públicas intervino ayer en la Comisión General de Comunidades Autónomas celebrada en el Senado Solicitó al Gobierno el estricto cumplimiento del Plan Hidrológico de esta cuenca y la necesidad de aprobar unas normas de explotación



LA VERDAD/ALBACETE

La consejera de Obras Públicas, María Encina Álvarez, intervino ayer en la Comisión General de Comunidades Autónomas que se ha celebrado en el Senado, y en la que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha explicado la posición del Gobierno de España sobre la construcción y puesta en servicio de la infraestructura del trasvase Júcar-Vinalopó.

Durante su intervención, Álvarez reclamó el estricto cumplimiento del Plan Hidrológico del Júcar, así como la necesidad de aprobar unas normas de explotación que garanticen los usos del sistema Júcar y, preferentemente, los intereses de Castilla-La Mancha.

En este sentido, la consejera manifestó además que «la aprobación de dichas normas es urgente para la consolidación de los regadíos de la Mancha Oriental, así como del resto del Júcar en las provincias de Cuenca y Albacete». María Encina Álvarez inició su intervención valorando el cambio que actualmente se está llevando a cabo en la política nacional del agua y, en concreto, en la gestión en la cuenca del río Júcar.

70% por la Región

La titular de Obras Públicas apuntó que la cuenca del Júcar discurre en más de un 70 por ciento por territorio castellano-manchego y ha incidido en que los derechos de Castilla-La Mancha, según establece el plan del Júcar, son prioritarios frente a las reservas reconocidas en el citado Plan a favor del Vinalopó-Alacantí y la Marina Baja.

Asimismo, la consejera defendió que «lo más importante ahora es garantizar los volúmenes de agua en el río Júcar para atender las necesidades preferentes de abastecimientos y para la consolidación de los regadíos de Albacete y Cuenca». Para ello, reclamó a la Generalitat Valenciana «la misma solidaridad que practica Castilla-La Mancha con el Levante, puesto que su falta de voluntad en la modernización de sus regadíos está perjudicando los legítimos intereses de Castilla-La Mancha».

María Encina Álvarez concluyó su intervención exigiendo desde la Cámara «la urgente necesidad de un proceso de negociación y aprobación de unas normas de explotación para el Sistema Júcar que garanticen el cumplimiento efectivo y eficaz del plan de cuenca del Júcar».

La responsable de Obras Públicas del Ejecutivo regional cerró su intervención poniendo de manifiesto, una vez más, que «los trasvases no constituyen una solución real a los problemas del agua y que deben reconocer la preferencia de la cuenca cedente con suficientes garantías y, sobre todo, no comprometer su desarrollo futuro».

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LEVANTE 7-04-06



POLÉMICA CON EL PHN

Los abogados califican de amoral y trato de favor el acuerdo del Consell con la Fundación Agua



Un convenio del Gobierno valenciano pone el gabinete jurídico de la Generalitat a su servicio

El Decano del Colegio de Abogados de Valencia, Fernando Alandete, hizo público ayer que la Fundación de la Comunidad Valenciana Agua y Progreso recibe un trato preferencial del Consell en comparación con otras entidades o ciudadanos, y se ha mostrado «sorprendido» de que una entidad de carácter cívico «disponga de los servicios legales de la Generalitat Valenciana».




Regina Laguna, Valencia

En este sentido, el Decano ha explicado que la acción de gobierno y, por lo tanto, la acción política le corresponde al partido que merece confianza de los ciudadanos. Así, la política del agua le corresponde al Consell, pero «resulta lamentable y carente de rigor jurídico el que se pretenda acompañar esa acción de gobierno con un populismo innecesario y con el dinero de todos los ciudadanos», ha apostillado el responsable de la Junta de Gobierno.

Alandete ha realizado estas declaraciones tras la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de un convenio entre el Ejecutivo Valenciano y la citada entidad, que establece que el gabinete Jurídico del Consell prestará asistencia jurídica a la Fundación. Esta situación, en palabras del Decano, «raya en la discriminación respecto de otras entidades cívicas».

Del mismo modo, Alandete ha manifestado que en el ámbito profesional de la Abogacía «resulta amoral financiar trámites con dinero público a determinadas entidades sin discriminar la capacidad económica de los demandantes». Por ello, se preguntaba si, «en el caso de recibir indemnizaciones a través de la justicia, éstas se repartirían entre todos los ciudadanos, que son los que pagan estos servicios jurídicos, y no sólo entre los propietarios reclamantes».

En este sentido, el Decano de los abogados valencianos ha comentado que el objetivo de la Fundación, según se recoge en su inscripción en el Registro de Fundaciones, es «potenciar y favorecer el desarrollo de un uso racional y solidario de los derechos relativos al agua, así como el impulso cívico e institucional en defensa de una política hídrica adecuada a las necesidades de la Comunidad Valenciana, y en particular de las transferencias hídricas previstas en el Plan Hidrológico Nacional». Por ello, los profesionales de la Abogacía «no entendemos el trato de favor recibido por esta entidad, salvo que el Consell considere que todas las Fundaciones de carácter cívico cuenten con el mismo servicio y derechos que ésta».

Antecedentes políticos

Alandete ha declarado que no es la primera ocasión en la que el Ejecutivo Valenciano trata de intervenir en una actividad privada de una manera «totalmente arbitraria y fuera de lugar». Y ha recordado el intento de vincular a los colegios profesionales de letrados en la defensa del Plan Hidrológico Nacional (PHN) mediante la aportación de 700.000 euros para la defensa del mismo ante los tribunales.

En aquella ocasión, la negativa de todos los colegios de la Comunidad y del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) supuso una dura reprobación pública de los profesionales del sector por parte del entonces Conseller de Presidencia y actual Conseller de Cultura, Alejandro Font de Mora, que se resumió en una advertencia a los colegios profesionales en la que explícitamente dijo que «pagarán moralmente» su renuncia.

Al parecer, el Gobierno Valenciano «no respeta la autonomía y la independencia de los letrados» y, por ello, ha buscado «fórmulas alejadas de la ética de la competencia y la libertad de ejercicio para alcanzar sus fines», ha apostillado Alandete, en referencia al convenio de asesoramiento jurídico suscrito.

En cualquier caso, el Decano del ICAV ha señalado que, manteniendo la postura que defendió el CVCA en aquella ocasión, «apoyamos y defendemos el derecho de todos los ciudadanos a defender sus intereses, tanto mediante la libre elección de abogado particular, como por la designación del mismo en el Turno de Oficio».

Alandete ha añadido que la Abogacía se opone a «políticas de favor» con entidades con un posible perfil político o partidista, pero ello «no significa una crítica a la política del Consell, sino a determinadas acciones que pueden suponer una vulneración de los derechos fundamentales».



Las subvenciones millonarias de la Generalitat



R. Laguna, Valencia

El trato de favor a la Fundación Agua y Progreso por parte del Consell de la Generalitat Valenciana no es nuevo. La aprobación de un convenio para que esta entidad tenga asistencia jurídica gratuita es el culmen a un proceso que se inició cuando se propuso a los abogados de la Comunidad Valenciana que asumieran estos servicios por una cantidad de 700.000 euros. Se negaron y ahora ofrecen los servicios que pagamos todos los ciudadanos.


Pero hace diez días , el Consell presentó públicamente la «campaña del agua», cuya publicidad institucional ha sido otorgada sin concurso público a la Fundación Agua y Progreso por un importe total que alcanza el millón de euros, según denunció el grupo socialista en las Cortes.
Ya en 2004, tras su creación, el Consell subvencionó con 60.000 euros esta fundación, promovida por el conseller Alejandro Font de Mora desde Presidencia.
Las cuentas de la Generalitat para 2005 recogían una línea por importe de 600.000 euros para subvencionar el coste en abogados de los «afectados (personas físicas y jurídicas) por la derogación del PHN».
Hace medio año se supo que el vicesecretario provincial del PP, Juan José Medina, cobra un sueldo de la Fundación Agua y Progreso. «En mis horas libres, hago lo que tengo que hacer», declaró el ex alcalde de Moncada.
El pasado 25 de febrero, el Consell aprobaba conceder una subvención de un millón de euros -la cifra se vuelve a multiplicar,- a esta Fundación «para financiar los gastos de funcionamiento», como son las «acciones dirigidas a informar a los colectivos afectados por la paralización de las transferencias hídricas y asesorar en temas hídricos, así como asesorar y sensibilizar a través de jornadas», decía la nota de la misma Generalitat.



JORNADAS

Especialistas a la medida



La fundación reúne de nuevo a técnicos partidarios de los trasvases




Levante-EMV, Valencia

La Fundación Agua y Progreso celebró ayer en Alicante unas jornadas científicas en las que repitió el esquema de otras celebradas con anterioridad con la participación, ya habitual en los actos de la fundación, del director del Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia del Consejo de Europa, Francisco Cabezas y del catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante, Antonio Rico. La fundación incluyó también como especialista invitado a otro firme defensor de los trasvases y alineado con las tesis de la Generalitat: el presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez. Como estrella invitada compareció el director de la Agencia del Agua de Virginia (EEUU) y miembro de la Asociación Americana de Desalación entre 1987 y 1997, Thomas Leahy, quien aseguró que el «fin de la agricultura» comienza con la utilización de agua desalinizada para riego. y agregó que «la derogación apresurada» del Plan Hidrológico Nacional «pasará factura a la sociedad».



COMPARECENCIA

Narbona culpa al Consell de gastar en propaganda y no en regadío



La ministra explica las razones del cambio del trasvase al Vinalopó mientras García Antón descalifica el proyecto




J. A. Blay, Madrid. corresponsal

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró ayer en el Senado que la Generalitat Valenciana prefiere gastarse el dinero en «carteles y en propaganda» antes que en la modernización de los regadíos del trasvase Júcar-Vinalopó.

«Ustedes no quieren escuchar a buena parte de la sociedad valenciana, que son las comunidades de regantes, las más interesadas en que las obras de modernización de los regadíos se acaben con el dinero que ustedes prefieren gastarse en carteles y en propaganda», afirmó la ministra en su segunda intervención en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado. La ministra compareció para explicar las razones del cambio de toma del trasvase Júcar-Vinalopó a petición del grupo parlamentario popular. Y aprovechó su intervención para garantizar que el conjunto de esta infraestructura, con una inversión de 303 millones de euros, «contará con financiación de la Unión Europea. En mayo presentaremos la documentación». Narbona insistió en las ventajas técnicas y cualitativas de la apuesta por la toma de aguas en el azud de La Marquesa, cerca de Cullera, en sustitución del punto previsto en el proyecto original, en Cortes de Pallás, aguas arriba del río. E insistió en una de las ventajas: el precio de 0,196 euros por metro cúbico para los usuario del Vinalopó, «mucho menor que en el proyecto inicialmente redactado». La ministra llegó al Senado acompañada de altos cargos de su departamento y rodeada de los presidentes de las acequias que integran la Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ): Juan Antonio Delgado, de la Acequia Real del Júcar; Federico Andrés, de la de Escalona; José Picot, de la de Carcaixent; de la de Corbera, Vicente Palacios; José Fortea, de la de Sueca, y José Polo, vicepresidente de la de Cullera.
Desde el PP se calificó la situación como «golpe de efecto». En nombre del PP intervino el senador Pedro Agramunt quien justificó el cambio «por presiones políticas de ERC al Gobierno socialista. Esa es la pura y simple verdad», afirmación que desató más sonrisas que aplausos en el hemiciclo. Por su parte, el conseller de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón, consideró «injustificado» el cambio de toma de aguas, que atribuyó a cuestiones «estrictamente políticas». «Es vergonzoso ver el borrador en el que se han basado para el cambio. Han hecho de todo, ministra, de todo menos usar el rigor mientras que los regantes del Júcar pasan a ser de segunda categoría», dijo en su intervención.
El conseller afirmó que el objetivo «expreso y declarado» del Gobierno central es que «no exista ningún trasvase» Júcar-Vinalopó.



EXPEDIENTE

Bruselas rechaza el reto del Consell y seguirá el cauce normal de infracción contra la LUV



El portavoz de Mercado Interior elude entrar en «la lucha entre el Gobierno central y regional»




Clara Pinar/L. B., Bruselas/Valencia. corresponsal

La Comisión Europea rechazó ayer el reto lanzado por el Consell para dirimir «cuanto antes en los tribunales» el expediente que abrió Bruselas el martes pasado contra las irregularidades de la ley urbanística Valenciana (LUV) y aseguró que el procedimiento de infracción seguirá sus cauces normales. El portavoz de Mercado Interior del Ejecutivo comunitario, Oliver Drewes, declaró a Levante-EMV que el expediente de infracción es un «procedimiento estricto», con unas pautas que «tenemos que seguir y lo haremos en el modo que tenemos que hacer y no de otra forma». Drewes respondía así al ser preguntado por la intención del Consell de terminar cuanto antes con un procedimiento que está siendo «demasiado largo», como declaró el conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, tras conocer la decisión de la Comisión de iniciar desde el principio un procedimiento de infracción contra la LUV.

De esta manera, Bruselas esperará a que concluya el plazo de dos meses que ahora tiene el Gobierno español para explicar las irregularidades detectadas en materia de contratación pública en la ley valenciana. Si el razonamiento no fuera suficiente, emprendería la segunda fase, el envío de un dictamen motivado en el que se indicarían claramente las deficiencias y el modo de corregirlas. Sólo al cabo de otros dos meses y en el caso de que tampoco la contestación española fuera satisfactoria, Bruselas tomaría la decisión de denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Por otra parte, Drewes rechazó hacer comentario alguno sobre la acusación que dirigió el Consell contra el Gobierno central, al que reprochó que este nuevo expediente contra la ley urbanística de la Comunidad Valenciana se debe a que el Gobierno central no ha transpuesto a su debido tiempo la directiva europea de contratación pública a la legislación nacional . «Que sea una cuestión regional o del Gobierno central es algo que no voy a comentar», dijo el portavoz, que aseguró que la Comisión Europea «no va a entrar en una lucha entre un Gobierno regional y un Gobierno central».
Por su parte, el vicepresidente del Comité de Peticiones, el socialista Michael Cahsman, que visitó la Comunidad Valenciana para comprobar in situ el origen de las 15.000 quejas presentadas por los afectados de la ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU), mostró ayer su satisfacción con la nueva investigación que ha iniciado la Comisión Europea. «Estoy encantado de que tras la toma en consideración y análisis de la nueva ley aprobada en la Comunidad Valenciana -una ley específicamente dirigida a los problemas de los robos de tierra [land grab, en inglés]- la Comisión Europea esté de acuerdo con el Parlamento Europeo en que la violación de las normativas europeas aún continúa». Añade que «el derecho a la propiedad privada es un derecho humano básico del que mucha gente en la C. Valenciana ha sido injustamente privada», por lo que muestra todo su «apoyo a la Comisión Europa para que obligue a España a enmendar su ley y acabar con los abusos».



BALANCE

La C. Valenciana es una de las que tiene menos suelo protegido



El BBVA contradice las cifras de Rafael Blasco




J. S., Valencia

El anuario Europarc, realizado en colaboración con la fundación Europarc, sitúa a la Comunidad Valenciana entre las que menos superficie protegida tiene en términos porcentuales respecto a su superficie total, la 13ª sobre un total de 17, con un 6,36% frente a otras comunidades como Cataluña, con una superficie superior, donde está protegido el 21,66% del territorio.

El almanaque contempla los paisajes protegidos, parajes naturales, parajes naturales municipales y parques naturales a fecha 31 de diciembre de 2005, aunque no incluye las zonas húmedas que figuran en el catálogo elaborado por la Generalitat.
Según este informe presentado ayer en Madrid, la autonomía con mayor porcentaje de superficie protegida es Canarias con el 41,8% de su superficie seguida de Andalucía con el 19,40%.
Por detrás de la Comunidad Valenciana se encuentran Aragón (2,33%), Castilla-La Mancha (3,02%), Islas Baleares (2,44%)y Castilla y León (6,08%).
El informe sitúa también a La Rioja y a Galicia como las comunidades autónomas donde más se ha incrementado la superficie protegida en los dos últimos años. Esta clasificación contradice las versión ofrecida constantemente por el conseller Rafael Blasco, que situaba ya en en 2005 la superficie protegida en la Comunidad Valenciana en el 27,3% frente al 6,3 que ofrece el informe independiente.
Recientemente, el conseller Blasco ha sido acusado por organizaciones ecologistas-Gecen- y formaciones políticas -EU-Els Verds- de manipular los datos sobre superficie protegida en la comunidad. El almanaque reduce a 148.191 hectáreas la superficie terrestre protegida y a a 9.710 la superficie marina que goza de algún tipo de protección. Europarc-España es una sección de la Federación Europarc, organización paneuropea integrada por cerca de cuarenta países, y está formada por todas las administraciones públicas españolas. La organización tiene entre sus objetivos estratégicos el de «actuar como observatorio de la evolución y el estado de los espacios protegidos del Estado español».



CON GUSTO

Brosquil y Marenyet



EMILI PIERA




Sonrío para mis adentros al imaginarme a Paco Roig, promotor del enladrillado del Brosquil, Cullera, tratando de decir de carrerilla el nombre de su propia promoción: Valencia Beach Golf Resort, cuatro millones de metros cuadrados. El día que fui a Cullera para ver si hay algún modo de meter en una ciudad de veinticinco mil habitantes, otros treinta y siete mil, pese a la evidente impenetrabilidad de los cuerpos (salvo algunos muy pendones), ese día el alcalde Ernesto Sanjuán me mandó al asesor urbanístico, Salvador Banyuls. Mejor: Sanjuán es halterofílico y yo fui declarado inútil total para el servicio de las armas.

Banyuls, el asesor, no es Roca el chorizo de Marbella y se parece bastante al escritor Martí Domínguez: «esto no es una historia de malos y buenos. Algunas de las casas que se resisten a ser expropiadas vierten en la acequia y hay zonas muy deterioradas». No lo dudo. La falda del monte que baja del Castillo al mar, estalla de azules, amarillos y lavandas. Una observación un poco más atenta descubre la pendiente cubierta de plantas nitrófilas, las que aman las porquerías. Para dar con los tomillares hay que buscar otra vertiente menos accesible. Los campos al norte del Júcar serán el Manhattan, y el Marenyet tiene programados más de cinco millones de metros cuadrados: Cullera, playa y golf se llama la cosa, eso no es un nombre y es mucho golf. Hay propietarios mosqueados porque los golfistas han comprado a precio agrícola y se huele que acabarán merengados de plusvalías.

Programada la muerte de la LRAU, se aprobaron estos PAIS, por no perder, dicen, ni el tren ni el boom, cuidado con la velocidad que la Guardia Civil ha puesto controles. La aprobación se produjo con las uvas de Nochevieja (otras veces ha caído en agosto) y ya ha ocurrido que los gendarmes esposen al corregidor -fue en tiempos de Franco- y al arquitecto municipal: como había dos, se llevaron al que no era, pero acaban afinando.

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INFORMACIÓN DE ALICANTE 7-04-06



LA POLÉMICA DEL JÚCAR-VINALOPÓ

Narbona dice en el Senado que el PP falseó los datos para justificar el trasvase



García Antón le acusa de acabar con la agricultura en el Mediterráneo



F. J. BENITO




La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, acusó ayer en el Senado al Gobierno de Aznar de haber falseado los datos para justificar el proyecto del trasvase Júcar-Vinalopó con la toma en Cortes de Pallás. Narbona aseguró que el cambio del trazado se decidió tras escuchar a las administraciones implicadas y a una comisión de expertos que, según Narbona, trabajó hasta con 900 hipótesis que aconsejaron la modificación del trazado. Sobre el precio del agua, el Ministerio mantiene el compromiso de que no superará los 0,19 euros/m3 , mas el IPC correspondiente a cada año.

La ministra hizo estas afirmaciones durante su comparecencia en la Comisión de las Comunidades Autónomas en la que también participó el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, quien acusó a la titular de Medio Ambiente de «haberse cargado la agricultura mediterránea con la derogación del trasvase del Ebro y hacer ahora lo propio con la del Júcar». Antón denunció en la Cámara Alta que la imposición de un caudal ecológico para el Júcar impedirá, al ser prioritario, facilitar agua de riego a los agricultores valencianos. «Los caudales ecológicos tienen prioridad sobre cualquier otra demanda. Por eso nos encontraremos que, en un situación de escasez, los usuarios del Júcar tendrán que ver cómo pasa por el río un caudal ecológico que no podrán utilizar para regar, pero sabiendo que un poco más abajo ese agua se estará trasvasando al Vinalopó», subrayó el conseller quien preguntó. «¿De verdad cree que va a reducir la conflictividad social que, según usted, creaba el proyecto anterior».

La ministra apostó por el trasvase desde el Azud de la Marquesa y recordó que en el Plan de Cuenca del Júcar no se establecía ni el caudal, ni el arranque. Según un informe interno del Ministerio, la depuradora de Pinedo ha vertido al mar 600 hm 3 de agua depurada desde 1999 -año en el que se aprobó el plan de cuenca-. Además y según el estudio, Medio Ambiente asegura que si el trasvase se hubiera mantenido desde Cortes no habría agua para enviar al Vinalopó. El Ministerio sostiene que con los datos reales y si la canalización funcionara ya, desde 1982 sólo se hubiera podido trasvasar agua en tres de los últimos dieciséis años, unos 50 hm 3 . Narbona subrayó en el Senado que el nuevo proyecto garantiza 72 hm 3 de agua todos los años. El informe deja claro, por otra parte, que el caudal de Cullera no sirve para el consumo. Razón por la que se han excluido a los abastecimientos que tendrán que utilizar agua desalada o, en casos de emergencia, los recursos del pantano de Alarcón que pueden llegar a Alicante y Benidorm a través del Tajo-Segura.



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ABC 7-04-06



EDICIÓN IMPRESA – Valencia



Narbona retrasa ahora la finalización del trasvase Júcar-Vinalopó hasta 2009 y defiende su coste menor



El conseller García Antón replicó ayer a la ministra en el Senado que el caudal ecológico que está previsto hará que los regantes del Júcar no tengan agua



M. CONEJOS

VALENCIA. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, decidió ayer ampliar un año más la finalización del nuevo trazado del Júcar-Vinalopó, ya que durante su intervención en el Senado lo situó en 2009, casi tres años más tarde que la fecha prevista para que estuviera en funcionamiento el original.

La Cámara Alta fue escenario de un desencuentro más entre el Gobierno central y el Consell en el marco de la comisión de Comunidades Autónomas, que abordaba el proyecto del nuevo trasvase Júcar-Vinalopó. Cristina Narbona destacó que ya han comenzado los trámites para realizar la Declaración de Impacto Ambiental y anunció que a lo largo del mes de mayo solicitará a Bruselas los Fondos FEDER para la financiación del proyecto.

La inversión estimada para el proyecto -que cambia la toma de agua de Cortes de Pallás al azud de la Marquesa (Cullera)- asciende, según Narbona, a 303 millones de euros y el coste unitario a repercutir a los usuarios del Vinalopó es de 0,196 euros por metro cúbico trasvasado.

En este sentido, aseguró que la nueva conducción comparte tres tramos del trazado del proyecto primitivo, que se encuentran en avanzado estado de ejecución, y permitirá un trasvase anual de 72 hectómetros cúbicos pudiendo alcanzar los 80 a los que limita el Plan de cuenca.

Para Narbona, este proyecto garantiza «más agua y a menor coste» además de tener un menor «impacto ambiental», al tiempo que aseguró gozar del apoyo de los usuarios para obrar este cambio de trazado.

«Humo»

Pese a la seguridad expresada en este sentido por la ministra, el presidente de la Junta de Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez, expresó su frontal rechazo a las tesis de Narbona al considerar que su Ministerio «vende humo».

El conseller de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón, tuvo oportunidad de replicar a Narbona desde la tribuna que este trazado «propiciará que los agricultores del Júcar sean regantes de segunda». García Antón argumentó esta afirmación en el hecho de que el caudal ecológico, fijado en cuatro metros cúbicos por segundo,«no es suficiente».

Los informes presentados por el Gobierno son «vergonzosos» para el titular de Infraestructuras del Gobierno valenciano, así como «poco serios y faltos de rigor técnico» los estudios en que los se basan para «decir que no a una obra que se estaba haciendo».

Así, García Antón acusó al Gobierno de haberse «cargado totalmente el Plan Hidrológico Nacional» impulsado por el anterior Ejecutivo y los proyectos de solidaridad y de cohesión en sustitución de una «autarquía», donde la sostenibilidad se entiende como «que cada uno se apañe como pueda».

De igual forma, alertó al Gobierno de que «pueden tener problemas con los usuarios cuando empiecen a ver que ese agua no llegará», ya que el proyecto de trasvase inicial estaba en «ejecución muy avanzada» y podría haber estado terminado a finales de 2006.

En cuanto a los usuarios, García Antón negó que estén apoyando el cambio de trazado y esta circunstancia puede hacer perder a España los 80 millones de euros de fondos europeos que estaban previstos.

El conseller también replicó a los senadores de otras regiones españolas que criticaron que los valencianos «nos quieren dejar sin agua». Dijo así que «la Comunidad está en la parte de la España seca y es un ejemplo de reutilización y modernización de regadíos desde hace muchos años».

Por contra, García Antón, recordó que esta circunstancia no se da en otras Comunidades como Cantabria, Aragón o Cataluña, por lo que «no pueden dar lecciones a los valencianos en el uso del agua», al tiempo que les pidió que fueran solidarios sino querían «cargarse la agricultura más productiva que está en el Mediterráneo, como ahora va a ocurrir con la del Júcar».

Por su parte, el senador valenciano del PP Pedro Agramunt acusó al Gobierno de Zapatero de haber modificado el trazado del trasvase Júcar-Vinalopó por la presión de «sus socios ERC» para que éstos les apoyaran en los Presupuestos Generales del Estado de 2006 y de haber buscado el «conflicto» en un tema donde antes no lo había.
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LEVANTE 6-04-06



ADVERTENCIA

Del Rosal denuncia los abusos urbanísticos de los ayuntamientos



Cita un proyecto en Gandia como ejemplo de falta de transparencia




P. Rostoll, Alicante

Las quejas relacionadas con asuntos urbanísticos son de las que más han crecido en el informe anual sobre la gestión de la Sindicatura de Greuges. De hecho, un 16% del total de denuncias que recibió la Sindicatura en 2005 estaban relacionadas con la actividad del urbanismo coincidiendo con los varapalos de la UE a la Generalitat por su política de ordenación del territorio.

El informe de la Sindicatura no deja de lado esta situación. «Este año hemos detectado una preocupante aumento en la tendencia, evidenciada por diversos ayuntamientos, de desarrollar grandes porciones de suelo al margen del plan general de ordenación urbana, sin modificarlo ni revisarlo previamente, y haciendo un uso abusivo de la potestad, excepcional y restrictiva, de aprobar los señalados planes parciales de mejora», apunta textualmente la memoria anual rubricada por Bernardo del Rosal.

La Sindicatura, además, ha registrado numerosas quejas sobre la autorización para la construcción de campos de golf, que el Consell ha impulsado por ley y con gran incidencia en las comarcas alicantinas. El informe del defensor del pueblo valenciano, que en esta ocasión pone como ejemplo un proyecto en las inmediaciones de Gandia, constata que la mayoría de las denuncias coinciden en la «falta de transparencia» con la que las instituciones públicas tramitan las autorizaciones para la ejecución de este tipo de instalaciones.
Además, pone el macroplán urbanístico de Rabassa, que prevé la construcción de más de 15.200 viviendas en Alicante, como ejemplo de un proyecto impulsado a espaldas de los ciudadanos, según consta en el informe anual que el Síndic, Bernardo del Rosal, entregó el martes en las Cortes correspondiente a 2005.

Del Rosal advierte de que los planes con fuerte oposición vecinal son muy difíciles de llevar adelante y critica con dureza el «abuso» en el que, a su juicio, está incurriendo la administración local a la hora de aprobar proyectos urbanísticos al margen del planeamiento general.
El comisionado de las Cortes para la defensa de los derechos de los ciudadanos parte de la base de que, en su opinión, los gobiernos municipales deberían tener más en cuenta las opiniones de los censados a la hora de poner en marcha su gestión urbanística. «Los vecinos se sienten muchas veces ignorados por las autoridades públicas que toman decisiones -afirma- sin contar con sus opiniones, observaciones y sugerencias».
Del Rosal, que el próximo domingo acaba mandato, avisa de que, en este contexto, «son muchas las dificultades que existen para desarrollar proyectos urbanísticos trazados a espaldas de los ciudadanos y con la oposición de los vecinos», añade el síndic.



La nueva ley urbanística suspende la reválida europea



EDITORIAL




No hizo caso a las advertencias de 25 comisarios europeos -ni tampoco al Síndic, Bernardo del Rosal-, y en consecuencia la nueva Ley Urbanística Valenciana acaba de ser reprobada también por la Comisión Europea. El conseller de Territorio, Rafael Blasco, que se pasó meses demonizando la anterior ley -la LRAU- por socialista, apeló siempre a su nuevo texto legal para repeler los ataques contra la política territorial bajo su propia administración. No bastaban las críticas de los expertos o la evidencia a ojos de cualquier observador de las continuas reclasificaciones de suelo, el conseller Blasco todo lo achacaba a una ley anterior aprobada en el último suspiro de la etapa del PSPV.

Ahora, sin embargo, la nueva ley sí es plenamente suya. Y en este caso, el conseller fue advertido, igualmente, por profesionales del ramo y diversos juristas de que la LUV no resolvía, en esencia, los problemas de libre concurrencia de la LRAU. Europa le señaló, incluso, el descaro legal que suponía mantener un período transitorio por el que más de un centenar de planes urbanísticos de transformación del suelo en solares edificables iban a seguir beneficiándose con plusvalías excesivas a ojos de la civilizada Bruselas. Blasco siguió adelante y su LUV produjo el efecto llamada esperado.

La Comisión Europea, sin embargo, no puede ser más clara: considera que, todavía, el ordenamiento legal del urbanismo valenciano es demasiado discrecional, dejando en manos de los ayuntamientos la toma de decisiones sobre contratos multimillonarios con un alto grado de aleatoriedad. El conseller no baja su tono: acusa al Gobierno central por no transponer las directivas europeas sobre contratos y, finalmente, lanza el reto de que la Comisión dé paso a la intervención del Tribunal Europeo. Blasco pide que se aclare, de una vez, si su LUV es legal a la vista del resto de los socios comunitarios.

No es baladí la cuestión, dado que una sentencia negativa del Tribunal de Estrasburgo dejaría al urbanismo valenciano herido en su credibilidad ante el gran mercado de compradores europeos que son, en estos momentos, los que mantienen el tono del sector inmobiliario. A pesar de lo cual, el conseller Blasco lanza el órdago final. Quizás tenga razón, pero no se entiende por qué ha tenido que hacer mal las cosas a sabiendas del contenido de los dictámenes, qué razones se ocultan para favorecer, coyunturalmente, a docenas de constructores beneficiarios de la disposición transitoria, así como los verdaderos motivos por los cuales ha redactado un reglamento de la ley mucho más extenso y prolijo que la propia ley apenas semanas después de su aprobación. Qué razones, en definitiva, hay para que un conseller quiera ponerse en evidencia, retar a toda una Comisión Europea y poner en riesgo la buena imagen continental del Consell y de la Comunidad Valenciana.

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LAS PROVINCIAS 6-04-06



Valencia



Moragues achaca a una papelera de Alzira la contaminación del río Verde



El presidente de la CHJ califica de “irresponsabilidad” el retraso en la depuradora de Carcaixent



Contundente. Así se mostró el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar al referirse a la contaminación del río Júcar. Juan José Moragues achacó a una empresa papelera de Alzira los vertidos que están contaminando el río Verde. Además, calificó de “falta de responsabilidad” el retraso en la depuradora de Carcaixent.



DESA BATALLER/ ALZIRA



“La papelera Río Verde Cartón es de todo menos verde”. Con esta contundente frase definió el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, a una empresa ubicada en la ciudad de Alzira y a la que achacó parte de la responsabilidad en la contaminación que está sufriendo el río Verde y como consecuencia el Júcar.

Según Moragues, la contaminación del agua tiene periodos más o menos graves pero va disminuyendo, “aunque en el momento que tenemos este periodo de sequía y no se ha luchado contra los focos de contaminación, pues pasa lo que pasa”.

El presidente de la Confederación hacía referencia a los últimos casos de mortandad de peces que ha padecido el río Júcar como consecuencia de los vertidos industriales.

Para el máximo representante de este organismo, lo que hace falta es una actuación y una inversión tremenda por parte del Gobierno autónomo en actuación de depuración y de reutilización.

“Lo que no pude ser es que la depuradora de Alzira-Carcaixent se proyectara en 1993 y que en 2004 estuviera parada porque no tenía los colectores”, lamentó Juan José Moragues. “Es una falta de responsabilidad tremenda”, añadió.

Cuestión de prioridades
Para el presidente de la CHJ, “todo es cuestión de prioridades”. Así, criticó el hecho de que en el Plan del Júcar, en un quinquenio, de 1999 a 2003, “la prioridad absoluta del Gobierno autonómico sea la reutilización y modernización de regadíos”. Además, añadió, “en 2003 se anunció que se empezaría a modernizar los regadíos, cuando lo que se tenía que hacer es cortar la cinta”.

Juan José Moragues lamentó que el Gobierno haga un programa financiero de ayuda a toda la industria papelera de España para que predepure las depuradoras “y resulta que el dinero de España va a sanear las papeleras menos ésta”, apuntó Moragues en clara alusión a la empresa alcireña.

En referencia a los últimos vertidos al río Júcar, el presidente de este organismo estatal reconoció que la CHJ “no tienen competencias en el origen de los vertidos”.

“Podemos sancionar, clausurar, pero eso es precisamente lo que no queremos hacer”, señaló. “A nadie le gusta poner sanciones millonarias, porque al final pagan la sanción pero la contaminación sigue y eso no se resuelve”, puntualizó Moragues.

Aún así, el presidente advirtió que la Confederación “no es un lugar que cuando uno entra se asusta, pero si no hace las cosas bien que no se asuste, pero que se prepare. Ya está bien de dejar el medio ambiente a la cola de todo”.

Años de sequía
Por otra parte, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar hizo referencia a la situación de sequía que se está viviendo y que llevó, hace unas semanas, a que se extendiera el rumor de que los agricultores no iban a poder regar sus cultivos.

Juan José Moragues reiteró que en la Ribera “no habrá restricciones de riego’’, a pesar de la fase de sequía existente.

Según el presidente, la dotación de agua para el riego de todo el Júcar se decidió en el mes de febrero por la Comisión Permanente de la Sequía, donde están representados los usuarios “y las dotaciones, que tienen restricciones, debidas a los dos años que llevamos de sequía, eran importantes”. Aún así, Moragues aseguró que la CHJ va a garantizar que no hayan restricciones humanas y que el regadío tenga esa cantidad de agua suficiente para salvar el año”. “Nuestra obligación es que se cumpla eso, que la gente sea responsable en su consumo”, añadió. Y es que, tal y como apuntó Moragues, “la sequía se mantiene y se prevé un verano complicado”.

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LEVANTE 5-04-06



El Síndic dice que «no estaría pasando lo que está pasando» en urbanismo si le hubieran hecho caso



Del Rosal: «Si ser crítico me cuesta el cargo, mal mensaje se está dando al siguiente»

Bernardo del Rosal afirmó ayer que si las administraciones hubieran atendido sus recomendaciones en materia urbanística, «no estaría pasando lo que está pasando», en alusión a los escándalos en torno a la política del ladrillo. El Síndic presentó ayer en las Cortes la memoria de la institución de 2005 y, a cinco días de cesar en el cargo, aprovechó para hacer un balance de su gestión, en el que más que cifras habló sin tapujos sobre su relación con el Consell.




J. Ruiz/J. J. García, Valencia

El Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, se despidió ayer del cargo con una rueda de prensa en las Cortes en la que no rehuyó ninguna pregunta. Algunas las contestó sin morderse la lengua y en otras dio respuestas sibilinas, pero en las que se hizo entender perfectamente. Del Rosal acudió al Parlamento a entregar la memoria de la institución del ejercicio 2005 y un informe sobre su gestión desde 2001. El acto, al que el presidente de las Cortes, el zaplanista Julio de España, dio cobertura institucional, se adelantó dos meses respecto al año pasado. Tenía un motivo. Su mandato expira el próximo domingo y el Consell que preside Camps no tiene interés alguno en renovarle en el cargo. No sólo no han hablado con él, según admitió el propio Síndic, sino que desde Presidencia se ha lanzado ya el nombre del senador del PP Miguel Barceló como posible sustituto, un gesto que Del Rosal ha sentido como «una pequeña descortesía». «Déjenme que termine antes de enterrarme», comentó en un momento de la rueda de prensa, que enfrentó solo sin la presencia de sus dos adjuntos.

A cinco días de su cese automático, el Síndic que ayer acudió a las Cortes poco tiene que ver con aquel que, en tiempos de Eduardo Zaplana, inauguró su mandato con un informe en el que cambió la metodología que se aplicaba en la Sindicatura para elaborar su lista negra de organismos hostiles para evitar que figuraran en ella ese año (2001) el Ayuntamiento de Valencia y la Conselleria de Bienestar Social. Cinco años después, Del Rosal se va dejando una lista de treinta administraciones hostiles, en las que incluye cuatro conselleries, y con seis informes especiales a sus espaldas, algunos muy críticos con la gestión pública como el de la situación de los enfermos mentales, la actividad urbanística o el acceso a la vivienda. Este último provocó una reacción sin precedentes de la Conselleria de Territorio y Vivienda, con ataques directos a la institución. Del Rosal lo redujo ayer a «declaraciones destempladas que no sentí como presión». No obstante, no se amilanó al ser preguntado por los periodistas sobre los escándalos urbanísticos: «Me reafirmo en las recomendaciones del último informe. Y si se hubieran cumplido a lo mejor no estaría pasando lo que está pasando». Del Rosal recordó que todavía está firmando resoluciones en el mismo sentido, en las que pide transparencia, aplicación de la ley de contratos públicos y respeto a los ciudadanos. Más tarde volvió sobre el asunto e incluso se refirió a «ayuntamientos que ahora están en el candelero» que «precisamente son de los que menos se puede decir» que respetan a la Sindicatura, en referencia entre otros a Orihuela, un fijo en la lista negra en los últimos años. Del Rosal recordó que la responsabilidad «primordial» en materia urbanística es de los municipios, pero resaltó que a la Conselleria de Territorio se le reprocha su «inactividad» por «no ejercitar competencias subsidiarias».
Sobre la corrupción y las acusaciones cruzadas de los partidos, Del Rosal evitó dar consejos a los políticos -«no soy una autoridad moral», dijo-, pero sí hizo una reflexión general sobre los casos: «Como ciudadano me desagradan profundamente, porque estas situaciones acaban pagándolas los ciudadanos con sobrecostes, deudas millonarias o agujeros financieros».



EXPEDIENTES

Considera «preocupante» el abuso de planes urbanísticos fuera de ordenación



El principal motivo de queja, el urbanismo, se dispara al 19%




J. G. G./J. R., Valencia

El alto comisionado de las Cortes para la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a la Administración se hace eco en su informe de la fiebre urbanística que recorre la Comunidad. Y lo hace en términos críticos. «Este año -advierte- hemos detectado un preocupante aumento en la tendencia, evidenciada por varios ayuntamientos, de desarrollar grandes porciones de suelo al margen del plan general de ordenación urbana, sin modificarlo ni revisarlo previamente, haciendo un uso abusivo de la potestad, excepcional y restrictiva, de aprobar los llamados planes de mejora».

No sólo eso. El Síndic revela que la Conselleria de Territorio no aceptó la resolución en la que se recomienda que, junto con el Ayuntamiento de El Verger, y en el ámbito de su respectiva competencia, se paralice el desarrollo de un PAI y se impida cualquier actuación material que efectúe el urbanizador «hasta que las deficiencias advertidas en el acuerdo aprobatorio del mismo sean subsanadas por el ayuntamiento y después supervisadas por la conselleria». El principal motivo de queja de los valencianos en 2005 fue el urbanismo y la vivienda, el 19%, casi una de cada cinco protestas, frente al 14% que supuso en 2004. Le siguen los servicios de entidades locales, con un 16%; Medio Ambiente, 14%; Servicios Sociales, 10%; Empleo Público, 8%; Educación, 6%; Sanidad, 5%; derechos lingüísticos, 4%, y Hacienda, 3%. El Síndic admitió a trámite el 73% de quejas (frente al 61% el año anterior). El número de resoluciones no aceptadas pasó de 46 a 70 en 2005.



REINICIO DEL PROCESO

Europa abre otro procedimiento de infracción contra la ley urbanística por violar directivas comunitarias



La Comisión arremete contra el Consell por haber seguido
tramitando PAI al amparo de la anterior ley hasta el 1 de febrero




Clara Pinar, Bruselas. corresponsal

La ley urbanística valenciana (LUV) se convirtió ayer en sucesora de la ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU) no sólo por lo que respecta a esta actividad en la Comunidad, sino en cuanto a los procedimientos de infracción abiertos en la Comisión Europea. Los 25 comisarios decidieron dar carpetazo al procedimiento de infracción que se seguía desde marzo de 2005 contra la LRAU para iniciar uno desde el principio contra la nueva LUV, al constatar que ésta mantiene numerosas irregularidades que fueron objeto del procedimiento anterior, así como de parte de las miles de quejas ante el Parlamento Europeo que dieron como resultado el demoledor Informe Fourtou.

Bruselas aludió ayer a uno de los aspectos más controvertidos de la LUV, los periodos de transición en virtud de los cuales muchos programas de actuación integrada (PAI) se seguirán tramitando al amparo de la LRAU después de haber sido derogada. «Las autoridades españolas no han atendido a las advertencias previas y han seguido concediendo contratos en el marco de la LRAU hasta el 1 de febrero de 2006, con la consiguiente violación de las directivas de contratación pública de la UE», denunció la Comisión en su explicación de motivos.
Se esperaba que en su reunión de ayer la Comisión tomase una decisión sobre si denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE debido a la LRAU, en respuesta al dictamen motivado que envió a Madrid el pasado mes de diciembre y que suponía el último paso antes de denunciar a España ante el Tribunal de Justicia Europeo. En su lugar, el Ejecutivo comunitario consideró que es inútil arremeter contra una norma que está fuera de aplicación y decidió tratar de enmendar las incorrecciones de la LUV mediante una «carta de emplazamiento» en virtud de la cual España tiene dos meses para responder a las dudas comunitarias. En caso de no quedar satisfecha, la Comisión enviará una segunda carta, en forma de dictamen motivado, y en tercer y último lugar, se reserva el derecho de acudir los tribunales europeos.

Pegas a los anuncios y contratos

Bruselas insiste en que «la nueva ley no parece remediar las posibilidades de infracción que existían en la LRAU», por elementos como «el contenido de los anuncios de licitación y los documentos contractuales para la adjudicación de los PAI», así como por la posibilidad que ofrece la norma de «aumentar el precio del contrato tras la selección del agente urbanizador». Por otra parte, Bruselas estima que «otros aspectos del procedimiento de selección de agentes urbanizadores no cumplen las directivas de la UE en materia de contratación pública», entre ellos las propuestas para iniciar un PAI, la presentación y contenido de las ofertas, la admisibilidad de variantes, los criterios de concesión y la posibilidad de modificar partes del contrato y del proyecto seleccionado después de la adjudicación del contrato.



POLÍTICA

PSOE, ERC e IU abren un frente contra la corrupción que iguala Castelló a Marbella



El republicano Joan Tardà asegura que en Castelló se registran casos con el «mismo cáncer» que en Marbella. Un informe socialista sobre la corrupción incluye a Carlos Fabra y Cas-Legis




Levante de Castelló, Castelló

Los partidos políticos de la izquierda parlamentaria han abierto un frente contra la corrupción relacionada con el urbanismo que está aflorando en el litoral español y han puesto los casos detectados en Castelló de malas prácticas políticas. Los grupos de ERC e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en el Congreso urgieron ayer a cambiar el modelo de crecimiento económico en Levante, basado en «el ladrillo y la especulación», porque es el que «hace posible» que se produzcan casos como el de Marbella.

En rueda de prensa celebrada en la Cámara Baja, el portavoz de ERC, Joan Tardà, afirmó que «existen otros casos parecidos» afectados por «el mismo tumor, el mismo cáncer» y como ejemplo citó los «sospechosos» crecimientos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, y más concretamente en Castelló, «muy ligados a la especulación». También apuntó las reiteradas vacantes en la Fiscalía Anticorrupción, un episodio que, en su opinión, «tiene que ver» con el caso Fabra en el que está implicado el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, al que describió como «un personaje inquietante».
El portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, anunció que su grupo pedirá hoy en el pleno «medidas transversales» para hacer frente a estas corrupciones. La diputada Isaura Navarro preguntará hoy por las medidas que piensa adoptar el Gobierno para luchar contra la corrupción urbanística. Navarro pondrá «especial énfasis en la corrupción urbanística que padecen las comarcas de Castelló».
Según Navarro, «el escándalo de Marbella no es aislado, ya que en las comarcas de Castelló hay demasiado casos que hacen temer estar en casos de parecidas características», por lo que, dijo, «es el momento de poner control y hacer frente a la especulación y jugadas oscuras de ciertos concejales o ayuntamientos».
Navarro argumentará que el presidente provincial del PP en Castelló, Carlos Fabra, es «el gran paradigma de todo lo que están pasando en Castelló, donde -dijo- el urbanismo, sobre todo en la costa, ha dejado de ser un instrumento de ordenación del territorio en manos de los ayuntamientos, ya que los que marcan la pauta son las grandes empresas».
También incidirá en el «férreo poder de Fabra y su visión de la política como negocio particular no están únicamente en ámbitos como el de los fitosanitarios por el que está siendo investigado judicialmente», pues, agregó, «no puede perderse de vista que el boom económico de la provincia es el urbanismo, y las grandes actuaciones promovidas por éste han sido siempre para beneficiar a las mismas empresas constructoras».
Isaura Navarro hará un repaso de los casos de presunta corrupción en las comarcas de Castelló, y exigirá medidas sobre ello. Así, se referirá a los negocios del vicepresidente de la Diputación Francisco Martínez «con los terrenos del aeropuerto, entre otros», las relaciones de los concejales del PP y PSOE de Cabanes y Orpesa con Marina d'Or, los negocios inmobiliarios del ex alcalde de Castelló José Luis Gimeno, o los «presuntos tratos de favor» del alcalde, Alberto Fabra.
La secretaria de Política Económica y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, pidió al presidente del PP, Mariano Rajoy, y al de la Generalitat, Francisco Camps, que «tomen buen ejemplo de la Junta de Andalucía y del Gobierno central en el caso del Ayuntamiento de Marbella y que apliquen los mismos criterios en la Comunidad Valenciana». «Si a Rajoy le parece un drama lo que está ocurriendo en Marbella, no debería parecerle menos lo que está sucediendo en Castelló», remachó la socialista, quien ha hizo publico un informe sobre la corrupción en el que incluía a la asesoría Cas-Legis, según informa Efe. A la firma estuvo ligado el diputado del PP Ricardo Costa, y ha sido involucrada en el caso Fabra.

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INFORMACIÓN DE ALICANTE 5-04-06



LA POLÉMICA DEL AGUA

Desestiman la demanda contra la paralización del Júcar-Vinalopó



La sentencia de un juzgado de lo Mercantil de Valencia considera que Aguas del Júcar tenía competencias para parar la obra y analizar su viabilidad



F. J. B. / REDACCIÓN




El juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia hizo pública ayer la sentencia que desestima la demanda presentada por Andrés Martínez, presidente de la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó, contra la empresa estatal Aguas del Júcar por la suspensión el 29 de julio de 2005 de las obras de los tramos 2, 3 y 4 del trasvase. Tras escuchar a ambas partes en el juicio celebrado el pasado 22 de marzo, el juez estima que Aguas del Júcar tiene potestad para tomar esta decisión y que lo hizo para ahorrar costes.

El Ministerio de Medio Ambiente presentó el 28 de julio de 2005 una propuesta de trazado alternativo para el trasvase trasladando la toma del agua de Cortes de Pallás a Cullera, que sería estudiada durante dos meses para determinar su viabilidad. Finalmente, Medio Ambiente optó por modificar el proyecto justificando que adelantaría plazos de ejecución y aportaría más agua a la provincia de Alicante. Algo que rechaza la Junta Central de Usuarios debido a la mala calidad del agua en Cullera y, según los usuarios, la imposibilidad de pagarla al haber quedado fuera los abastecimientos.

La paralización fue denunciada por el presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó y ex consejero de Aguas del Júcar, Andrés Martínez, al considerar que la sociedad pública no tenía potestad para decidir sobre la misma. Sin embargo, el juzgado de lo Mercantil considera que Aguas del Júcar tiene competencia para adoptar esta decisión, la cual se tomó atendiendo a criterios de «eficiencia» para evitar los «ingentes gastos económicos» que conllevaba la ejecución de las obras cuando «no constaba con certeza» de cuál iba a ser la decisión definitiva del Gobierno sobre el trazado del trasvase. Finalmente se optó por cambiar la toma alegando, entre otras razones, el mayor consenso obtenido en la cuenca cedente.

La sentencia recuerda que la descentralización de la Administración se instrumentaliza a través de entidades de carácter administrativo, o de carácter mercantil-industrial-financiero, las cuales pueden llegar a ejercitar la práctica totalidad de las facultades y potestades de la misma. Actualmente, señala el auto, la legislación indica que las sociedades mercantiles estatales se regirán íntegramente por el ordenamiento jurídico privado, con la finalidad de potenciar los criterios de «eficacia y eficiencia». El juez afirma que Aguas del Júcar aplicó el criterio de eficacia en su decisión, concebida como «el menor empleo de costes» y que concilia «con el ideal de empresa en el marco de una economía de mercado».

Según expone, la paralización «resultará más o menos del agrado de los diversos consejeros de la sociedad, pero ello no convierte en nulo el acuerdo válidamente adoptado con la mayorías legalmente exigibles. Ninguna norma de la legislación societaria aparece como vulnerada», reitera el fallo judicial, que también indica que «no parece que se haya quebrantado en modo alguno el procedimiento hábil para la suspensión de las obras».

El juzgado desestima por tanto la demanda presentada por Andrés Martínez, a quien le impone el pago de las costas procesales, y absuelve a Aguas del Júcar de las pretensiones expuestas en la misma, según informó Efe.



Marugán: «El trasvase no lo para nadie, espero que Martínez deje la crispación»



F. J. B.




El consejero-delegado de Aguas del Júcar, José María Marugán, recibió ayer con satisfacción «el que la justicia nos haya dado la razón. El Ministerio de Medio Ambiente siempre ha actuado por el interés general y si se cambió la toma al Azud de la Marquesa fue para garantizar más agua para Alicante que es el objetivo. Claro que me congratulo porque la sentencia demuestra que nadie puede parar el trasvase Júcar-Vinalopó». Marugán indicó que «a pesar del PP el trasvase se va a hacer y lo que pido a las comunidades de regantes es que abandonen la estrategia de la crispación y el enfrentamiento que representa Andrés Martínez y se sumen así a la solución que impulsa el Ministerio» Marugán se mostró también satisfecho «porque la sentencia deja fuera de juego a todos aquellos que apostaban por seguir las obras desde Cortes de Pallás y valora que esta sociedad estatal actuara basada en criterios de eficacia y eficiencia». Marugán recordó que «el Júcar-Vinalopó se hará y sólo hace 12 días el Gobierno garantizó su financiación. En el convenio queda claro además que los 75 millones del préstamo se repercutirán a los regantes en 50 años. ¿Qué mas garantías se necesitan?».

Antonio Godoy, portavoz de Infraestructuras del PSPV, apuntó que «la sentencia es también un claro toque de atención para el Consell que está detrás de todas las denuncias. Que se calle y deje trabajar a los que queremos agua».

Por su parte, Andrés Martínez, señaló que «la sentencia está ahí y no hay que más que hablar. El problema no se resuelve en el fondo porque el agua de Cullera no tiene calidad. Espero que la ministra Narbona sea sensible a nuestras alegaciones e impere el sentido común en el Ministerio».

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EL PAÍS 5-04-06



El informe de la Sindicatura de Greuges


Del Rosal dice que sus consejos sobre urbanismo podrían haber impedido "cosas que están pasando"



El Síndic de Greuges aboga por poner "coto" a los casos de corrupción
JUANJO GARCÍA DEL MORAL - Valencia

El Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, afirmó ayer que si la Administración hubiera cumplido las recomendaciones referentes al urbanismo valenciano que ha plasmado en sus informes, "a lo mejor no estarían pasando algunas cosas que están pasando", en referencia, entre otros, al caso Orihuela. Del Rosal, que entregó ayer en las Cortes el que será su último informe, pues acaba su mandato el 9 de abril, reiteró su "disponibilidad" para continuar en el cargo, pero dijo que nadie le ha ofrecido seguir y consideró una "descortesía" que el PP haya lanzado el nombre de su posible sustituto antes de hora. "Déjenme que termine antes de enterrarme", declaró el Síndic, que aseguró que en estos cinco años no ha recibido presiones.

Bernardo del Rosal deja el cargo de Síndic de Greuges con la satisfacción de haber dado un importante impulso a la institución, que en los últimos cinco años ha multiplicado su trabajo: tanto en lo referente al número de quejas presentadas por los ciudadanos (2.033 en el año 2005) y al porcentaje de estas que finalmente fueron admitidas y desembocaron en una resolución (73% el año pasado), como, sobre todo, a las iniciadas de oficio por la Sindicatura (80 en 2005) y, en general, a las iniciativas que se han saldado con un resultado favorable para los ciudadanos. El Síndic indicó que "un año más", las quejas en torno al urbanismo y la vivienda fueron las más numerosas (el 19% el año pasado y un 23% en lo que va de 2006), seguidas por las referidas a la Administración local (16%) y las relacionadas con el medio ambiente (14%).

En 2005 también aumentó, -hasta 31, frente a 21 en 2004- el número de administraciones públicas que la Sindicatura considera "hostiles": aquellas que no contestan a los requerimientos o resoluciones de la institución o que lo hacen a destiempo o bien de forma injustificada. Son las consejerías de Sanidad, de Justicia y Administraciones Públicas, de Cultura y Educación, y de Bienestar Social. Las dos primeras son declaradas hostiles en una ocasión y las otras dos figuran con tres nominaciones cada una. También aparecen como hostiles 26 Ayuntamientos, algunos igualmente con nominación múltiple, como Alboraia y La Vila Joiosa (tres cada uno), o los de Alicante y Llíria, con dos.

Tras entregar su informe del año 2005 a Julio de España, presidente de las Cortes Valencianas, de las que depende la Sindicatura, Bernardo del Rosal compareció en conferencia de prensa para hacer balance de sus cinco años como Síndic. "La institución ha alcanzado la velocidad de crucero", dijo Del Rosal, quien destacó la eficacia del personal, puesto que pese a que el trabajo se ha doblado, el tiempo de respuesta se ha reducido a la mitad. Aseguró que la "salud" de la institución "es buena" y que ahora goza de más confianza por parte de los ciudadanos.

Al ser preguntado por el urbanismo, que destaca cada año como uno de los principales motivos de queja de los ciudadanos, Del Rosal aseguró que en este tipo de "cuestiones polémicas" se "reafirmaría" en las recomendaciones que ha plasmado a lo largo de estos años -como las referidas a la necesidad de mayor "transparencia", a la "exigencia" de que la contratación sea pública y a que se respeten los derechos de los ciudadanos- y añadió: "A lo mejor, si se hubieran cumplido [sus recomendaciones], no estarían pasando algunas de las cosas que están pasando". Era una clara referencia a las polémicas surgidas en muchos pueblos valencianos por la proliferación de Planes de Actuación Integrada (PAI). En este punto, el Síndic afirmó que la "responsabilidad primordial" en los conflictos urbanísticos que denuncian los ciudadanos es de los Ayuntamientos. Y añadió que algunos municipios que ahora mismo están "en el candelero" precisamente por cuestiones de esta índole son los que "menos respeto" han mostrado por las resoluciones de la Sindicatura. Era una clara referencia a casos como el de Orihuela -un Ayuntamiento que ha aparecido como hostil en los últimos años- o el de Torrevieja, pero que Del Rosal no quiso explicitar.

Al ser preguntado por los casos de corrupción política, el Síndic indicó que es algo que le "desagrada profundamente" como ciudadano y abogó por ponerles "coto". Porque "todo esto lo acaban pagando los bolsillos de los ciudadanos, que nada tienen que ver con todo ello", porque se traduce en "sobrecostes, deudas millonarias o agujeros financieros", según Del Rosal.

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LEVANTE 4-04-06



Clar com l´aigua?



JOSEP M. JORDÁN GALDUF - CATEDRÀTIC D´ECONOMIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA




Assistim en l´actualitat a una nova campanya publicitària de la Generalitat Valenciana, sobre el tema de l´aigua, que sembla d´un dubtós talant moral. No només perquè és una considerable despesa pressupostària, dels diners de tots, en una partida d´interés més bé particular (quan hi ha tan gran dèficit a la Generalitat i tantes necessitats socials per cobrir), sinó perquè, per damunt de tot, resulta tendenciosa i amaga la veritat del problema de l´aigua (amb la sospitosa pretensió de manipular els ciutadans).

Patim d´escassesa d´aigua a la Comunitat Valenciana? En virtut de què? De l´agricultura? Això s´indicava fa temps, però ara sabem que els agricultors hi són agafats només com una excusa (com un instrument per a unes altres intencions). La forta expansió urbanística se´ns revela com el factor de demanda més important, amb un interés circumscrit principalment a grups (i negocis) privats. Per exemple, el Consell acaba de donar llum verda al procés per poder urbanitzar 18 milions de metres quadrats i més de 47.000 vivendes al voltant del parc temàtic de Mundo Ilusión (a càrrec de Marina d´Or), mentre que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer assegura que només 10 dels 300 PAI que hi ha en marxa tenen garantida l´aigua.

La solidaritat interterritorial que es reclama, és amb aquesta finalitat? Resulta tan inútil l´aigua de l´Ebre que va a parar a la mar? El dret de l´aigua on acaba, més enllà de les necessitats bàsiques? Si hi ha escassesa d´aigua és, sobretot, perquè hi ha un allau de PAI, mentre manca una directiu clara i ferma per promoure la conservació dels recursos naturals, el seu ús sostenible i garantir la qualitat de vida. Quina és la repercussió sobre el medi ambient de tot això? Com es gestiona el recurs de l´aigua? Quin és el seu nivell de qualitat? Quin el seu preu adequat?

La recent publicació del llibre de Lluís Romero, L´aigua al Camp de Túria (el flux des d´una perspectiva sistèmica), publicat per l´Institut d´Estudis Comarcals del Camp de Túria y la CAM, provoca aquestes reflexions. És un treball sobre els recursos hídrics de la comarca, com una mostra del que passa al conjunt de la Comunitat. Un treball que aporta una visió documentada i rigorosa sobre el tema, i afavoreix un ample debat públic per superar els missatges maniqueus i simplistes que constantment se´ns tracten d´imposar.

L´objectiu del llibre és fer un diagnosi de la situació qualitativa i quantitativa de l´aigua al Camp de Túria, analitzant l´oferta (o les disponibilitats) i la demanda (derivada de les distintes activitats), tot ressaltant el repte que suposa la bona gestió d´un recurs tan valuós i estratègic. Precisament, una de les principals conclusions de l´estudi és aquesta: la necessitat de millorar la gestió de l´aigua i evitar la seua degradació, més que reivindicar recursos externs per les activitats presents i futures. Sembla que som davant un model de gestió i de desenvolupament un tant insostenible, i això cal revisar-ho en bé del nostre futur.



OPERACIÓN MALAYA

Pumpido pone al valenciano Vercher al frente de la lucha contra los delitos urbanísticos



El PSOE e IU piden la creación de la Fiscalía especial para evitar escándalos como el de Marbella

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, destacó ayer en el Senado que hoy tomará posesión en el Tribunal Supremo Antonio Vercher como fiscal de Sala coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, cargo con el que se reforzará la Fiscalía «para luchar con mayor contundencia contra las actuaciones urbanísticas» y evitar así casos como el destapado recientemente en Marbella en la «operación Malaya».




Europa Press/ Efe, Madrid

Conde-Pumpido resaltó que «la Fiscalía está trabajando de una manera escrupulosa y muy seria para esclarecer los supuestos de corrupción», para lo que «hace un año se nombraron seis fiscales Anticorrupción en los puntos del litoral español» en los que se creía que eran más necesarios y uno de ellos era Málaga.

Tras destacar que el fiscal Anticorrupción de Málaga «desempeña su labor con una gran dedicación y discreción, de una manera muy callada y muy rigurosa», Conde-Pumpido destacó la toma de posesión de Vercher como fiscal coordinador para la lucha contra los delitos medioambientales y urbanísticos. «Nos interesa mucho que, como se ha planteado políticamente, esa Fiscalía se refuerce, para que tenga todos los medios necesarios para poder luchar con mayor contundencia contra las actuaciones urbanísticas», agregó.

Coordinar las actuaciones



La candidatura del nuevo fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, hasta ahora destinado en la Fiscalía del Supremo, obtuvo 11 votos en el Consejo Fiscal del pasado 14 de marzo. Este fiscal de Sala de nueva creación coordinará a nivel nacional la red de fiscales de Medio Ambiente, una de las prioridades del Ministerio Público junto con la correcta ordenación del urbanismo.

Según informó la Fiscalía General, con este nombramiento se pretende impulsar desde el órgano que dirige Cándido Conde-Pumpido la actuación coordinada de todos los fiscales en esta materia, «hacia la que la sociedad viene demandando en los últimos tiempos una especial atención».

Hoy tomarán posesión de sus cargos en el Tribunal Supremo, además de Antonio Vercher, como fiscal de Sala coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Juan Manuel Oña, como fiscal de Sala coordinador de Siniestralidad Laboral, y Pilar Barrero Juan, fiscal jefe de lo Social del Tribunal Supremo.

Fiscalías especiales

El grupo parlamentario socialista presentará hoy una proposición no de ley con la que pretende que se dote al Fiscal General del Estado de más instrumentos y medios para perseguir los delitos urbanísticos, como la creación de una fiscalía especial para esta materia. El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, hizo este anuncio tras la reunión de la Ejecutiva del partido.

El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, también propuso ayer, acometer una iniciativa «fuerte» en materia fiscal y judicial, creando Fiscalías Anticorrupción en «todas aquellas» CC AA que son «pasto de la presión especulativa y la corrupción, como ocurre por ejemplo en Murcia».



Corrupció immobiliària



Opinió

CARME MIQUEL




El cas de Marbella no ha sorprés ningú.Tothom sospitava de fa temps, que hi imperava la llei del «pelotazo» i el descontrol urbanístic. Ací, al nostre país, també hi ha moltes sospites ben fonamentades i, si acaben provant-se tal com hauria de ser, tampoc ningú no s´hi sorprendrà. Ens hem acostumat a viure sabent que en el negoci de la construcció no sempre hi ha aigua clara. Ja ho va dir un fiscal en un congrés de juristes celebrat a Valencia i ho diuen les ONG relacionades amb el tema: en els projectes urbànístics i dins dels àmbits municipals, és on més corrupció existeix.
La situació generada per la manera com està produïnt-se el procés urbanitzador, és perversa des de molts angles. Hi ha l´esmentada corrupció amb diners pel mig, que també afecta a canvis il·legals en els censos electorals, tal com s´explicava en aquest diari diumenge passat. Hi ha l´agreujament de problemes mediambientals i la creació de nous d´aquests problemes. I hi ha la fabricació de mentides per amagar-los.
Però la perversió del sistem abasta més àmbits: ha creat entre part de la població una actitud complaent amb els diners fàcils, ha transmés la idea que els guanys econòmics ho justifiquen tot, ha provocat la transformació de molts ciutadans en vulgars especuladors, ha afavorit l´avarícia i el recel i ha creat enemistats greus entre familiars i veïns a causa de les divergències en els preus dels camps o en els plantejaments urbanístics.
Hi ha a més un fet molt perillós. S´està aplicant la política del «pa per a hui, fam per a demà». S´ha centrat tot el desenvolupament econòmic en la construcció i s´estan perdent altres mitjans de producció. De què viurem d´ací a uns pocs anys? Quins mitjans econòmics s´ofereixen als nostres fills i als nostres nets després del negoci del ciment i les rajoles?

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EL PAÍS 4-04-06



La mitad de la costa mediterránea estará construida en 2025, según un informe de la ONU
Habrá una población de 90 millones de personas, 160 centrales energéticas más, varias docenas de refinerías" y unas 175 desaladoras
EFE - Ginebra

La mitad del litoral del Mediterráneo estará construido en 20 años, según ha alertado un grupo de expertos de la ONU, que asegura que el aumento de infraestructuras y el incremento de la población será "desastroso" para el medio ambiente si no se toman las medidas oportunas para evitarlo. Ésas son las conclusiones de los más de 300 expertos que han realizado una prospectiva sobre el futuro medioambiental de los países ribereños del Mediterráneo en 2025 y cuyos resultados han sido difundidos hoy.

Los 21 países bañados por el Mediterráneo encargaron al Plan Azul, un observatorio del medio ambiente y del desarrollo sostenible de la cuenca mediterránea impulsado por la ONU, elaborar ese informe de la región a partir de su situación actual. Según ese documento, mientras que la población de los países ribereños habrá aumentado en 2025 el 22,7% (hasta los 524 millones de habitantes), en las zonas urbanas ese incremento será del 75%.

Además, la población de las localidades costeras aumentará el 28% (de 70 a 90 millones de personas), al tiempo que el turismo se incrementará cerca del 75%, ya que los expertos calculan que, mientras que en 2000 las zonas costeras fueron visitadas por unos 175 millones de personas, en 2025 lo harán 312 millones. Las zonas costeras serán las que más empeorarán con el paso de los años, ya que "para atender esos incrementos habrá que construir puertos, carreteras, aeropuertos y viviendas", ha explicado hoy en conferencia de prensa el vicepresidente del Plan Azul y ex ministro de Medioambiente de Túnez, Mohamed Ennabli.

46.000 kilómetros "artificializados"

A esas infraestructuras habrá que añadir unas 160 centrales energéticas más (lo que supondrán un incremento del 80% respecto a las que había al comenzar la década), así como "varias docenas de refinerías" y unas 175 desaladoras. Está previsto que el transporte de personas en la zona se duplique y que el de mercancías se multiplique por 2,6 (sólo el marítimo crecerá a un ritmo anual del 5,6 % durante los próximos 25 años). Todo ello exigirá, según Ennabli, la edificación o construcción de unos 4.000 kilómetros de costa ahora en estado natural, con lo que en 2025 al menos la mitad de los 46.000 kilómetros de costas mediterráneas podrían estar "artificializados".

Eso sumado a "la desertización de los países del sur y este de la zona, provocará daños sociales y medioambientales importantes, que acentuarán la pobreza de las zonas rurales, acelerarán la pérdida de la biodiversidad y dificultarán la obtención de agua potable", advirtió el experto. Para combatir esas tendencias y mejorar la calidad de vida de las próximas generaciones, el Plan Azul propone toda una serie de medidas de desarrollo sostenible. Ante todo, Ennabli explicó que es necesario que los estados tomen conciencia de que su desarrollo socioeconómico pasa por el mantenimiento de un "entorno natural sano".

Un gran reto para esas fechas será la gestión del agua potable, ya que al no poder aumentarse la oferta, dadas "las escasas lluvias de la zona, que tiende a la desertización", Ennabli apuntó que habrá que recortar la demanda prevista al menos un 24%. Igualmente, habrá que reducir el ritmo de crecimiento de la demanda energética (que en los últimos 30 años se ha duplicado) a por lo menos la mitad de lo que refleja la prospectiva elaborada por los expertos de la ONU, en la que se prevé un incremento del 65%. Además, las fuentes de energía renovable tendrán que ser capaces de atender al menos el 14% de la demanda, y no sólo el 4% previsto en el Plan Azul. Otro problema creciente es, según Ennabli, la gestión de desechos, especialmente en la zona sur, que está previsto que aumenten el 108%, hasta suponer 587 kilos por persona al año y asemejarse a los 566 kilos de los estados del norte.

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LEVANTE 3-04-06



TROBADES D'ESCOLES VALENCIANES

Unidos por la lengua y el territorio



Cerca de 85.000 personas reivindican en seis comarcas la enseñanza del valenciano y el desarrollo sostenible

La vigésima primera edición de las Trobades logró congregar ayer a alrededor de 85.000 personas en las seis comarcas en las que Escola Valenciana celebró los primeros encuentros programados para 2006. Maestros, padres y alumnos de primaria salieron a la calle de forma multitudinaria para reivindicar, además del uso y la protección de la lengua autóctona, un modelo de desarrollo sostenible que respete el territorio y proteja el medio ambiente.




Dedicados a actividades tan diversas como hacer frutas de mazapán, recortables, pompas de jabón, zumo de naranja, figuras de arcilla o pelotas con globos, los casi 700 talleres captaron desde el principio la atención de los más pequeños, pero también la de sus padres. Si el año pasado la organización pidió a los asistentes que diesen cada uno cinco céntimos de euro para el valenciano, en la actual edición la petición se limita a que firmen el Compromís pel valencià, un manifiesto de 50 puntos para mejorar la situación de la lengua en ámbitos tan distintos como la política, la administración, la sociedad, la comunicación y la educación. Además, como complemento a las reivindicaciones lingüísticas, cada encuentro apadrinó un espacio natural de la comarca en la que se celebró. La de l'Horta Nord reinvindicó La Filà; la de l'Horta Sud, l'Albufera, y la de la Ribera, la Font Amarga. La multitudinaria afluencia de público llevó al presidente d'Escola Valenciana, Diego Gómez, a asegurar en un comunicado que ayer se confirmó que «gran parte de la sociedad valenciana está despierta, quiere más valenciano y más respeto por el territorio; es la confirmación de la buena salud de las entidades cívicas y de su poder de convocatoria frente a la decadencia de los grandes políticos». «Entre todos y todas hemos de hacer ver a los políticos progresistas que hay que hacer menos política de partido y más política de País», aseguró.A lo largo de los próximos meses, Escola Valenciana llevará las Trobades a Planes (el Comtat), Castelló de Rugat (la Vall d'Albaida), Olocau (el Camp de Túria), Alcúdia de Crespins (la Costera), Potries (La Safor), La Xara (la Marina Alta), Benidorm (la Marina Baixa), Elx (el Baix Vinalopó), Monóver (les Valls del Vinalopó) y el distrito de Poblats Marítims de Valencia.

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LEVANTE 2-04-06



PROTESTA

Unidos contra la alta tensión



La organización cifra en 15.000 los manifestantes y la policía local calcula que no pasaron de 1.200

Alrededor de 15.000 personas según los organizadores y 1.200 según la Policía Local se manifestaron ayer en Valencia, venidas de varias ciudades de España y Francia contra las líneas de alta tensión. La plataforma Compromís pel Territori y varias organizaciones más participaron en la protesta contra la línea prevista por la Safor y el resto de la Comunidad Valenciana y España, bajo el lema Por nuestra salud, por nuestro futuro, no a la alta tensión.




Jessica F. Peña, Valencia

La mayoría de desplazados venían de la Safor, sobre todo de Simat, Barxeta y Tavernes de Valldigna, desde donde llegaron un total de 13 autobuses. Los vecinos de estas localidades «defendemos nuestra tierra porque por encima de nuestros municipios van a instalar una línea de alta tensión, con la grave repercusión que nos acarrea», según la manifestante, Rosario Rodríguez, quien añadió que «por lo menos si la ponen que la soterren para que nos afecte lo menos posible».
El presidente de la Asociación de Vecinos de Patraix, Antoni Pla, aseguró que un tercio de los manifestantes eran de la Comisión para el Traslado de la Subestación de Patraix. La protesta de ayer era una llamada de atención a las autoridades «para que tengan en cuenta los intereses de los ciudadanos». Además, criticó que los cables se hayan previsto muy cerca de las casas «cuando se ha demostrado que hay más casos de leucemia infantil».
Miembros del Ateneo Libertario al Margen señalaban que hay varias comarcas amenazadas «por la especulación y por las líneas de alta tensión». «No hay necesidad de estas líneas ya que se puede generar energía con otros medios alternativos», según Antonio Pérez.

Los Maulets y el Col·lectiu Independentista de la Valldigna, CIV, acudieron a Valencia a pedir «que no se instalen más lineas de alta tensión ni aquí ni en ningún sitio, porque los gobernantes quieren destruir el territorio. De hecho, estamos rodeados de PAI», añadió Neus Armengol.

Desde Potries se desplazó un grupo de jóvenes que pretendían con su presencia «crear una conciencia anticapitalista y decir no a la especulación que conlleva otras cosas peores», según Pep Avaria.

Desde Girona, Barcelona y Perpignan

Además,de Girona, Barcelona y Perpignan llegaron dos autobuses, de las plataformas Catalunya Nord y Catalunya Sud para decir «No a la Molta Alta Tensión (MAT)». Laurent Belmas y Joan Martí explicaron que estaban en Valencia porque «a nosotros nos afecta la misma línea que a los de las comarcas valencianas, porque baja de Francia a Cataluña, a la Comunidad Valenciana... hasta llegar a Marruecos». Compromís pel Territori calificó de rotundo éxito la concentración de ayer «porque ha venido mucha gente de varios sitios y estamos muy contentos». De Benifairó de la Valldigna se desplazaron unas 100 personas, la mayoría de ellos personas mayores. De hecho, los que más ruido hacían eran un grupo cuyas edades oscilaban entre los 75 y los 80 años. Salvador Martínez, de 78, aseguró que si la línea pasa por su localidad «será la animalada más grande de la historia, pues pasa por encima del Monasterio de Simat, por todo el valle... incluso sobre terrenos de naranjos, de casas...».
La portavoz de la Coordinadora No a la alta tensió por la Valldigna, María Luisa Grau -promotora de esta protesta- aseguró que están muy concienciados con la problemática y han alegado contra las dos líneas que llegan a través de Alzira. «Estamos saturados ya de tanta línea de alta, media y baja tensión», afirmó.

Además, Grau aclaró que el nivel de incendios aumenta con estas energías y solicitan también un estudio para ver cómo afectan las radiaciones a las personas. «Han declarado esta línea de alta tensión de utilidad pública y hemos alegado contra esta resolución», según Grau. Mientras los manifestantes pedían la dimisión del conseller Rafael Blasco, él aseguraba en un comunicado en el que decía que llevará a cabo un inventariode los tendidos eléctricos que se encuentran dentro del parque natural de Sierra Calderona. También explicó que «se establecerán las actuaciones que deban realizarse en tendidos eléctricos aéreos para contribuir a la conservación de la fauna y a la mejora del paisaje rural».



MARENYET-BROSQUIL

Propietarios de Cullera denuncian el carácter especulativo de los PAI



Critican la urgencia con la que el consistorio
aprobó los dos planes urbanísticos de la zona




Maite Nácher, Cullera

Los propietarios de las agrupaciones Xúquer-Estany del Marenyet y los del Brosquil de Cullera han denunciado la finalidad «meramente especulativa» de los dos PAI aprobados por el ayuntamiento de la población el pasado mes de diciembre, los cuales abarcan casi diez millones de metros cuadrados al sur del término municipal.
Tras presentar dos recursos contenciosos con la finalidad de conseguir la suspensión de los acuerdos que aprueban estos programas urbanísticos, los dos colectivos critican el «urbanismo irracional» de las dos empresas que proyectan sus actuaciones, «su negocio del ladrillo a despecho de las condiciones medioambientales y sociales», critican.
Los propietarios denuncian que las propuestas expulsan a los actuales propietarios, forzándoles a vender sus fincas, incrementando los costos y cargas urbanísticas, proyectando construcciones y parcelas «cuyas características y medidas les impide la más elemental participación en el proyecto urbanizador» y cediendo a los urbanizadores «a precio ridículo» el suelo de los hasta cinco campos de golf que se proyectan, «por más de 2'5 millones de metros cuadrados de los campos de golf: 5'5 euros en el Marenyet y en el Brosquil aún no está asignado el precio». Los propietarios además advierten que por el costoso mantenimiento y la «deliberada» inflación con la que se proyectan estas instalaciones, «supondrán en pocos años la necesidad del cierre de la mayoría de ellas y su recalificación urbanística, a modo de pelotazo con efectos retardados», afirman.
Según las agrupaciones de propietarios, las empresas han tenido urgencia en plantear estos programas, «con el fin de burlar las previsiones de la nueva Ley Urbanística Valenciana», y añaden por otro lado que «no es de ningún modo admisible» que los concejales municipales incluyan la aprobación de estos proyectos en el último pleno del año, 48 horas antes de la entrada en vigor de la nueva ley, «con el fin de disminuir los derechos de los propietarios, privar de mayor transparencia en el proceso de adjudicación de programas y evitar toda consideración a la realidad socio-jurídica vigente», explican, «es una falacia señalar que el tramite elegido obedece a la agilidad para subir a Cullera al tren del boom urbanístico actual. Las actuaciones aprobadas tendrán una lenta tramitación por la complejidad de su ejecución, y de ejecutarse, responderán con clichés pretéritos a las necesidades de desarrollo sostenible hacia las que se encaminan necesariamente nuestras sociedades», concluyen.



«Atropellos medioambientales»



Los dos colectivos de propietarios destacan que los proyectos son «atropellos medioambientales», por el alto riesgo de inundabilidad, según el PATRICOVA, y la modificación sustancial de la actual desembocadura del Xúquer para crear el puerto deportivo. «El tratamiento de la zona húmeda de l'Estany, incluido en el catálogo de Zonas Húmedas, queda en manos de empresas particulares. Ninguna de estas cuestiones cuenta con los informes previos de los organismos competentes, cuyas previsiones, condicionamientos y limitaciones alterarán sustancialmente la configuración de los actuales programas y el coste de las urbanizaciones», exponen. También critican la eliminación del trazado actual de la carretera Nazaret-Oliva y la proyección de viales de enlace en un espacio protegido del arrozal.



SOSPECHAS

La fiebre urbanística está detrás de las irregularidades detectadas en el censo



Veinticuatro pueblos pequeños han iniciado PAI para reclasificar suelo rústico

Detrás de los «numerosos casos de empadronamientos sospechosos» que según denuncia la Oficina del Censo Electoral del Instituto Nacional de Estadística se detectaron en las pasadas elecciones municipales de 2003 están los intereses urbanísticos ya que la fiebre urbanizadora también ha llegado a los pueblos de menos de 2.000 electores, donde un simple puñado de votos es suficiente para poner o quitar un alcalde.




R. Montaner, Valencia

Al menos 36 de los 348 municipios valencianos que no superan los dos millares de votantes han iniciado durante esta legislatura los trámites para cambiar su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), según datos de la Conselleria de Territorio y Vivienda, y otros 24 aprobaron Planes de Actuación Integral (PAI) en los que se reclasifica suelo no urbanizable para la construcción de viviendas.

La fina línea que marca estar en la oposición o en el gobierno de estos ayuntamientos pequeños, donde en algunos casos la alcaldía se decide por menos de una decena de votos, justifica la decisión del INE de aumentar el control sobre las altas en el Padrón en estos municipios que no por tener pocos habitantes dejan de desarrollar una frenética actividad urbanizadora.

Victorias electorales por la mínima

Así, por ejemplo, el Ayuntamiento de Calles, donde el PP revalidó la alcaldía en 2003 por 64 votos de diferencia con el PSPV, aprobó su primer PGOU el pasado 30 de diciembre. Las nuevas normas urbanísticas incluyen un PAI con un campo de golf y medio millar de viviendas que quintuplicaran la población de este municipio de La Serranía de 350 habitantes.

En Pedralba, también en La Serranía, donde el PSPV ganó las elecciones por 37 votos, sin esperar a tener aprobado el PGOU se ha dado vía libre a dos PAI con 900 viviendas y chalés que doblarán la población de este municipio. Además, un constructor ha presentado ante el ayuntamiento un estudio para construir un campo de golf con un hotel y 1.500 viviendas.

Sin salir de esta comarca, en Losa del Obispo, donde el PP ganó las elecciones al PSPV por 18 votos, también se aprobó un PAI de 200 viviendas. Este fue el único de estos tres municipios serranos donde creció el censo electoral en 2003, aunque apenas lo hizo en un 2,3%. Pedralba y Calles perdieron votantes.



Diluvio de miles de viviendas



Varios de los 348 pueblos valencianos de menos de 2.000 electores van a desaparecer de esta lista en las futuras citas con las urnas, como por ejemplo Llaurí (la Ribera), Torres Torres, Estivella, Algimia de Alfara y Albalat dels Tarongers (los cuatro en el Camp de Morvedre). En Llaurí, los tres PAI aprobados por este ayuntamiento socialista van a multiplicar por ocho su número de habitantes al contemplar la construcción de 3.860 viviendas. En Albalat, donde el Bloc ganó al PSPV por 13 votos y al PP por 30, la coalición de gobierno Bloc-PSPV dio vía libre a un PAI con 4.000 viviendas y un campo de golf. Las otras tres poblaciones del Camp de Morvedre aprobaron un PAI impulsado por Paco Roig con tres campos de golf y 4.000 viviendas. Todos estos PAI de municipios pequeños se aprobaron antes de que entrara en vigor la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV).



URBANISMO

Los ayuntamientos aceleran los trámites de PAI aprobados para evitar el nuevo reglamento



La normativa que unifica las tres leyes urbanísticas «crea un nuevo periodo transitorio» para los planes urbanísticos que se aprobaron a toda prisa entre diciembre y enero




Laura Ballester, Valencia

La tranquilidad no ha llegado a los tramites urbanísticos con la entrada en vigor de la ley urbanística valenciana (LUV) el pasado mes de febrero, sino todo lo contrario, según se reconoció ayer en la última de las jornadas sobre El nuevo marco normativo del urbanismo en la Comunidad Valenciana, organizadas por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). «Hay prisas en los ayuntamientos para evitar el nuevo reglamento», aseguró uno de los participantes durante el turno de preguntas de la conferencia del catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Alicante, Juan José Diez Sánchez, quien ratificó esta situación. «El nuevo Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística interpreta las disposiciones transitorias de la LUV y ofrece unas soluciones cuestionables que no coinciden con lo que cualquier intérprete razonable puede deducir», criticó Diez Sánchez.

Como ha informado Levante-EMV, varias disposiciones transitorias de la nueva LUV permiten la supervivencia de la antigua ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU) para todos los trámites urbanísticos y programas de actuación integrada (PAI) que hubieran superado el trámite de información pública o hubieran sido aprobados por los ayuntamientos. Esta medida provocó una auténtica avalancha de presentación y aprobaciones de PAI a finales de año y a lo largo de enero, antes de que entrara en vigor la LUV el 1 de febrero.
Con el nuevo reglamento, que la Conselleria de Territorio quiere aprobar en mayo o junio, se quiere acotar la casuística que presentará este alud de planes urbanísticos que el titular de este departamento, Rafael Blasco, negó pese a la rotundidad de las cifras. La Conselleria de Territorio tramitaba a fecha de 1 de febrero 122 programas de actuación integrada (PAI) presentados por 77 municipios para reclasificar 6.000 hectáreas (Ha) de suelo. Peccata minuta para Blasco, porque aseguró que desde junio de 2003 se han reclasificado 2.000 hectáreas de suelo -una superficie equivalente a la lámina de agua del lago de la Albufera- y se han protegido 40.000 Ha.
El nuevo reglamento entra por tanto en el espinoso asunto de con qué ley -la LRAU o la LUV- tramitar estos 122 PAI reclasificatorios. Algunas decisiones que se adoptan en este reglamento -en fase de consultas con las consellerias y expertos- escocerán a más de uno. Por ejemplo, aunque un PAI esté aprobado por Territorio, si la reparcelación [el tramite que dibuja dónde se edifica o donde van las zonas verdes y equipamientos en un plan urbanístico] no está definitivamente resuelta se tramitará por la LUV en lugar de la LRAU. Lo mismo sucede con las retasaciones [la revisión de las cuotas de urbanización que paga cada propietario].
De igual manera, la LUV también se aplicará a los PAI aprobados provisionalmente por los ayuntamientos que no hayan ratificado la alternativa técnica [el diseño o proyecto del plan urbanístico] antes de la entrada en vigor de la nueva ley, entre otras disposiciones transitorias [hay un total de 10 en el reglamento]. «Tanto derecho transitorio, tan complicado y tan problemático no garantiza la seguridad jurídica a los que nos movemos en estos ámbitos» urbanísticos, lamentó el catedrático de derecho administrativo, Diez Sánchez. «Hay que pedir al legislador que no sea imprudente y razone lo que quiere hacer», demandó.



PONENCIA

El científico Meadows augura el colapso en 2050 si continúa la degradación ambiental



Valencia sufrirá grandes inundaciones como consecuencia del cambio climático

El Club de Roma ha celebrado en Valencia, durante todo este fin de semana, la Conferencia de las Asociaciones Nacionales Europeas de esta organización sin ánimo de lucro que reúne a científicos, economistas, empresarios, altos funcionarios y jefes de Estado de los cinco continentes, convencidos de que el futuro no está predeterminado y que cada ser humano puede contribuir a la mejora de la sociedad a través del debate activo. Han asistido representantes de 20 naciones europeas.




Míriam Civera, Valencia

El científico estadounidense Dennis Meadows, autor de Los límites del crecimiento, ofreció ayer la conferencia «Cómo afectará el cambio climático y el agotamiento del petróleo al futuro de la Europa ampliada: desarrollo humano, multiculturalismo y sostenibilidad» en el marco de las Jornadas organizadas por el Club de Roma, en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia. Meadows revolucionó, en 1972, el pensamiento económico y ambiental al preconizar el «crecimiento cero». En la obra se planteaba la irracionalidad intrínseca de los planteamientos desarrollistas de los países ricos, que condenaban a los países pobres a ser cada vez más pobres. Ayer presentó, la revisión de esta obra, Los límites del crecimiento 30 años después.

Este pensador nortamericano auguró, en 1972, que las políticas que controlaban la industria tendrían que cambiar para evitar un crecimiento por encima de los niveles sostenibles. Éstas, pero, no sólo no han cambiado en estos treinta años, sino que se han acelerado. A principios de los 70, el planeta estaba un 20% por debajo del límite. En los 80 se cruzó este umbral y veintiséis años después ya nos encontramos un 20% por encima de él. Meadows se reafirmó en las ideas expuestas en 1972 y aseguró que, ahora, «el desafío es volver atrás, el decrecimiento, para estar por debajo de estos niveles, ya que los niveles de consumo y de degradación ambiental han superado las peores previsiones. En 50 países del mundo, donde no viven los blancos, ya se puede comprobar este desastre». Para Meadows, los líderes políticos tienen una gran responsabilidad en sus manos, ya que problemas mundiales como el cambio climático, la erosión del suelo, la contaminación de las aguas subterráneas o el agotamiento del petróleo pueden resolverse gracias a acciones desarrolladas a nivel local. En este sentido, destacó que los políticos no deben basar sus acciones en el rédito político a corto plazo sino buscar soluciones globales futuras. Un ejemplo de ésto sería el precio de los carburantes. Para el científico americano los gobiernos deberían dejar de subvencionar el petróleo y aumentar su precio para concienciar a la población sobre su agotamiento. Ya que, en los últimos años, se han explotado las reservas que, en 1972, no estaban ni descubiertas.
Meadows auguró, para Valencia, grandes inundaciones y períodos de sequía como consecuencia del cambio climático, a mediados de este siglo. Pronosticó, además, un agotamiento de los recursos naturales y una agudización de los problemas de inmigración y concluyó que «el Club de Roma no va a resolver los problemas que los políticos valencianos no afronten» y añadió que en su libro hay una serie de recomendaciones para la sostebinilidad global.

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LEVANTE 1-04-06

DESARROLLO URBANÍSTICO

Un alto cargo de Territorio admite que no hay suficiente agua para la avalancha de PAI



El secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia y jefe del servicio de planificación y ordenación territorial de la Conselleria de Territorio, Álvaro Aleixandre, reconoció ayer que las peticiones de nuevas urbanizaciones que se tramitan han creado «una situación crítica y preocupante, sobre todo en l'Horta Nord, porque no hay garantía de nuevos caudales para los desarrollos previstos y en marcha, ni tampoco está garantizada las infraestructuras hídricas en alta».




Laura Ballester, Valencia

Aleixandre hizo estas declaraciones durante el curso El nuevo marco normativo del urbanismo en la Comunidad Valenciana, organizado por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), en respuesta a una pregunta muy concreta de uno de los asistentes a la jornada. «¿Cuántas urbanizaciones se han rechazado por la falta de agua?».

El alto cargo de la Conselleria de Territorio acababa de mostrar una «visión conjunta» de la ley urbanística valenciana (LUV) y la ley de ordenación del territorio y protección del paisaje (Lotpp). Recordó que, en esta última normativa, se prevé que «la implantación de nuevos usos del suelo, del tipo que sean, requiere informe favorable de la Confederación Hidrográfica o de entidad colaboradora autorizada». Una «cuestión importante», añadió, «teniendo en cuenta el contexto hidrológico en el que nos movemos». Según reconoció el secretario de la Comisión de Urbanismo, «a quien primero se pide que informe sobre la existencia de caudales y redes suficientes es a la empresa gestora». Esta opción se introdujo para evitar los informes negativos que emitía contínuamente la Confederación Hidrográfica del Júcar. «Si la empresa gestora no puede acreditar los caudales y las infraestructuras entonces se solicita a la confederación hidrográfica, donde ya se sabe que los expedientes son largos y difíciles de resolver», aseguró Aleixandre. Y citó, además, una situación inusual que se produce en la comisión territorial de urbanismo «y que no se había producido nunca hasta ahora: que los representantes del Ministerio de Medio Ambiente voten en contra de algunos planes». Peso a todos estos datos, Álvaro Aleixandre aseguró que «no hay depredación urbanística. Es un montaje mediático. Se rechaza el 50% de los planes que se presentan y, en los últimos años, sólo hemos aprobado 5 campos de golf».



Sólo 10 de las 300 urbanizaciones solicitantes tienen agua autorizada



Europa Press, Valencia

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, aseguró ayer en las jornadas Sostenibilidad territorial. La gestión integral del litoral mediterráneo organizadas por el PSPV-PSOE, señaló que en los tres últimos años la CHJ ha informado sobre las necesidades de caudal de 300 programas de actuación integrada (PAI). De este total, sólo tienen informes favorables menos de 10, mientras que entre 40 y 50 son definitivamente desfavorables y los restantes, más de 200, «tienen informe no favorable pero están todavía en trámites, por lo que alguno puede tener solución».

«Nos consta que algunas de las actuaciones, a pesar de nuestro informe desfavorable o de no estar hecho, están en marcha, aunque no se sabe en qué fase están siguiendo su tramitación haciendo caso omiso de ese informe no favorable del Ministerio de Medio Ambiente», añadió Moragues. No obstante, el presidente de la CHJ advirtió de que en estos casos que se siguen tramitando pese a los informes desfavorables, el Ministerio «no va a quedarse de brazos cruzados».
En su opinión, ante estas cifras, «algo está fallando» y aseveró que el Ministerio no quiere que el territorio no se desarrolle, al contrario, dijo, «nos disgusta dar un informe desfavorable porque es un indicador de que no se está haciendo lo que medioambientalmente se tiene que hacer».
Al respecto, Moragues señaló que en sólo dos años se han abierto cerca de 1.000 expedientes sancionadores por «uso abusivo de agua, por vertidos contaminantes y por ocupación excesiva del dominio público hidráulico», entre otras causas. Destacó que en la nueva ley del suelo que prepara el Gobierno central se introducirá que el informe de disponibilidad de recursos sea obligatorio y preceptivo para la construcción de urbanizaciones.
Por su parte, Francesc Signes consideró que el nuevo plan de acción del litoral presentado por el Consell producirá «un nuevo efecto llamada a la especulación en la costa», como generaron «las leyes de Blasco».



El PAI de Mundo Ilusión multiplicará por 24 la población de Cabanes y Orpesa



La macrourbanización del entorno del parque de ocio de Mundo Ilusión albergará 48.000 viviendas y una población de más de 120.000 personas, según las previsiones de los conciertos previos de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) de Cabanes y Orpesa, documentos base que regirán las modificaciones de los citados planes. Ayer recibieron el visto bueno de la comisión territorial de Castelló de la Conselleria de Territorio y serán ratificados el próximo miércoles por el conseller Rafael Blasco.




Joan Mestre, Castelló

Los conciertos previos se han elaborado a raíz de la orden de revisión del Plan General dada por el departamento de Blasco, el 7 de febrero de 2005, para dar cobertura al desarrollo del programa de actuación integrada (PAI).
En el caso de Cabanes, el ámbito del sector de Mundo Ilusión alcanza una superficie total de 9,9 millones de metros cuadrados, con un parque de viviendas previsto de 36.724, una población de 89.606 residentes y una zona verde de 5,7 millones de metros cuadrados.
En Orpesa, el informe fija 2'1 millones de extensión para el PAI. En ellos se levantarán 11.092 habitáculos en los que podrán residir 28.087 habitantes. El concierto previo ha reservado para esta zona un parque público de 250.082 viviendas.
Con la inclusión de este PAI, los censos de estas dos localidades pegarán un salto de gigante en poco más de una década. Los conciertos previos de Cabanes y Orpesa, que no llegan en estos momentos a los 3.000 y 6.000 habitantes, prevén una demografía de más 200.000 habitantes, 121.292 y 93.923 respectivamente.
Pese a que los Planes Generales de Ordenación Urbana contemplan la considerada como la mayor macrourbanización de todo el continente europeo, fuentes de la conselleria de Territorio destacaron, a través de una nota, la reserva de más de 8 millones de metros cuadrados de zonas verdes que, según subrayaron, supondrá una media de 51'80 metros de parque público por habitante en Cabanes y 21,47 en Orpesa. La primera localidad, según el documento, pasará a disponer de 114 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable, entre los que se incluyen los núcleos del Empalme o la Venta-Estació por lo que la zona de la Ribera volverá a quedar aislada del casco urbano. 14 millones serán clasificados como urbano y 2'5 como urbanizable. En Orpesa habrán13 millones de terrenos no urbanizables y 13 reconocidos como urbanos y urbanizables.Tomás Fabregat, concejal de Urbanismo de la localidad que cuenta ya con el balneario de Marina d'Or, subrayó del PGOU, entre otros aspectos, la ampliación del actual polígono industrial y la protección del paraje de la Renegà.
Por su parte, el alcalde de Cabanes, Artemio Siurana, mostró su satisfacción por el respaldo logrado del conseller de Territorio Rafael Blasco.



Macrocorrupción



PEDRO CALVO HERNANDO




Hemos estado meses y meses sumergidos en polémicas y debates desbordados y exagerados, como los del Estatut y la política antiterrorista, y no nos habíamos enterado de lo que de verdad sucedía en España: el estallido de la macrocorrupción, como nunca, quién sabe si ni siquiera como en tiempos del franquismo, aunque no podremos saberlo, porque entonces, sin democracia, la información era muy perentoria. Estamos aquí dándole a la matraca de que se rompe España y de que a dónde han ido a parar las esencias patrias, mientras que el cáncer galopante de la gran corrupción es el que pone en peligro no ya la unidad o la integridad de España, sino incluso algo más grave y lastimoso, como es su dignidad, sus valores morales, culturales y humanísticos. Los que rompen y destrozan España están en Marbella, en Orihuela, en Castellón, en Valencia, en Madrid, pero un poco por todas partes. En esto debería fijarse insistentemente la atención de la opinión pública, de los medios informativos y, por supuesto, del Gobierno de la nación.

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INFORMACIÓN DE ALICANTE 1-04-06



AGUA

El Partido Popular de Agost vota a favor de la salida del Consistorio de la Junta Central de Usuarios




S. E.



La propuesta del alcalde de Agost, Felip Vicedo, de abandonar la Junta Central de Usuarios de L´Alacantí y el Vinalopó salió adelante con la votación a favor de los concejales del PSOE y PP. El primer edil, del AIA, aseguró ayer que esta medida se ha tomado de forma «provisional, hasta que la Confederación Hidrográfica del Júcar nos garantice la calidad del agua».

Según Vicedo, para regresar a la junta deberán asegurarnos «que el agua será potable y asequible». El alcalde asegura que con esta decisión únicamente pretenden conseguir que le garanticen esa potabilidad, por lo que no descarta unirse a la propuesta del Gobierno tras abandonar la Junta, que es partidaria de traer agua de Cortes de Pallás. De esta forma, el primer edil explica que «si a 25 kilómetros del Azud de la Marquesa Valencia bebe agua potable, también pueden traerla hasta aquí».

A pesar de que el PP ha mostrado su apoyo a la Junta de Usuarios, los concejales de este partido en Agost han decidido apoyar esta propuesta de la alcaldía. También lo han hecho los del PSOE, que exigieron la adhesión al proyecto de Azud de la Marquesa. El único que votó en contra de esta propuesta fue el concejal independiente Bartolomé Torres, quien asegura que esta medida no tiene ningún aspecto positivo.

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EL PAÍS 1-04-06

El Consell da luz verde al proceso para urbanizar 18 millones de metros cuadrados en Mundo Ilusión
Territorio informa a favor de los conciertos para revisar los planes de Cabanes y Oropesa
MARÍA FABRA - Castellón

La comisión informativa de la Consejería de Territorio dio ayer luz verde a los conciertos previos para la revisión de los planes generales de Cabanes y Oropesa. Los documentos marcan las directrices de lo que serán las normas urbanísticas de ambos municipios cuyo desarrollo prevé un aumento de población de hasta 200.000 habitantes, cuando la actual es de 10.000. La cifra obedece a una macrourbanización del entorno del futuro parque temático Mundo Ilusión de cerca de 18 millones de metros cuadrados y más de 47.800 viviendas, adjudicada de forma provisional a Marina d'Or.

Territorio exigió la revisión de los planes al considerar que el volumen de terreno a reclasificar para hacer posible la macrourbanización no era asumible con una modificación puntual o un plan parcial. Con el informe favorable de Territorio, los ayuntamientos procederán ahora a elaborar y aprobar la revisión de sus Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) y a iniciar los trámites para la aprobación del preceptivo plan especial necesario para el desarrollo del parque y su entorno.

En cualquier caso, la consejería no aprobará el plan especial hasta que la revisión de los planes generales no sea aprobada, hecho que se puede demorar meses. Sin embargo, fuentes del departamento que dirige Rafael Blasco indicaron ayer que la tramitación de los planes generales y del plan especial podría desarrollarse de forma paralela. De esta manera, la adjudicación definitiva de la macrourbanización no sufriría más retraso que el del plazo de aprobación de la revisión de los PGOU.

Mientras, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dilucidará sobre más de media docena de recursos presentados frente a los ayuntamientos de Oropesa y Cabanes contra esta adjudicación al grupo Marina d'Or. Los recursos han sido presentados por la sociedad que resultó descartada en la adjudicación, formada por PGP, Lubasa y Ortiz.

La presentación del primer proyecto para la macrourbanización provocó la suspensión de licencias de obras por parte de la Generalitat. Posteriormente, el Consell delimitó el ámbito territorial del futuro centro de ocio Mundo Ilusión, para después forzar la firma de un convenio con ambos ayuntamientos y garantizar la gratuidad del suelo destinado al parque temático, optando por una fórmula bien diferente a la aplicada en Terra Mítica, donde los jueces han elevado hasta más de 100 millones de euros el dinero a pagar a los propietarios por expropiar a precio de suelo forestal.

El esbozo de los nuevos planes generales aprobado por Territorio supone, en el caso de Oropesa, incrementar en más de 1,5 millones de metros cuadrados el suelo urbanizable y reducir el no urbanizable en otros 1,6 millones de metros cuadrados. En el caso de Cabanes, las cifras apuntan a que se reduce tanto el suelo urbano como el urbanizable, mientras que se aumenta el no urbanizable en 2 millones de metros cuadrados.

Carles Mulet, concejal de Esquerra Unida en Cabanes (el único partido con representación municipal que se opuso a la adjudicación de la macrourbanización), sostuvo que el documento previo a la revisión se había realizado "a medida" de Marina d'Or ya que recalifica y protege el suelo sobre el que el competidor de este grupo había presentado una propuesta de urbanización, convirtiendo en forestal lo que hasta ahora era no urbanizable común. Además, criticó que las previsiones urbanísticas dejan al municipio como un "reducto" de lo que será la futura macrourbanización.

En Oropesa, el Ayuntamiento hubo de hacer un cambio de última hora, antes de remitir el documento a Territorio, ante la oposición de los vecinos a que cambiaran de calificación un total de 13 millones de metros cuadrados que querían pasar de agrícola protegido a no urbanizable recreativo deportivo. "Han hecho un cálculo electoral y han visto que perdían", señaló el concejal del Bloc en Oropesa, José Luis Romero, que encabeza la oposición, para explicar el motivo del cambio.

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LAS PROVINCIAS 1-04-06



Valencia



Xúquer Viu exige modernizar los regadíos antes de hacer trasvases



Apoya la opción del azud de la Marquesa por ser la menos mala



Antes de hacer cualquier tipo de trasvase, lo más importante es modernizar los regadíos tradicionales de la comarca de la Ribera. Esa fue una de las sugerencias que presentó Xúquer Viu en su alegación a la memoria-resumen del proyecto del trasvase Júcar- Vinalopó. Los ecologistas también piden que se busquen fórmulas alternativas.



REDACCIÓN/ ALZIRA

La plataforma ecologista Xúquer Viu ha reclamado en múltiples ocasiones que no se trasvase agua del Júcar al Vinalopó mientras no haya finalizado la modernización de los regadíos tradicionales de la comarca de la Ribera y se hayan establecido los caudales ecológicos del río Júcar y de la Albufera de Valencia.

Esta fue una de las 14 sugerencias que, en su día, Xúquer Viu presentó en su alegación a la memoria-resumen del proyecto del trasvase Júcar-Vinalopó desde el azud de la Marquesa, en Cullera.

Por otra parte, el colectivo siempre ha defendido que el cambio de la presa, para situarlo en el azud de la Marquesa, “es una actuación con menos impactos sociales y ambientales que el antiguo proyecto de colocarla en Cortés de Pallás”.

La plataforma también ha criticado duramente la última propuesta de los usuarios del Vinalopó de trasladar la presa al azud de Antella. Una idea que consideran “tan inviable e insostenible como la de Cortes”.

En opinión de los ecologistas, la última iniciativa de los usuarios del Vinalopó “pretende dejar el curso bajo del Júcar sin agua en los últimos 50 kilómetros, para poder realizar proyectos urbanísticos insostenibles en el sur”. Además, consideran que este tipo de propuestas podrían “volver a abrir la guerra del agua”.

Solución Alicante
A pesar de que la plataforma ecologista apoya la colocación de la presa en el azud de la Marquesa porque la consideran la opción “menos mala”, recordaron que hay otras alternativas “que tendrían un menor impacto ecológico”.

Una de estas propuestas es “la llamada solución Alicante”. Con esta alternativa “se podrían arreglar los problemas hídricos en las comarcas alicantinas sin necesidad de realizar ningún tipo de trasvase desde el Júcar”.

Está iniciativa combina diferentes ideas, que van desde la desalinización, hasta la reutilización del agua, pasando por políticas de control de la demanda.

Otra de las reclamaciones de Xúquer es que, si se realiza el trasvase, el agua “sea exclusivamente para usos agrarios y ambientales” de forma que en el futuro no se pudiera utilizar el agua “para usos urbanos”.

Por último, la plataforma también ha solicitado en multitud de ocasiones “que se dediquen los máximos esfuerzos y inversiones adecuadas para recuperar de forma integral el río Júcar y la Albufera de Valencia”.

#Enllaç permanent# Penjat per Plataforma ciutadana : diumenge, d’abril 16, 2006

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