diumenge, d’abril 23, 2006

La participación ciudadana en el urbanismo. Todo para el pueblo pero sin el pueblo.


Con mucha frecuencia nos encontramos con noticias sobre macro urbanizaciones y otras actuaciones urbanísticas a desarrollar en nuestra Comunidad, muy protestadas en su mayoría por los ciudadanos que se muestran más sensatos que quienes las aprueban y las ejecutan, o lo pretenden.


Así, en Orihuela, el proyecto del PAU 21, que implica la construcción de 2.300 viviendas y un campo de golf en pleno corazón del paraje natural de Sierra Escalona, sobre 350 hectáreas, ha sido aprobado definitivamente por la Conselleria de Territorio y Vivienda, siendo rechazado por una veintena de colectivos que solicitan que se declaren los terrenos parque natural, al defender el medio ambiente y la agricultura, entre los que se encuentran vecinos de la localidad y de toda la Vega Baja amén de los grupos municipales opositores, por lo que presentarán una queja ante la Unión Europea alegando su importancia para la supervivencia de aves rapaces en peligro de extinción.

En Granja de Rocamora, población de 2.000 habitantes, los vecinos se rebelan contra la pretendida edificación de 2.000 chalés en la huerta, mediante la recalificación de 900.000 metros cuadrados de terrenos. Y en San Miguel de Salinas, la asociación de vecinos denuncia la pretensión municipal de recalificar el 30% del término municipal para la construcción de 40.000 nuevas viviendas.

También en Bocairent, localidad valenciana cercana a los 5.000 habitantes, se ha creado una coordinadora para movilizarse en contra del proyecto de construcción de una macro urbanización con 1.500 chalés y un campo de golf, que quedará situado a un kilómetro del casco urbano de Banyeres, en una zona de amortiguación del parque natural de la Sierra de Mariola, habiéndose adherido a aquélla vecinos de esta última localidad, de Alcoy, Biar y Ontinyent, hasta un total de 35 asociaciones, por su impacto negativo medioambiental y las irreversibles consecuencias económicas y de otra índole.

Mientras tanto, la Confederación Hidrográfica del Segura advierte que no hay agua para más proyectos urbanísticos.

Así mismo en Alicante se cuestiona el Plan Rabasa, aprobado inicialmente por los ediles populares y socialistas en el mismo pleno en el que se producía un importante aumento de los sueldos de todos ellos, y parece ser que la mercantil promotora ha tenido que paralizar unas obras iniciadas, ante el clamor popular.

Igualmente se han recalificado por el Ayuntamiento de Rojales dos millones de metros cuadrados como urbanizables y los grupos opositores acusan a la alcaldesa de velar más por el interés de determinados empresarios amigos que por el interés público, lo que no deja de ser una muy grave acusación.

En todos estos casos observamos una participación de la ciudadanía en la vida política mostrándose contraria a las actuaciones de sus gobernantes a los que acusa de no velar por los intereses generales.

Las recientes declaraciones del conseller de que el suelo protegido supera siete veces al reclasificado y de que se camina por la senda de la sostenibilidad no terminan de convencer a muchos colectivos valencianos contrarios a que sea a costa de la huerta tradicional.

Por lo que respecta a nuestra ciudad, la proyectada ampliación del parque industrial de Torrellano ha unido a los más de 300 afectados de las pedanías de Saladas y Jubalcoi, manifestándose en protesta por las expropiaciones y en defensa de sus viviendas y cultivos, considerados de los mejores del término municipal, además de calificar de atropello que la empresa municipal Pimesa se haya decantado por su adquisición usando tal procedimiento coactivo.

Tampoco en Parcent, con poco más de 2.000 habitantes, donde se pretende construir 1.800 viviendas, han permanecido ajenos sus vecinos creando la plataforma «Salvem Parcent. No a la destrucció», apuntando a Julio Iglesias como uno de los principales urbanizadores.

En este mismo medio leíamos recientemente que la provincia deja su crecimiento en manos de los urbanizadores, ya que la mayoría de las actuaciones urbanísticas en los últimos años están al margen de sus planes generales de ordenación.

Ello ha propiciado que EU haya apostado por la protección del suelo como su principal objetivo a esgrimir en la campaña de los comicios locales del próximo año, dada la actual voracidad constructora.

Ante tan alarmante cúmulo de excesos urbanísticos se han presentado varias denuncias en la Unión Europea por la asociación «Abusos Urbanísticos No», que han propiciado la derogación de la LRAU y la promulgación de la Ley del Urbanismo Valenciano, LUV, ya vigente, que mejora aquélla, pero tan solo en determinados aspectos como en los relativos a la selección del urbanizador.

De la mayoría de los casos expuestos se infiere la existencia de una acusada disociación entre los gobernantes y los administrados, que pone en tela de juicio el precepto constitucional de que la soberanía nacional reside en el pueblo, de que aquellos son sus representantes. ¿No se trata de actuaciones contrarias a los intereses generales y por eso son tan contestadas por la ciudadanía?.

Reflexionando sobre lo expuesto, rememoramos un artículo del profesor Martín Mateo, ex rector de la UA, aparecido en este diario y titulado «Sobre el perfeccionamiento de la democracia municipal», donde aludía a la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, si no a través del «referéndum» por las formalidades exigidas (autorización del Gobierno), sí acudiendo a encuestas de opinión.

Consideramos una buena solución el que los ayuntamientos sigan tan ponderado consejo y cuenten cada vez más con sus vecinos en la toma de decisiones sobre cuestiones trascendentales y de tanta repercusión en su vida cotidiana, para así, evitar retrotraernos tres siglos cuando quedó acuñada la consabida frase de «todo para el pueblo pero sin el pueblo». Original

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