dissabte, d’abril 15, 2006
Interpelació urgent de la diputada Isaura Navarro Esquerra Unida al Govern Espanyol
PLE del Congrès dels Diputats TURNO 31 05/04/06
INTERPELACIONES URGENTES:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA ELS VERDS, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA FAVORECER UN DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE, UN SECTOR INMOBILIARIO NO ESPECULATIVO Y LA LUCHA EFICAZ CONTRA LA CORRUPCIÓN QUE LIGA DECISIÓN DEL PODER Y ACCIÓN INMOBILIARIA ESPECULATIVA. També és noticia IC-Esquerra Unida Els Verds demana moratòria urbanística.
(Número de expediente 172/000177.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, finalizamos la sesión de preguntas de control y pasamos a la de interpelaciones urgentes. En primer lugar, interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para favorecer un desarrollo territorial sostenible, un sector inmobiliario no especulativo y la lucha eficaz contra la corrupción que liga decisión del poder y acción inmobiliaria especulativa. Para formular esta interpelación, tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Nos encontramos hoy aquí para tratar un problema que últimamente está acaparando la atención de los medios de comunicación en cuanto al caso de Marbella, pero que por desgracia acontece en toda la costa del Estado español, especialmente en el litoral del Mediterráneo. Ojalá fuera solamente el caso de Marbella, pero es evidente que no es así, y necesitamos un Gobierno que actúe decididamente para atajar este problema.
Señora ministra, usted sabe que en cuanto al tema de esta interpelación no era usted precisamente la ministra más adecuada para contestarnos, porque en primer lugar esperábamos al ministro de Justicia o al de Administraciones Pública, pero no a la ministra de Vivienda. A la vista del texto de la interpelación, esta cuestión no es precisamente de su competencia en mayor medida, si bien podemos discutir las materias que se recogen en la misma, pero parece ser que el Gobierno ha decidido camuflar la incomodidad que le genera este debate y, por tanto, evitarlo y no hacer del Parlamento el centro del debate político que se tiene que llevar a cabo sobre este problema. La gente necesita un Gobierno decidido para acabar con aquello en que se ha convertido la costa española, el paraíso de la corrupción en la política urbanística, el paraíso de las mafias, del dinero negro que estamos generando. Por cierto, mucha rapidez en el caso de Marbella, pero en 1995, en 1998 y en 2003 Izquierda Unida ya presentó iniciativas para actuar en este ayuntamiento y no se hizo nada ni por parte de este Gobierno -en los dos años que lleva- ni por el Gobierno anterior. Entrando en la cuestión objeto de la interpelación, en la costa se está produciendo un proceso terrible de depredación urbanística, construyendo urbanizaciones con campos de golf mediante la connivencia de ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos, que se apartan radicalmente del interés general y defienden el interés de grandes empresas de la construcción inmobiliaria, generando la riqueza para unas empresas y afectando de manera terrible a todos los ciudadanos, que se ven desamparados ante un Gobierno que no actúa y traicionados por los representantes políticos con este gran desprestigio de la democracia que se está generando. Se organizan plataformas ciudadanas a nivel de comunidad, de municipios, y recientemente a nivel del Estado, que reclaman que el Gobierno actúe, que se les proteja en sus intereses como ciudadanos. Ahora mismo hay representantes políticos de ayuntamientos amenazados, funcionarios que tienen que dimitir precisamente por esta terrible situación que se ha generado y está creciendo en todo el litoral. Como decía, las competencias urbanísticas de los municipios y de las comunidades autónomas están siendo utilizadas no en beneficio de los ciudadanos ni de los municipios, sino en beneficio de estas constructoras, a las que, además, están ligadas de manera familiar o directa -porque hay concejales que forman parte directamente de estas constructoras- o con las que directamente se ponen de acuerdo. Señora ministra, el proceso urbanizador es largo. En primer lugar, hay una concentración del terreno- en el caso del País Valenciano ni siquiera hace falta, porque el agente urbanizador no necesita hacer una propuesta en un lugar donde ni tan siquiera tenga un metro cuadrado, pero en la mayoría de los lugares sí que es así-, hay compras, hay expropiaciones; después hay una recalificación de los terrenos, que suelen ser protegidos, porque, claro, esta gente no se va a los peores terrenos, sino que coge los de mayor valor ecológico, y después hay una aprobación de las modificaciones de los planes de ordenación urbana. Es decir, se trata de un proceso largo.
Entonces, ¿por qué la actuación de los mecanismos del Gobierno y del Poder Judicial es tan lenta o inexistentes? ¿Por qué hay una respuesta ineficaz por parte del Gobierno, de las administraciones públicas y de todos los ámbitos? ¿Por qué la policía y la fiscalía no investigan? ¿Por qué no investigan siquiera lo que sale en los medios de comunicación a diario? Todos los días leemos en la prensa escándalos urbanísticos, ciudadanos que reclaman que se les ampare en esta situación, expropiaciones abusivas que acaban en los tribunales y que se resuelven de aquí a no sé cuántos años. Señora ministra, doten de medios a la fiscalía, a la policía judicial y a la Agencia Tributaria. Incluso el colectivo de técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda ha pedido que se les dedique a ello, que se les coordine. Quieren hacerlo, reclaman mecanismos para detectar los aumentos espectaculares de patrimonio que se están dando. Necesitamos también reformas legales; para empezar, del Código Penal. Prevaricación: ¿Dónde están los condenados por prevaricación? No hay. ¿Por qué no reformamos el Código Penal para que ampare realmente los derechos de los ciudadanos y el interés general? Necesitamos también transparencia para los cargos municipales. Hemos aprobado una ley de transparencia para determinados cargos, ¿y qué pasa con los cargos municipales? ¿Qué pasa con su patrimonio? Pongámoselo un poquito más difícil, señora ministra. En la actualidad se utilizan las competencias municipales urbanísticas para multiplicar por dos, por tres o por cuatro el número de habitantes; en el caso de Cabanes u Oropesa, por 24 el número de habitantes. Casas con precios totalmente inaccesibles para los ciudadanos o campos de golf que ocupan los mejores territorios requieren instalaciones de los servicios municipales, agua -de la que se estaba hablando hasta hace un momento-, infraestructuras, que garantiza el Ministerio de Fomento. En concreto, se autorizan o construyen infraestructuras que los corruptos y especuladores reclaman, y se construyen por parte del Ministerio de Fomento. Veamos un caso: el aeropuerto de Castellón. Hay un informe del director general de aviación anterior en el que dice que el aeropuerto de Castellón no es necesario. ¿Por qué se va a construir este aeropuerto? Dicen: Es un aeropuerto privado. Ya, es un aeropuerto con un contrato que dice que si no hay equis número de habitantes -que nunca va a haber en ese aeropuerto- lo vamos a pagar los ciudadanos del País Valenciano. Estupendo. Y eso lo autoriza el Ministerio de Fomento, como el vial Cabanes-Oropesa o la autopista Cartagena-Vera, que no tiene absolutamente ninguna justificación y la va a hacer el Ministerio de Fomento.
¿Qué ocurre con el Ministerio de Medio Ambiente? Hay una partida de veinte millones de euros para adquirir territorios del litoral. Todavía no se ha ejecutado. Urge la ejecución de es
a partida, que tenía en principio ocho millones, y gracias a las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se incrementó en 20 millones de euros. En cuanto a la protección de humedales en el caso del ayuntamiento de Elche, hay una sentencia que declara ilegal lo que se está haciendo y se sigue construyendo. Desamparo absoluto de los ciudadanos. La desaladora que va a amparar el proyecto de Mundo Ilusión, la va a construir también la empresa Marina d’Or. ¿Por qué se les va a hacer una desaladora? ¿Para garantizar que puedan seguir especulando, que puedan seguir construyendo? En el País Valenciano, noventa campos de golf. Recursos hídricos: no tenemos. ¿Por qué no hay un informe vinculante que impida que si no hay agua no se puedan construir estos campos de golf, estas grandes urbanizaciones? Sacrifican, en definitiva, señora ministra, parajes naturales, bosques, recursos hídricos, zonas que deberían estar altamente protegidas. Todo se arrasa si no hay ningún tipo de limitaciones. Tenemos que buscar soluciones. Necesitamos leyes que protejan nuestro territorio, que protejan realmente el medio ambiente.En cuanto a su ministerio, Vivienda, necesitamos urgentemente una ley del suelo. Así incluso lo ha reclamado la Unión Europea. Tenemos la ley conocida como la ley del todo urbanizable. Y mientras no hay ley del suelo, ¿qué ocurre? Que el precio de la vivienda en el caso del País Valenciano se ha incrementado en un 83 por ciento en los últimos seis años. Se expulsa a los ciudadanos, a los residentes reales ¿a cambio de qué? De darles dinero de indemnizaciones totalmente exiguas, y se quedan los terrenos los grandes constructores en connivencia permanente con el poder político. Los ciudadanos no pueden pagar esos precios de la vivienda; sí que tienen que pagar el coste de las infraestructuras a través de sus impuestos, también de los servicios municipales, que absorben los recursos públicos escasos detrayéndolos de los fines sociales. Así se crean islas de riqueza que no traen riqueza al entorno, están aisladas completamente, y se engaña a la gente creyendo que sí que la van a traer.
Así lo ha denunciado incluso la patronal de turismo, que ha dicho que este urbanismo caótico está provocando que algunos destinos turísticos españoles se estén quedando obsoletos; el sector hotelero también lo ha denunciado; The sunday times nos llama la costa de los horrores, donde no hay que ir. Mientras, la vivienda de protección oficial en el País Valenciano cae en un 68 por ciento en siete años y el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo del País Valenciano, dice que, si se le hubiera hecho caso, todo esto no habría ocurrido.
Ministra, se está destrozando el paisaje, se cambia huerta, humedales y parajes naturales por ladrillo y campos de golf, se hacen urbanizaciones clónicas por todas partes y se supone que la Administración, el Estado, debe regular los ritmos y la conveniencia de actuaciones urbanísticas. ¿Qué están haciendo, señora ministra? Reclamamos una moratoria urbanística, también lo ha dicho la Unión Europea, un desarrollo que responda a las necesidades de los ciudadanos y no al contrario, que nos permita que nuestra costa no sea campos de golf y paraje de la vela con dinero fácil para determinados empresarios amigos de. Mientras, se abandona la agricultura, no se invierte en I+D+i, se deslocalizan las empresas y nosotros nos vamos convirtiendo en el multicomplejo vacacional de otros. Eso es para lo que reclama esta gente el agua para todos, que debe ser algo así como agua para todos los negocios de mis amigos. Señora ministra, no lo podemos permitir, tenemos que frenar esta especulación urbanística que está generando no solo el descrédito de toda la clase política, sino un deterioro irreversible, insostenible, del medio ambiente, y nosotros no somos dueños de nuestro territorio, es un legado que dejamos a los que vengan detrás, tenemos la obligación de protegerlo, de representar a los ciudadanos, de proteger sus intereses, y esa obligación hoy por hoy no se está cumpliendo.
En cuanto a los casos de corrupción, lo dice la misma Unión Europea en su informe: el número de casos de corrupción confirmados sobre los que existen sospechas fundadas hace patentes las deficiencias de la ley y de su aplicación. ¿Y por qué hay tan pocos casos en los tribunales? ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué no cumplen con su trabajo? Simplemente les reclamamos eso.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A usted, señora Navarro, muchas gracias.
Continuamos con la contestación de la señora ministra de la Vivienda.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora diputada, en primer lugar tengo que manifestar que el Gobierno de España comparte la preocupación de los ciudadanos y del grupo interpelante por los casos de desarrollo territorial insostenible, por los casos de especulación urbanística que se producen y por los casos de corrupción que les acompañan, pero el Gobierno, además de compartir esta preocupación, está actuando desde el principio de esta legislatura, en dos años de Gobierno, desde el ámbito de sus competencias, poniendo en marcha medidas que combaten decididamente estas prácticas. Pero señorías, esa preocupación no debe llevarnos a renegar del desarrollo urbano y rural, que va íntimamente asociado al desarrollo económico y social, aunque sí debe abocarnos necesariamente a hacer una apuesta decidida, más allá de las declaraciones, por un desarrollo territorial y urbano sostenible, y desarrollo sostenible quiere decir desarrollo racional y sensato, a la par que viable en el largo plazo. Esa apuesta por un desarrollo territorial, urbano y rural sostenible debe ser un proyecto común a todos los poderes públicos, al Estado, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, cada uno desde el ámbito de sus competencias y además comprometiendo medios propios.
Por lo que respecta a este Gobierno, tenemos muy claro que esta es una política prioritaria y de Estado, sobre todo en un país como el nuestro, señoría, como usted decía, que tiene una gran riqueza paisajística y ecológica y en el que una parte importante de nuestra economía descansa en el sector de la construcción y en el turismo. Como ya he dicho, no debemos renunciar a esa generación de riqueza, pero sí debemos encauzarla por unos parámetros mínimos de calidad ambiental y de cohesión social. Esa es la única manera de que sea duradera y de que pueda incrementar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, asociado a ello está nuestro deber de luchar contra la especulación. El Gobierno está adoptando medidas para todo ello, y precisamente porque lo concibe como una política prioritaria y política de Estado, lo está haciendo de una manera transversal, como S.S. manifestaba a lo largo de su interpelación, por lo que ha implicado a los distintos departamentos ministeriales.
También como órgano colegiado, y por mencionarle la última medida, el Consejo de Ministros extraordinario del pasado 4 de abril, a iniciativa del Ministerio de Administraciones Públicas, por primera vez en nuestra democracia acordó iniciar el procedimiento de disolución de un ayuntamiento.
Yo no voy a detallar evidentemente las líneas de acción de otros ministerios, aunque de forma breve voy a apuntar algunas de ellas en el conjunto de las medidas que adopta el Gobierno de España antes de extenderme también en determinadas medidas que llevamos a cabo desde el Ministerio de Vivienda. De esa manera, señoría, podrá juzgar en su globalidad la acción del Gobierno en esta materia.
En primer lugar, y en lo que compete, por ejemplo, por mencionar solo un caso concreto, al Ministerio de Justicia, el Gobierno, en la reunión del Consejo de Ministros del pasado 24 de marzo, promovió a un fiscal a la categoría de fiscal de Sala coordinador de medio ambiente y urbanismo, una medida. Esta iniciativa va a permitir coordinar a las distintas fiscalías en delitos de este tipo al mismo tiempo que se van a unificar criterios de actuación en esta materia. También está prevista mañana la aprobación en esta Cámara del proyecto de ley de montes, donde está prevista la fiscalía que estoy mencionando.
En segundo lugar, y en materia de política fiscal en cuanto compete al Ministerio de Economía y Hacienda se ha puesto en marcha un plan de prevención del fraude, que prevé medidas específicas para el sector inmobiliario y de la vivienda, como la inclusión de la referencia catastral en la campaña del IRPF, que ha supuesto incrementar el número de declarantes fundamentalmente en alquileres en un 8,6 por ciento, 101.000 declarantes más, y que los rendimientos declarados crezcan. Del mismo modo, por ejemplo, en las escrituras públicas la inclusión de los medios de pago para dar mayor transparencia y control a todas y cada una de las operaciones. Exigimos también que los contratos de arrendamiento y suministro de energía eléctrica incluyan la referencia catastral de la vivienda.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente también se han llevado a cabo muchas iniciativas. Por ejemplo, la inversión para adquirir terrenos en el litoral, con el objeto de reforzar la protección de la costa mediante la incorporación al dominio público marítimo terrestre de nuevos espacios adyacentes para lo que están presupuestados, como decía S.S., 20 millones de euros en este ejercicio presupuestario. Del mismo modo se encuentra en el Senado el proyecto de ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente que va a exigir que los nuevos desarrollos urbanísticos sean sometidos a una evaluación ambiental. Por último, en relación con este ministerio, por mencionar una medida más, existe ya un anteproyecto de ley reguladora de los derechos de acceso a la información de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Le voy a mencionar también medidas que se llevan a cabo desde el Ministerio de la Vivienda a favor de la transparencia, el control y la lucha contra el fraude. Como bien conoce S.S. el Real Decreto de estructura orgánica del Ministerio de la Vivienda prevé que corresponde a éste la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de acceso a la vivienda, edificación, urbanismo, suelo y arquitectura. Como primer paquete de medidas en la lucha contra el fraude y la prevención del mismo en el Plan de Vivienda 2005-2008, que se aprobó en julio del año pasado, se establecen distintas medidas para garantizar la permanencia del parque de viviendas protegidas y evitar situaciones de especulación. El Plan de vivienda considera como un eje estratégico la utilización de los recursos de forma eficiente, y la lucha contra el fraude como uno de los ejes importantes para desarrollar con las comunidades autónomas. Se determina, por ejemplo, por primera vez la extensión del período de calificación de la vivienda protegida durante toda su vida útil, considerando al menos treinta años como tal, incrementándose por las comunidades autónomas y permitiendo al mismo tiempo la transmisión de viviendas protegidas a unos precios razonables para garantizar el cambio a otra vivienda que se adapte mejor a las necesidades cambiantes de un hogar. Además, como medida complementaria obligatoriamente las comunidades autónomas tienen que utilizar mecanismos como los registros de demandantes y adjudicatarios, el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto para eliminar la posibilidad de sobreprecios y, por tanto, la posibilidad de fraude en la transmisión de viviendas. Sobre el tanteo y retracto el Ministerio de la Vivienda ha firmado un importante convenio financiero con el ICO (Instituto de Crédito Oficial) para poner recursos a disposición de las Administraciones y que puedan ejercer el derecho de tanteo y retracto.
También se está financiando la puesta en marcha de ventanillas únicas de vivienda como sistemas de transparencia y de prevención del fraude en la vivienda protegida. Desempeñará un papel importante el Registro estatal de viviendas protegidas, con el objeto de tener un registro único de todas las ayudas concedidas por las administraciones públicas para la vivienda y detectar, por ejemplo, las duplicidades de ayudas, así como registrar a promotores, a constructores, a beneficiarios, a propietarios o a inquilinos. La aprobación del código técnico de la edificación, en cuanto calidad en la misma, también supone una medida de lucha contra el fraude, entendido también como la falta de calidad en la venta de las viviendas. Trabajamos también en el sector de la intermediación y en la regulación de nuevos seguros que puedan garantizar la compra-venta por parte de ciudadanos.
En tercer lugar, estamos coordinando una nueva política de gestión del suelo patrimonial del Estado, que está inspirada en el principio del desarrollo urbano sostenible, pero que está aportando millones de metros cuadrados de suelo para vivienda protegida y para otros equipamientos sociales. La sostenibilidad de esta política de suelo público del Estado se demuestra en la apuesta que con estas actuaciones hacemos por la cohesión social y, más en particular, por la vivienda protegida, así como por la calidad ambiental del medio urbano, donde procuramos aumentar notablemente la proporción de dotaciones y equipamientos. En este momento el Estado tiene comprometidos más de 10 millones de metros cuadrados para más de 33.000 viviendas protegidas. Señoría, le estoy hablando de desarrollo urbano sostenible, tanto en los suelos residenciales como en los suelos industriales que también transformamos; criterios de eficiencia energética, de iluminación de orientación, de recogida hidráulica y neumática de residuos, de vegetación autóctona, de carril bici, de mezcla de usos -usos económicos y usos residenciales-, de ciudad compacta.
Hay otra medida muy importante que actualmente está en fase de tramitación muy avanzada, que es el anteproyecto de ley del suelo, que apuesta claramente por un desarrollo territorial y urbano sostenible y por combatir la especulación. Sobre los principios inspiradores del anteproyecto de ley del suelo me gustaría destacar aquellos aspectos más importantes que pueden dar respuesta a una parte de su interpelación. Por ejemplo, la transparencia es un factor fundamental para acabar con determinadas prácticas y propiciar la correcta utilización de determinados instrumentos. El anteproyecto quiere conectar urbanismo y suelo con ciudadanía y la mejor forma de hacerlo es poner a disposición de los ciudadanos una información fidedigna y comprensible para ellos. Pero para garantizar la participación efectiva de los ciudadanos la información pública no puede consistir únicamente en hacer públicos los acuerdos ya cerrados, sino que tiene que producirse antes de la adopción de acuerdos. Por eso exigiremos que todos los planes y convenios urbanísticos que se aprueben en España sean sometidos a información pública durante su tramitación; algo que actualmente no es así en todas partes. No queremos limitarnos a cumplir el derecho europeo. Podemos y debemos ir más allá si queremos asegurar que la participación ciudadana en materia urbanística sea efectiva. Tengamos presente que los planes y los demás instrumentos urbanísticos comprenden una documentación muy amplia, mucha de ella de carácter eminentemente técnico y de difícil comprensión para muchos y, sobre todo, para los ciudadanos. Por eso también exigiremos que la documentación que se someta a información pública incluya obligatoriamente un resumen ejecutivo que permita a los ciudadanos conocer de forma sencilla y sucinta en qué consiste, por ejemplo, el cambio de ordenación y en qué puede afectarle. También para dotar de la mayor transparencia posible a la información sobre el suelo disponible para edificar y conocer la evolución en el desarrollo del mismo ya está en macha el sistema de información urbana, que será compatible con los sistemas nacionales y europeos. En una sola década, como conoce S.S. y según determinados documentos como el ¿??, el suelo urbanizado en España ha aumentado en una cuarta parte. En Europa en 20 años ha aumentado solo el 20 por ciento. La sostenibilidad supone clasificar el suelo necesario e idóneo para satisfacer la demanda social detectada, pero también incluimos en la próxima tramitación del planeamiento el informe de impacto económico de la legislación vigente.
En definitiva, señoría, hay muchas medidas que ayudarán a luchar contra la corrupción y contra la especulación. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Seguimos con el turno de réplica de esta interpelación.
Comenzamos de nuevo por la señora Navarro en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Adelante, cuando quiera.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, en el País Valenciano se ha ocupado en diez años más territorio que en toda su historia. Blasco lo llama dinamismo económico. No haga usted lo mismo. Se ha incrementado en un 47,1 por ciento el suelo urbanizado. El informe de la Unión Europea es demoledor y se reitera estos días la necesidad de que se modifique la nueva ley urbanística valenciana.
El colegio de arquitectos de Murcia recurre el desarrollo urbanístico de Murcia que prevé la construcción de 100.000 viviendas. En el caso de Orihuela, en el que la oposición denuncia que hay 8.000 casas ilegales, el fiscal ha denunciado al alcalde, del Partido Popular, a cinco concejales, a tres asesores y a cinco empresarios, uno de ellos propietario del famoso rolls y el bungalow donde reside el alcalde. Está denunciado por treinta casos de corrupción, pero siguen en el Ayuntamiento campando a sus anchas. No se preocupen, señorías, hay para todos. Hay ayuntamientos del Partido Socialista, hay ayuntamientos del Partido Popular, la mayoría de los planes urbanísticos que presentan tienen informe desfavorable en cuanto al agua, pero no pasa nada, se sigue adelante. En el caso de Elda, se ha aprobado el plan con los votos del PSOE, que gobierna, y cuatro concejales del PP incumpliendo el acuerdo, pero eran necesarios, qué curioso, 7.500 viviendas con un campo de golf. Por cierto, por el medio del campo de golf pasa el AVE. Es digno de ver, en medio de los hoyos del campo de golf, el recorrido del AVE. En Elche, un proyecto sin declaración de impacto ambiental, ¿por qué? ¿Por qué no tiene declaración de impacto ambiental? Se declara ilegal. El caso de Riba-roja, una operación urbanística que implica un incremento de la población de 12.000 personas. El Ayuntamiento de Granja, del Partido Popular, que tiene 2.000 habitantes se multiplica por dos en una zona de huerta. Torrevieja, según The Sunday Times, destino a evitar. Desde luego ahora mismo, sí; hace unos años no era así. Está siendo investigada por el fiscal Anticorrupción, pero también mientras el alcalde sigue campando a sus anchas. Tavernes, Guadassuar, El Puig, etcétera. En el caso de Alcoi, muy reciente, el secretario de territorio de la Generalitat Valenciana presuntamente, parece ser, ha comprado unos terrenos que se van a recalificar por un PAI que se va a hacer en esa misma zona, pero él no sabía nada. No lo sabemos si sabía algo o no, parece ser que sí.
Detrás de todos estos casos tengo aquí un dosier, señora ministra, le expongo los casos del País Valenciano, pero no solo es el País Valenciano, sino también Murcia, Almería y otras ciudades de Andalucía y las islas baleares. Amenazas y denuncias. Nosotros estamos siempre con los ciudadanos, porque, señora ministra, esto hay que pararlo. El caso de Castellón es el paradigma del marbellismo. Cabanes de Oropesa alberga Marina D'Or y el parque que está construyendo el señor Fabra, pero, eso sí, encargada la empresa de también Marina D'Or. Curioso. Dos de los seis concejales del Partido Popular de Cabanes, donde se construyen estas edificaciones, trabajan para el dueño de Marina D'Or. El PSOE, lo mismo: dos hijas de los máximos dirigentes de Cabanes del PSOE también trabajan para el dueño de Marina D'Or. La secretaria general del PSOE de Oropesa también trabaja para el dueño de Marina D'Or. El resultado, PSOE más PP, más de 20 millones de metros cuadrados de urbanizaciones. Se multiplica la población por 24. Burriana, el alcalde socio político de Fabra. Dirige también el imperio inmobiliario del señor Fabra. En Burriana, con 35.000 habitantes, han recalificado suelo para más de 100.000 habitantes. El señor Fabra es titular de 19 cuentas bancarias y está autorizado en otras 75. Hacienda le investigó solamente en el año 1999 y dio con 146 ingresos anómalos alrededor de 110.947.000 millones de pesetas.
En conclusión, Marbella es la costa española, es el cáncer que se extiende y necesitamos extirparlo. Hay marbellas grandes y pequeñas, con más o menos ilegalidades, pero con un común denominador: la especulación urbanística que asola el país, la corrupción política, las mafias del dinero negro, el serio deterioro de la democracia que estamos padeciendo. Las instituciones públicas son instrumento necesario y cómplices de la corrupción. Consumimos más del 50 por ciento del cemento que se produce en la Unión Europea y la vivienda es cada vez más cara, como la señora ministra bien sabe, inaccesible por tanto para la mayoría de los ciudadanos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Termine, por favor.
La señora NAVARRO CASILLAS: ¿Aprobará este Congreso una ley del suelo que otorgue garantías que impidan estos abusos, que garantice los derechos de los ciudadanos frente a estos abusos? ¿Habrá un cambio de fiscalidad para la vivienda de segunda residencia, se va a promover esto por parte del Gobierno? ¿Este Gobierno va a cambiar y perseguirá de forma implacable la corrupción urbanística?
Señora ministra, necesitamos políticas reguladoras del mercado inmobiliario, un fomento real de las viviendas sociales, directrices de sostenibilidad, urbanismo al servicio de la ciudadanía que garantice un incremento de la calidad de vida de los ciudadanos, protección del patrimonio ecológico y cultural, planificación por encima de los promotores y con participación ciudadana, una ley del suelo que impida los abusos, endurecer las leyes penales, actuaciones de la Agencia Tributaria, coordinación de los distintos ministerios, persecución e investigación de los posibles delitos. En resumen, señora ministra, un Gobierno activo que cambie el panorama, que no permita que se incremente esta situación y que deje de decir, como ha dicho hoy el señor Blanco en una entrevista, que no pasa nada, porque sí está pasando.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias.
Cerramos esta interpelación con el turno de dúplica de la señora ministra de la Vivienda.
Adelante.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA Y URBANISMO (Trujillo Rincón): Gracias, señora presidenta.
Señoría, ha desplegado usted una amplia casuística en la que detecto que determinados municipios no aparecen en la misma. Tal vez, sería conveniente y necesario que S.S. consultara la hemeroteca y también mencionara otros municipios. De todas formas, tengo que decir que, por primera vez, un Gobierno, el Gobierno actual, está actuando en todos estos sectores aprobando medidas, y lo está haciendo, como no podía ser de otra forma y como yo he tratado de manifestar haciendo referencia a algunas iniciativas de todos los ministerios, de una manera coordinada y transversal. Anteriormente le he detallado a S.S. gran parte de las iniciativas que el Gobierno de España está poniendo en marcha para atender la preocupación de los ciudadanos por las malas prácticas que usted ha mencionado. Concretamente, le he hablado del anteproyecto de ley del suelo, que sienta unos principios jurídicos mínimos a los que debe sujetarse la ordenación del suelo para ser sostenible -esto es novedoso-; que exige, conforme a esos principios, que los nuevos desarrollos urbanísticos se sometan a evaluación ambiental y justifiquen su sostenibilidad económica -también es novedoso-; que establece garantías básicas de participación efectiva de los ciudadanos en los procesos de ordenación territorial y urbanística y en su gestión, para que en el futuro sea más transparente -esto es novedoso, no existía-; que pone coto a lo que puede acordarse en los convenios urbanísticos para que no se abuse de los derechos de las personas afectadas -esto es novedoso y que va en la dirección que usted apuntaba, llevamos muchos años trabajando en esto y ahora lo hacemos desde el Gobierno-; que adopta medidas para combatir la retención especulativa de los suelos -esto es novedoso- y que, además, sienta un régimen de valoraciones basado en la realidad, donde las valoraciones tienen que tasar adecuadamente la situación real de los terrenos y también el riesgo y la inversión acometidos en su transformación -que es lo que hay que hacer si queremos de verdad combatir las prácticas especulativas-, y no en meras expectativas basadas solo en las previsiones de los planes.
(Termina la señora ministra)
En suma, señoría, se trata de una acción global del Gobierno para luchar contra el fraude y la especulación en el mercado inmobiliario y también para lograr la sostenibilidad de nuestro desarrollo urbano, a lo que necesariamente ha de sumarse todo tipo de iniciativas de las restantes administraciones públicas.
También le quiero decir que este Gobierno confía plenamente en la acción de las Fuerzas de Seguridad del Estado, como vienen manifestándose, y también en la justicia para que el peso de la ley recaiga sobre aquellos que pretenden lucrarse con prácticas especulativas y fraudulentas. En ese sentido, el Gobierno de España, una vez más, está dando ejemplo con inmediatez, con rigor y con responsabilidad con todas las iniciativas que se están llevando a cabo. La suma de todas esas medidas, señoría, ofrecen una visión cabal del grado de compromiso de este Gobierno con la sostenibilidad en el desarrollo de nuestro territorio, de nuestras ciudades y, además, en la lucha contra el fraude y con la especulación. Un grado de compromiso que, como S.S. conoce, agota el espacio competencial del Estado y respeta el de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, aunque no vendría mal empezar a repensar todo esto, pero que ofrece nuestra colaboración y nuestro apoyo para poder abordar conjuntamente un problema que es de todos, porque a todos nos concierne y solo actuando todos en la misma dirección podemos resolverlo con eficacia.
En relación con el proyecto de ley del suelo confío que el trámite parlamentario que va a seguir este proyecto sirva para enriquecerlo y para que se sumen a él todas las fuerzas políticas interesadas en poner freno a la especulación, en apostar por la sostenibilidad de nuestro territorio y de nuestro urbanismo y en luchar contra la especulación. Espero, señorías, que en el trámite parlamentario esta ley se pueda enriquecer todavía mucho más para conseguir los objetivos que todos pretendemos.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias señora ministra. Gracias, señora Navarro.
