diumenge, d’abril 16, 2006
España: la Comisión prosigue las acciones legales
Veure l'original La Comisión Europea interpondrá acciones legales contra España en relación con cuatro casos de vulneración del Derecho medioambiental de la UE. Españ
a recibirá un primer apercibimiento por la inejecución de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJE) relativa al vertedero incontrolado e ilegal de Punta de Ávalos (La Gomera, islas Canarias). La Comisión enviará asimismo a España otros tres primeros apercibimientos
escritos por el incumplimiento de las Directivas comunitarias que exigen la realización de una evaluación de impacto ambiental de forma previa al inicio de las obras de determinados proyectos e infraestructuras. Se trata de la vía de circunvalación M 30 de Madrid y de los proyectos urbanísticos de Cabo de Gata (Andalucía) y Peñíscola (provincia de
Castellón). En tres de los cuatro casos, los proyectos tienen repercusiones en la red comunitaria de zonas y sitios protegidos Natura 2000. Por último, la Comisión archivará un caso de infracción referente a tres vertederos como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades españolas en acatamiento de una
anterior sentencia del Tribunal.
«Estoy satisfecho de que hayamos conseguido zanjar el asunto de los tres
vertederos españoles», afirmó Stavros Dimas, Comisario Europeo de Medio
Ambiente. «No obstante, esperamos con impaciencia que España resuelva los
casos pendientes.»
Evaluación de impacto ambiental: proyecto de desarrollo urbanístico
de Las Atalayas (Peñíscola, Castellón)
La Comisión ha remitido a España un primer apercibimiento escrito por no haber
realizado la evaluación de impacto ambiental de un proyecto de desarrollo urbanístico situado en una zona natural protegida perteneciente a la red Natura 2000. El proyecto, denominado "Las Atalayas", se ubica en el municipio de Peñíscola (provincia de Castellón, Comunidad Valenciana).
Además, las autoridades españolas no han adoptado las medidas protectoras necesarias para salvaguardar el valor ecológico del sitio una vez ejecutado el proyecto.
Procedimiento legal
El artículo 226 del Tratado confiere a la Comisión facultades para emprender acciones legales contra los Estados miembros que estén incumpliendo sus obligaciones.
Si la Comisión considera que puede estarse produciendo un quebrantamiento del Derecho comunitario que justifica la incoación de un procedimiento de infracción, envía una "carta de requerimiento" (primer apercibimiento escrito) al Estado miembro afectado, solicitándole que le remita sus observaciones dentro de un plazo determinado, por lo general de dos meses.
En función de la respuesta o el silencio del Estado miembro interesado, la Comisión puede decidir enviarle un "dictamen motivado" (último apercibimiento escrito), en el que expone clara y definitivamente los motivos por los que considera hallarse en presencia de un incumplimiento del Derecho comunitario, e insta al Estado miembro a que proceda a acatarlo en un plazo determinado, por lo general también de dos meses.
Si el Estado miembro hace caso omiso del dictamen motivado, la Comisión puede decidir llevar el caso al Tribunal de Justicia. Si éste dictamina que, efectivamente, se ha producido una vulneración del Tratado, se requiere al Estado miembro que adopte las medidas necesarias para ajustarse a Derecho.
El 228 del Tratado otorga a la Comisión facultades para interponer acciones legales contra los Estados miembros que no hayan cumplido una sentencia anterior del Tribunal de Justicia Europeo. En virtud también de ese artículo, la Comisión puede solicitar al Tribunal que imponga una multa al Estado miembro incumplidor.
Estadísticas actuales sobre infracciones en general:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions
Sentencias del Tribunal de Justicia:
http://curia.eu.int/es/content/juris/index.htm
a recibirá un primer apercibimiento por la inejecución de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJE) relativa al vertedero incontrolado e ilegal de Punta de Ávalos (La Gomera, islas Canarias). La Comisión enviará asimismo a España otros tres primeros apercibimientosescritos por el incumplimiento de las Directivas comunitarias que exigen la realización de una evaluación de impacto ambiental de forma previa al inicio de las obras de determinados proyectos e infraestructuras. Se trata de la vía de circunvalación M 30 de Madrid y de los proyectos urbanísticos de Cabo de Gata (Andalucía) y Peñíscola (provincia de
Castellón). En tres de los cuatro casos, los proyectos tienen repercusiones en la red comunitaria de zonas y sitios protegidos Natura 2000. Por último, la Comisión archivará un caso de infracción referente a tres vertederos como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades españolas en acatamiento de unaanterior sentencia del Tribunal.
«Estoy satisfecho de que hayamos conseguido zanjar el asunto de los tres
vertederos españoles», afirmó Stavros Dimas, Comisario Europeo de Medio
Ambiente. «No obstante, esperamos con impaciencia que España resuelva los
casos pendientes.»
Evaluación de impacto ambiental: proyecto de desarrollo urbanístico
de Las Atalayas (Peñíscola, Castellón)
La Comisión ha remitido a España un primer apercibimiento escrito por no haber
realizado la evaluación de impacto ambiental de un proyecto de desarrollo urbanístico situado en una zona natural protegida perteneciente a la red Natura 2000. El proyecto, denominado "Las Atalayas", se ubica en el municipio de Peñíscola (provincia de Castellón, Comunidad Valenciana).
Además, las autoridades españolas no han adoptado las medidas protectoras necesarias para salvaguardar el valor ecológico del sitio una vez ejecutado el proyecto.
Procedimiento legal
El artículo 226 del Tratado confiere a la Comisión facultades para emprender acciones legales contra los Estados miembros que estén incumpliendo sus obligaciones.
Si la Comisión considera que puede estarse produciendo un quebrantamiento del Derecho comunitario que justifica la incoación de un procedimiento de infracción, envía una "carta de requerimiento" (primer apercibimiento escrito) al Estado miembro afectado, solicitándole que le remita sus observaciones dentro de un plazo determinado, por lo general de dos meses.
En función de la respuesta o el silencio del Estado miembro interesado, la Comisión puede decidir enviarle un "dictamen motivado" (último apercibimiento escrito), en el que expone clara y definitivamente los motivos por los que considera hallarse en presencia de un incumplimiento del Derecho comunitario, e insta al Estado miembro a que proceda a acatarlo en un plazo determinado, por lo general también de dos meses.
Si el Estado miembro hace caso omiso del dictamen motivado, la Comisión puede decidir llevar el caso al Tribunal de Justicia. Si éste dictamina que, efectivamente, se ha producido una vulneración del Tratado, se requiere al Estado miembro que adopte las medidas necesarias para ajustarse a Derecho.
El 228 del Tratado otorga a la Comisión facultades para interponer acciones legales contra los Estados miembros que no hayan cumplido una sentencia anterior del Tribunal de Justicia Europeo. En virtud también de ese artículo, la Comisión puede solicitar al Tribunal que imponga una multa al Estado miembro incumplidor.
Estadísticas actuales sobre infracciones en general:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions
Sentencias del Tribunal de Justicia:
http://curia.eu.int/es/content/juris/index.htm
Recordem la manifestació de 2003
