diumenge, d’abril 23, 2006
El tribunal de la UE obliga a que las obras en ciudades pasen declaración medioambiental.
El Tribunal de Justicia de la UE ha condenado a España por no realizar la evaluación de impacto ambiental de Kinépolis, un centro de ocio en Paterna (Valencia). Esta sentencia sienta jurisprudencia que podría ser tenida en cuenta en las reclamaciones que la remodelación de la M-30 tiene pendientes en Bruselas.
La portavoz municipal de IU, Inés Sabanés, ha calificado de "óptimo precedente para el caso de las obras de la M-30" que el tribunal haya reprobado la exención de impacto ambiental argumentando que las obras de Valencia se realizaban en una ciudad.
El fallo del Tribunal Europeo señala que al excluir del análisis de impacto los proyectos de zonas urbanas no se ha adaptado correctamente a la legislación española la normativa comunitaria. Las autoridades españolas habían argumentado que como el centro de ocio, considerado el segundo complejo de cines más grande de Europa, con una afluencia semanal de más de 60.000 personas, se construyó en suelo urbano, el impacto sobre el medio ambiente no podía ser importante.
El Tribunal Europeo, que condena a los Estados y no a Gobiernos autónomos, desestima este argumento y da la razón a la Comisión Europea argumentando que no podían excluirse las repercusiones medioambientales que el gran complejo de ocio podría acarrear.
"Los argumentos esgrimidos por esta institución se ajustan a los defendidos por IU frente al atropello de las obras de la M-30 en el sentido de que el tribunal concluye que el hecho de considerar ámbito urbano una zona no es razón suficiente para liberar al proyecto del requisito de la evaluación de impacto medioambiental", según señaló la concejal Inés Sabanés al conocer el fallo.
Reproches
En concreto, en las conclusiones del informe europeo -referido en concreto a la construcción de un centro de ocio en Paterna- se dice de manera literal que "la tesis que defiende el Gobierno español de que en las zonas urbanas el impacto ambiental de los proyectos de urbanización es prácticamente inexistente tampoco puede ser acogida en vista de la lista de factores que pueden verse afectados directa o indirectamente por los proyectos a los que se refiere la Directiva 85/337 modificada".
La comisión alega que el Gobierno español "no ha adoptado ninguna medida destinada a comprobar si el proyecto de construcción del centro de ocio en Paterna podía tener repercusiones importantes en el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, dimensión o localización".
La concejal Sabanés destacó ayer los paralelismos existentes y valoró de "manera muy positiva que sea una sentencia con carácter firme en la que se recojan aspectos tan similares a los de la M-30, ya que, si hablamos de dimensión de obra, no hay ninguna comparable en Europa y desde luego tan destructiva para el medio ambiente".
Los grupos de la oposición -PSOE e IU-, los ecologistas y los vecinos están pendientes de que la UE se pronuncie en los próximos días sobre la remodelación de la M-30 que está haciendo el equipo de gobierno encabezado por el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón.
El diputado socialista Carlos Carnero solicitó hace un mes a la Comisión de Peticiones de la UE que se pronuncie sobre si es necesaria una declaración de impacto ambiental para las obras de la M-30. Por su parte, IU aguarda que la UE ponga fecha a la visita de una delegación de inspectores a las obras de la autovía de circunvalación. El PAÍS 22-3-2006
La portavoz municipal de IU, Inés Sabanés, ha calificado de "óptimo precedente para el caso de las obras de la M-30" que el tribunal haya reprobado la exención de impacto ambiental argumentando que las obras de Valencia se realizaban en una ciudad.
El fallo del Tribunal Europeo señala que al excluir del análisis de impacto los proyectos de zonas urbanas no se ha adaptado correctamente a la legislación española la normativa comunitaria. Las autoridades españolas habían argumentado que como el centro de ocio, considerado el segundo complejo de cines más grande de Europa, con una afluencia semanal de más de 60.000 personas, se construyó en suelo urbano, el impacto sobre el medio ambiente no podía ser importante.
El Tribunal Europeo, que condena a los Estados y no a Gobiernos autónomos, desestima este argumento y da la razón a la Comisión Europea argumentando que no podían excluirse las repercusiones medioambientales que el gran complejo de ocio podría acarrear.
"Los argumentos esgrimidos por esta institución se ajustan a los defendidos por IU frente al atropello de las obras de la M-30 en el sentido de que el tribunal concluye que el hecho de considerar ámbito urbano una zona no es razón suficiente para liberar al proyecto del requisito de la evaluación de impacto medioambiental", según señaló la concejal Inés Sabanés al conocer el fallo.
Reproches
En concreto, en las conclusiones del informe europeo -referido en concreto a la construcción de un centro de ocio en Paterna- se dice de manera literal que "la tesis que defiende el Gobierno español de que en las zonas urbanas el impacto ambiental de los proyectos de urbanización es prácticamente inexistente tampoco puede ser acogida en vista de la lista de factores que pueden verse afectados directa o indirectamente por los proyectos a los que se refiere la Directiva 85/337 modificada".
La comisión alega que el Gobierno español "no ha adoptado ninguna medida destinada a comprobar si el proyecto de construcción del centro de ocio en Paterna podía tener repercusiones importantes en el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, dimensión o localización".
La concejal Sabanés destacó ayer los paralelismos existentes y valoró de "manera muy positiva que sea una sentencia con carácter firme en la que se recojan aspectos tan similares a los de la M-30, ya que, si hablamos de dimensión de obra, no hay ninguna comparable en Europa y desde luego tan destructiva para el medio ambiente".
Los grupos de la oposición -PSOE e IU-, los ecologistas y los vecinos están pendientes de que la UE se pronuncie en los próximos días sobre la remodelación de la M-30 que está haciendo el equipo de gobierno encabezado por el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón.
El diputado socialista Carlos Carnero solicitó hace un mes a la Comisión de Peticiones de la UE que se pronuncie sobre si es necesaria una declaración de impacto ambiental para las obras de la M-30. Por su parte, IU aguarda que la UE ponga fecha a la visita de una delegación de inspectores a las obras de la autovía de circunvalación. El PAÍS 22-3-2006
