Diari NO TAN A PROP.Basta ya de tirar mierda al mar!!Depuradora ya!!

El INFORME
Casos reales de la LRAU.
La Sra. C. es viuda. En 1974, ella y su esposo adquirieron legalmente 2.600m2 de terreno, quedando las actas formalmente registradas. Obtuvieron la licencia de construcción, pagaron los impuestos correspondientes y edificaron una casa en 1974. En 1997 ella se enteró por unos vecinos de que la zona en que se encontraba su propiedad iba a ser urbanizada. En 1999 abonó todos los derechos de sucesión por las propiedades de su esposo -que había fallecido unos años antes-, incluidos la casa y el terreno. En mayo de 1999 fue informada de que se habían cedido 40 m2 de su terreno a un vecino y se iba a construir una rotonda sobre el terreno ocupado por su cocina y su jardín. Junto con su hija, trató de recurrir en contra, pero no toparon sino con impedimentos a cada paso. Hasta julio de 2002 no recibió la documentación legal referente a las propiedades de su esposo, según la cual ya no era propietaria de 2.600 m2, sino solamente de 1.505 m2. En ningún momento había sido informada por el registro de la propiedad, ni por las autoridades locales ni por ninguna otra instancia. Había perdido efectivamente un 43% de su terreno en beneficio de gestores urbanísticos.
La Sra. K.-W. adquirió en 1996 una casa rural de 150 años de antigüedad plenamente equipada. Se pagaron todos los permisos e impuestos y se registraron las actas. Ella escribe: «En el acta no consta que nos veríamos privados de la mitad de nuestra propiedad...incluso se demolerán una parte de nuestra terraza y la entrada al garaje, ni que tendríamos que pagar 43.869,89 euros al urbanizador...Está previsto construir una serie de viviendas privadas de tres pisos y un aparcamiento dentro de nuestro jardín...Las excavadoras ya están frente a nuestra casa...No tengo nada más que escribir, porque nos sentimos tan tristes e indefensos frente a esta LRAU.» Se adjunta una serie de fotos que muestran a sus tres hijas en su paraíso, que no saben por qué razón van a perder su jardín y todos sus árboles.
En la urbanización El Poblet de Denia, al Sr. y la Sra. M. se les expropió un 38% de su propiedad, y aportaron 52.000 euros al coste de unos proyectos de infraestructuras municipales consistentes en una nueva carretera y nuevo alcantarillado. En el terreno que se les había expropiado, que era de hecho una gran parte de su jardín, el urbanizador ha construido dos chalés de lujo, que ha vendido por más de 300.000 euros cada uno.
El Sr. y la Sra. B. compraron un pequeño chalé con 2.625 m2 de terreno en Benissa en 2001. Ahora han recibido un ultimátum del urbanizador y del ayuntamiento para que cedan 1.000 m2 de terreno y paguen 42.500 euros para una nueva infraestructura que ellos no necesitan, pero que beneficiará a una nueva actuación urbanística adyacente a su propiedad. No han recibido ninguna información relacionada directamente con el plan en sí mismo.
«Mi esposo y yo gastamos todos nuestros ahorros en lo que consideramos nuestro hogar en el paraíso. Hemos pasado once años transformando una vieja casa vacía y una extensión de terreno cubierta de vegetación en un hogar y un jardín. Pronto podríamos perderlo todo a manos de gestores urbanísticos codiciosos», escribe la Sra. S., también de Benissa. Hablando en nombre de seis propietarios de viviendas de la misma calle, afirma que se espera de ellos que renuncien a un 70% de su terreno y contribuyan a pagar los gastos del nuevo proyecto urbanístico. Tuvieron conocimiento de la única notificación acerca del proyecto a través de un sitio de Internet del que los propietarios supieron por casualidad.
El Sr. y la Sra. D. no compraron su vivienda en El Charco (Villajoyosa) hasta el año 2003. El ayuntamiento y el urbanizador local (dependiendo del plan que finalmente quede seleccionado) les han dado a elegir entre demoler su vivienda en favor de una zona verde y una carretera, con una compensación mínima, o conservar su vivienda y la mitad de su terreno y pagar 50.000 euros de gastos de construcción de infraestructuras. Se les ha dicho que se les informará cuando se tome una decisión.
El Sr. y la Sra. W.-S. abandonaron Alemania hace cuatro años para vivir en una casa que habían comprado en un terreno de 3.000 m2 de las afueras de Denia. Lo invirtieron todo en adquirir y mejorar la propiedad. Se enteraron por casualidad de que se había aprobado un proyecto urbanístico para construir 18.000 viviendas, se les expropiaría un 60% de su propiedad, se construiría una carretera entre su pequeña casa y su piscina, e igualmente se construiría una rotonda en las lindes actuales de su jardín, no en un terreno baldío situado un poco más lejos. Para añadir agravio al perjuicio, el gestor urbanístico les reclama 150.000 euros de costes de infraestructura por adelantado. Temen que, en lugar de poder disfrutar su jubilación, se verán obligados a volver a Alemania y vivir a costa de la seguridad social.
Los habitantes de la zona Mestrets de Borriolenc que tienen propiedades modestas han formado una asociación para defender sus derechos, al haberse visto confrontados con un plan urbanístico que se lleva por delante todas sus viviendas y les privará hasta del 75% de sus terrenos, todos ellos de propiedad legal. Únicamente se les ha ofrecido una compensación mínima, considerablemente inferior al valor real de sus propiedades, cuando en su mayor parte han vivido allí toda su vida. Citan por su nombre a los beneficiarios de esta apropiación de terrenos, que son las mismas personas que habían tomado la decisión de urbanizar el terreno en primer lugar, aunque no tienen absolutamente nada en propiedad. Las propuestas de modificación del plan realizadas por la asociación para proteger las propiedades existentes fueron rechazadas.
La Sra. B. y el Sr. S. tienen una propiedad en El Aljibe, cerca de Tibi, que compraron en 1996. Por casualidad, en marzo de 2003 oyeron que la zona en la que vivían era objeto de un nuevo plan urbanístico, aunque por entonces el ayuntamiento se negó repetidas veces a confirmar detalle alguno. Poco después, un consorcio al que pertenecía, entre otros, el asesor jurídico del municipio, publicó un plan. Se proponían nuevas carreteras y un complejo de 1.696 viviendas que afectaba a las propiedades existentes y destruía gran parte del entorno natural. No se tuvo en absoluto en consideración el abastecimiento de agua -ya escaso en la región- que necesitaría la nueva actuación urbanística. El alcalde resultó derrotado con posterioridad en las elecciones municipales, pero dos días antes del traspaso oficial de poderes firmó dos proyectos urbanísticos, incluido el referente a El Aljibe. El nuevo alcalde suspendió los proyectos y destituyó al arquitecto municipal y al asesor jurídico. Ahora se enfrenta a un proceso entablado por los gestores urbanísticos del proyecto.
La delegación visitó las Salinas de Calpe, que ya habían sido objeto de la petición anterior 964/2001 presentada por la Sra. S. La Comisión Europea se lavó las manos en el asunto, basándose en una respuesta de las autoridades españolas que ahora ha de considerarse extremadamente engañosa en lo que se refiere a las repercusiones ambientales de algo que no es simplemente una reparcelación, sino un enorme proyecto de desarrollo urbanístico que obviamente destruirá el hábitat natural de 173 especies de aves silvestres, incluidos el flamenco común y la cigüeñuela común, así como otros elementos de fauna y flora, y profanará una zona de cierto interés histórico. La zona costera había estado protegida por ley desde 1988, pero se excluyó de la red comunitaria Natura 2000 a causa de la inminente actuación urbanística, no sobre la base de ninguna evaluación objetiva de su estructura ecológica. La delegación fue testigo de la demolición de varias pequeñas casas que habían formado parte del paisaje durante más de cien años y quedaban a la sombra de los enormes bloques de viviendas ya construidos al otro lado de la carretera. En conversaciones con residentes, se nos informó también del dramático incremento de la delincuencia local, ya que en muchas viviendas, tanto casas como apartamentos, se han producido robos mientras sus propietarios estaban ausentes. Son habituales las carencias graves de agua y, una vez más, no parece haberse tenido en cuenta nada más que la obtención de beneficios por parte de los urbanizadores a costa de los ciudadanos de la localidad y sus derechos individuales.
El Sr. y la Sra. W. compraron su terreno en Teulada en 1993 y establecieron allí su hogar familiar. Sin embargo, en 1999 se presentó y aprobó un proyecto urbanístico, sin su conocimiento por entonces. El proyecto, tal como ocurre con frecuencia por razones de contratación pública, se dividió en dos fases y, sin previo aviso, comenzó la primera fase y se les quitó un trozo de terreno, también sin previo aviso. No se recibió contestación del ayuntamiento a la reclamación presentada y ni siquiera se hizo mención de una compensación. La segunda fase del proyecto prevé lo siguiente: se destinan 1.600 m2 de su terreno a zona verde, 600 m2 a la construcción de una nueva carretera enfrente de la casa, el resto del terreno se destina a edificaciones y un 10% ha de cederse a cambio de nada. Además, el urbanizador exige a los propietarios de terrenos 225.000 euros para costes de infraestructuras. A los propietarios se les ofreció como alternativa vender sus terrenos a 20 euros el m2, lo que supone menos del 10% del valor objetivo de mercado. Toda la zona visitada por la delegación, antes cubierta de casas de campo y bosques y con vistas al mar, ha de convertirse en un enorme complejo de edificaciones. A un vecino inválido le demolieron la mitad de su casa, y ahora pasa una carretera a lo largo de la pared posterior del edificio. Se han construido una carretera y una acera y se han colocado unas farolas que nadie había solicitado y nadie necesita en un entorno rural semejante.
Los residentes de la urbanización El Balcó de Oropesa del Mar se oponen a una actuación urbanística que, como todas las demás, destruirá el entorno, sin que se haya realizado ninguna evaluación de las repercusiones ambientales. Cerca de Benidorm, al Sr. L., un jubilado belga, le fue expropiado su terreno en 1997 para que la Sociedad Parque Temático de Alicante SA construyera un parque de ocio. Se le pagaron menos de 3 euros por m2, y el terreno fue valorado posteriormente en casi 20 euros el m2 por el gestor urbanístico que se había beneficiado del trato. En La Nucia, cerca de Alicante, los propietarios de viviendas han formado una asociación para luchar contra la inminente expropiación de sus terrenos en el marco de la LRAU. En San Miguel de Salinas, cerca de Alicante, otra asociación protesta contra la expropiación y un número sin precedentes de actuaciones urbanísticas. El Sr. y la Sra. C., de Jávea, están teniendo que reunir unas tasas de urbanización de 43.000 euros y tendrán que ceder parte de su terreno a la empresa urbanizadora Desarrollo Comercial Cansalades SA . La asociación SOS Moraira ha catalogado la destrucción prevista del entorno costero y la expropiación de pequeños propietarios de terrenos cerca de Teulada. Hay muchísimos más ejemplos de esta vulneración sistemática de la justicia natural, por no mencionar el derecho comunitario y la legislación nacional.

Lo que llama la atención en todos estos ejemplos es que ninguna de las personas afectadas ha logrado obtener satisfacción alguna a través de los tribunales o de abogados, ya que lo que les ha ocurrido se considera absolutamente legal. En la práctica, las increíbles lagunas que ofrece la ley (redactada inicialmente para afrontar un problema específico de desarrollo urbanístico) han permitido a políticos y empresarios carentes de escrúpulos obtener enormes ganancias económicas a costa de numerosas personas vulnerables y confiadas.