divendres, de setembre 09, 2005
Los dueños del 63% del terreno expropiado recurren
Aeropuerto de Castellón.
Los 270 litigantes reclaman la anulación del proceso de adquisición por defectos formales
Ramón Pardo, Castelló
Las abogados de 270 afectados por el proceso expropiatorio de los terrenos para construir el aeropuerto de Castelló, entre Vilanova d´Alcolea y Benlloch, han presentado ya en Valencia el recurso contencioso administrativo contra la expropiación supervisada por la Diputación de Castelló, aludiendo defectos formales, así como «manifiesto abuso de derecho y mala fe de la administración expropiante en todo el procedimiento expropiatorio». Simultáneamente, están a la espera de que el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa resuelva la reclamación de 30 afectados que interpusieron un recurso de reposición que fue rechazado por la Junta de Gobierno de la diputación a mediados de 2004 y remitido a dicho jurado.
Los 300 afectados representados por el despacho de abogadas de Tarragona totalizan la propiedad de 2.548.073 metros cuadrados, un 63% del total expropiado en los términos de Vilanova y Benlloch, habida cuenta de que las instalaciones aeroportuarias ocuparán 5.462.102 metros cuadrados y de ellos 1.411.608 metros son de titularidad pública, bien de la Conselleria de Territorio y Vivienda, de los ayuntamientos, estatales, desconocidos y de sociedades.
Las abogadas consideran que en el procedimiento de firma del convenio de adquisición de los terrenos por parte de la diputación, supervisado por la empresa Horfi, SL, y realizado en 2002 se produjeron algunos defectos formales, al entender que «el mismo día en que fueron citados tan sólo para presentar los documentos que acreditasen la titularidad y firmar el acta previa de ocupación, según consta en los citaciones correspondientes que obran en los expedientes, la Administración expropiante aprovechó el acto para que firmaran también las actas de ocupación definitivas y el convenio de adquisición». Un procedimiento a cuya revisión instaron de oficio las letradas a la diputación al objeto de «obtener una clara declaración de nulidad de los convenios». Por ello, apuntan las abogadas, tras ver denegado el recurso de revisión se reitera nuevamente la nulidad ante el órgano jurisdiccional competente en el correspondiente recurso contencioso administrativo que «se está sustanciando en la actualidad».
Lamentan las asesoras legales de los expropiados que el mismo día se realizarán las actas de ocupación previa y la de venta de los terrenos, incumpliendo las normas del procedimiento expropiatorio de «contradicción de la valoración y del plazo para peritajes contradictorios». Aprovechando para adquirir los terrenos con una tasación como rústico y «con valoraciones por debajo del valor que se le da a cualquier terreno rústico» en caso de expropiarse para uso dotacional «para la construcción de sistemas generales».
Otra irregularidad es que los convenios, dicen, fueron firmados por «un órgano manifiestamente incompetente», dado que el diputado delegado de Carreteras de la diputación, Javier Perelló, ostentaba la representación según acuerdo de la Comisión de Gobierno de la diputación de 10 de septiembre de 2002, para «suscribir las actas previas de ocupación y las definitivas», pero no, «para firmar los convenios de adquisición en los que sólo tenía competencia para su válida formalización el pleno de la Diputación de Castelló», de acuerdo al artículo 3.4 del Reglamento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957.
Los 270 litigantes reclaman la anulación del proceso de adquisición por defectos formales
Ramón Pardo, Castelló
Las abogados de 270 afectados por el proceso expropiatorio de los terrenos para construir el aeropuerto de Castelló, entre Vilanova d´Alcolea y Benlloch, han presentado ya en Valencia el recurso contencioso administrativo contra la expropiación supervisada por la Diputación de Castelló, aludiendo defectos formales, así como «manifiesto abuso de derecho y mala fe de la administración expropiante en todo el procedimiento expropiatorio». Simultáneamente, están a la espera de que el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa resuelva la reclamación de 30 afectados que interpusieron un recurso de reposición que fue rechazado por la Junta de Gobierno de la diputación a mediados de 2004 y remitido a dicho jurado.
Los 300 afectados representados por el despacho de abogadas de Tarragona totalizan la propiedad de 2.548.073 metros cuadrados, un 63% del total expropiado en los términos de Vilanova y Benlloch, habida cuenta de que las instalaciones aeroportuarias ocuparán 5.462.102 metros cuadrados y de ellos 1.411.608 metros son de titularidad pública, bien de la Conselleria de Territorio y Vivienda, de los ayuntamientos, estatales, desconocidos y de sociedades.
Las abogadas consideran que en el procedimiento de firma del convenio de adquisición de los terrenos por parte de la diputación, supervisado por la empresa Horfi, SL, y realizado en 2002 se produjeron algunos defectos formales, al entender que «el mismo día en que fueron citados tan sólo para presentar los documentos que acreditasen la titularidad y firmar el acta previa de ocupación, según consta en los citaciones correspondientes que obran en los expedientes, la Administración expropiante aprovechó el acto para que firmaran también las actas de ocupación definitivas y el convenio de adquisición». Un procedimiento a cuya revisión instaron de oficio las letradas a la diputación al objeto de «obtener una clara declaración de nulidad de los convenios». Por ello, apuntan las abogadas, tras ver denegado el recurso de revisión se reitera nuevamente la nulidad ante el órgano jurisdiccional competente en el correspondiente recurso contencioso administrativo que «se está sustanciando en la actualidad».
Lamentan las asesoras legales de los expropiados que el mismo día se realizarán las actas de ocupación previa y la de venta de los terrenos, incumpliendo las normas del procedimiento expropiatorio de «contradicción de la valoración y del plazo para peritajes contradictorios». Aprovechando para adquirir los terrenos con una tasación como rústico y «con valoraciones por debajo del valor que se le da a cualquier terreno rústico» en caso de expropiarse para uso dotacional «para la construcción de sistemas generales».
Otra irregularidad es que los convenios, dicen, fueron firmados por «un órgano manifiestamente incompetente», dado que el diputado delegado de Carreteras de la diputación, Javier Perelló, ostentaba la representación según acuerdo de la Comisión de Gobierno de la diputación de 10 de septiembre de 2002, para «suscribir las actas previas de ocupación y las definitivas», pero no, «para firmar los convenios de adquisición en los que sólo tenía competencia para su válida formalización el pleno de la Diputación de Castelló», de acuerdo al artículo 3.4 del Reglamento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957.
