divendres, d’agost 26, 2005
La vieja táctica dilatoria.
Respecto a la ilegal ubicación del centro de tratamiento de residuos de León, efectivamente, el artículo 148 de la Constitución dice que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materias como la ordenación del territorio. Y que <>.
Lógicamente, la Comunidad de C. Y L. ha ejercido ese derecho y ha legislado la Ley 10/1998 de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de C. y L., pero en su contenido se observa que está orientada única y exclusivamente hacia unos instrumentos contemplados en al artículo 5.c como son los Planes y Proyectos Regionales con el único fin de atribuirse la potestad de expropiar al margen de lo que contempla el Artículo149.1.18 de la Constitución; es decir legislas sobre expropiación forzosa.
No te extrañe, amigo lector, que tengan tanta prisa en reformar la Constitución y que en vez de un Estado de Derecho, estos individuos que viven al margen de la ley, lo conviertan en un Estado Torcido, Bananero, donde solo impera la ley de la selva.
Por eso el Presidente de la Diputación de León, a parte de visitar estos días la ilegal ubicación humillando a la gente campesina, anuncia sin escrúpulos que en breve plazo de tiempo se hará público el archivo del último recurso jurídico planteado por la Asociación Órbigo-Tuerto, con sede en Benavides de Órbigo, a sabiendas de que es ilegal esta treta, puesto que ya la pusieron en práctica en un anterior recurso al declararnos no legitimados para plantear Contenciosos hasta llegar al Tribunal Supremo que finalmente nos ha dado la razón. Es la vieja táctica dilatoria puesta en práctica y vista con buenos ojos en un país bananero y poco serio como el nuestro. De esta forma transcurren una serie de años, los suficientes, para culminar sus fechorías impunemente. Lo peor que un basurero nos es coma edificación ilegal, de poco te sirve que al cabo de 11 años te dé la razón el Supremo si ya te han hecho daño al contaminar un recurso sagrado como es el agua, ¿dónde están las garantías en este país de infames delincuentes?, ¿por qué el CGPJ no expedienta a los tribunales que repiten las mismas “prácticas” ilegales?, ¿acaso no se dan cuenta de que estas “prácticas” están colapsando la Justicia y sobre todo al Supremo que debería estar para dirimir otros asuntos, y con el coste tan alto e innecesario que conlleva?
Las obras costaran más de 5 millones más de lo previsto.
Lógicamente, la Comunidad de C. Y L. ha ejercido ese derecho y ha legislado la Ley 10/1998 de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de C. y L., pero en su contenido se observa que está orientada única y exclusivamente hacia unos instrumentos contemplados en al artículo 5.c como son los Planes y Proyectos Regionales con el único fin de atribuirse la potestad de expropiar al margen de lo que contempla el Artículo149.1.18 de la Constitución; es decir legislas sobre expropiación forzosa.
No te extrañe, amigo lector, que tengan tanta prisa en reformar la Constitución y que en vez de un Estado de Derecho, estos individuos que viven al margen de la ley, lo conviertan en un Estado Torcido, Bananero, donde solo impera la ley de la selva.
Por eso el Presidente de la Diputación de León, a parte de visitar estos días la ilegal ubicación humillando a la gente campesina, anuncia sin escrúpulos que en breve plazo de tiempo se hará público el archivo del último recurso jurídico planteado por la Asociación Órbigo-Tuerto, con sede en Benavides de Órbigo, a sabiendas de que es ilegal esta treta, puesto que ya la pusieron en práctica en un anterior recurso al declararnos no legitimados para plantear Contenciosos hasta llegar al Tribunal Supremo que finalmente nos ha dado la razón. Es la vieja táctica dilatoria puesta en práctica y vista con buenos ojos en un país bananero y poco serio como el nuestro. De esta forma transcurren una serie de años, los suficientes, para culminar sus fechorías impunemente. Lo peor que un basurero nos es coma edificación ilegal, de poco te sirve que al cabo de 11 años te dé la razón el Supremo si ya te han hecho daño al contaminar un recurso sagrado como es el agua, ¿dónde están las garantías en este país de infames delincuentes?, ¿por qué el CGPJ no expedienta a los tribunales que repiten las mismas “prácticas” ilegales?, ¿acaso no se dan cuenta de que estas “prácticas” están colapsando la Justicia y sobre todo al Supremo que debería estar para dirimir otros asuntos, y con el coste tan alto e innecesario que conlleva?
Las obras costaran más de 5 millones más de lo previsto.
