dissabte, de febrer 11, 2006
La participación ciudadana en la planificación. El defensor del Pueblo.
Finalmente resta sólo referirse al gran número de quejas que
también en relación con el planeamiento municipal, recibe esta
Institución de ciudadanos que año tras año denuncian la falta de
información que facilitan los Ayuntamientos en los procesos de
redacción y tramitación de sus planes generales y especialmente de
las modificaciones de éstos. En efecto, citando el caso de la ciudad de
Madrid, desde que se aprobase el Plan General de Ordenación Urbana
actualmente vigente, se han aprobado más de un centenar de
modificaciones que han supuesto una alteración sensible del modelo
inicial. Como se ha dicho anteriormente nada puede objetarse a
dichas modificaciones realizadas por la aparición de nuevas
necesidades en la ciudad y en el legítimo ejercicio del ius variandi,
que, en principio, no puede verse constreñido ni limitado por la
alegación de derechos adquiridos o intereses particulares fundados en
anteriores instrumentos de planeamiento. Sin embargo la
transformación de la ciudad que suponen algunas de estas
modificaciones que vienen a alterar movilidad, accesibilidad, densidad
de población, usos, etc, exige, cuanto menos, una intensificación de la
participación ciudadana durante su elaboración y posterior
tramitación para asegurar su legalidad, acierto y oportunidad, en
cuanto que es precisamente la intervención de los ciudadanos la que
contribuye a dotar de legitimidad democrática a dichas modificaciones
de planeamiento. Ciertamente, cuando se promueve la modificación de
un plan, el procedimiento de tramitación reglamentariamente exigible,
ya no incluye la participación ciudadana, que sí intervino en la
formación, y en la revisión, del plan que se pretende modificar. Este
hecho, que suele pasar desapercibido para las Administraciones
públicas, exige que el nivel de discrecionalidad en la modificación sea
más restrictivo que el que se reconoce en la revisión, dado que se está
alterando un plan en cuya elaboración ha participado la ciudadanía,
sin convocar ahora su concurrencia ni requerir su opinión. Tal y como
demuestra la experiencia urbanística en nuestro país, no es posible
pretender que la simple información pública puede garantizar esta
participación, porque el nivel de respuesta en uno y otro caso presenta
una diferencia abismal. Es cierto que la participación ciudadana es
escasa en la elaboración de los planes, pero el de respuesta en la
información pública de las modificaciones es prácticamente nula y no
es, desde luego, por desinterés, tal y como algún Ayuntamiento ha
llegado a afirmar. Nada hay que pueda afectar más directamente a los
ciudadanos que las alteraciones del entorno en el que viven. Es la
complejidad del lenguaje, de los instrumentos y de la técnica
comúnmente utilizadas, lo que dificulta o imposibilita esta
participación. En efecto, es práctica habitual –incluso en pequeños
municipios – que en el momento de exponer a información pública el
planeamiento que se pretende modificar, en lugar de presentar una
documentación clara y concisa, se muestre un enorme volumen de
documentos, la mayoría de ellos eminentemente técnicos, para cuya
interpretación y entendimiento se precisa de ayuda profesional cuyo
coste deben asumir los ciudadanos.
La participación ciudadana se hace si cabe más necesaria si
tenemos en cuenta que desde hace años los Ayuntamientos españoles
tienden a hacer un urbanismo concertado, basado en convenios con
los operadores privados, siendo, por tanto, más que probable que los
cambios que se introduzcan en los planes, respondan a intereses
particulares. El urbanismo por convenio ha sustituido el
planeamiento, con garantías de control y seguridad ciudadana, por el
pacto, quedando a merced de los acuerdos municipales.
Es por todas estas circunstancias, y además teniendo en cuenta
el constante número de quejas en las que los ciudadanos denuncian el
hermetismo de la Administración, tanto durante la elaboración del
planeamiento –y sus modificaciones- como cuando éste ya ha sido
aprobado, lo que ocasiona que carezcan de una información suficiente
para conocer en qué medida les va a afectar la previsión del plan y en
que periodo de tiempo se va a llevar a cabo, por lo que esta Institución
debe de insistir una vez más en la necesidad de que los procesos de
información pública sean más efectivos, con profunda difusión entre
los ciudadanos mediante la utilización de lenguajes comprensibles y
foros adecuados.
también en relación con el planeamiento municipal, recibe esta
Institución de ciudadanos que año tras año denuncian la falta de
información que facilitan los Ayuntamientos en los procesos de
redacción y tramitación de sus planes generales y especialmente de
las modificaciones de éstos. En efecto, citando el caso de la ciudad de
Madrid, desde que se aprobase el Plan General de Ordenación Urbana
actualmente vigente, se han aprobado más de un centenar de
modificaciones que han supuesto una alteración sensible del modelo
inicial. Como se ha dicho anteriormente nada puede objetarse a
dichas modificaciones realizadas por la aparición de nuevas
necesidades en la ciudad y en el legítimo ejercicio del ius variandi,
que, en principio, no puede verse constreñido ni limitado por la
alegación de derechos adquiridos o intereses particulares fundados en
anteriores instrumentos de planeamiento. Sin embargo la
transformación de la ciudad que suponen algunas de estas
modificaciones que vienen a alterar movilidad, accesibilidad, densidad
de población, usos, etc, exige, cuanto menos, una intensificación de la
participación ciudadana durante su elaboración y posterior
tramitación para asegurar su legalidad, acierto y oportunidad, en
cuanto que es precisamente la intervención de los ciudadanos la que
contribuye a dotar de legitimidad democrática a dichas modificaciones
de planeamiento. Ciertamente, cuando se promueve la modificación de
un plan, el procedimiento de tramitación reglamentariamente exigible,
ya no incluye la participación ciudadana, que sí intervino en la
formación, y en la revisión, del plan que se pretende modificar. Este
hecho, que suele pasar desapercibido para las Administraciones
públicas, exige que el nivel de discrecionalidad en la modificación sea
más restrictivo que el que se reconoce en la revisión, dado que se está
alterando un plan en cuya elaboración ha participado la ciudadanía,
sin convocar ahora su concurrencia ni requerir su opinión. Tal y como
demuestra la experiencia urbanística en nuestro país, no es posible
pretender que la simple información pública puede garantizar esta
participación, porque el nivel de respuesta en uno y otro caso presenta
una diferencia abismal. Es cierto que la participación ciudadana es
escasa en la elaboración de los planes, pero el de respuesta en la
información pública de las modificaciones es prácticamente nula y no
es, desde luego, por desinterés, tal y como algún Ayuntamiento ha
llegado a afirmar. Nada hay que pueda afectar más directamente a los
ciudadanos que las alteraciones del entorno en el que viven. Es la
complejidad del lenguaje, de los instrumentos y de la técnica
comúnmente utilizadas, lo que dificulta o imposibilita esta
participación. En efecto, es práctica habitual –incluso en pequeños
municipios – que en el momento de exponer a información pública el
planeamiento que se pretende modificar, en lugar de presentar una
documentación clara y concisa, se muestre un enorme volumen de
documentos, la mayoría de ellos eminentemente técnicos, para cuya
interpretación y entendimiento se precisa de ayuda profesional cuyo
coste deben asumir los ciudadanos.
La participación ciudadana se hace si cabe más necesaria si
tenemos en cuenta que desde hace años los Ayuntamientos españoles
tienden a hacer un urbanismo concertado, basado en convenios con
los operadores privados, siendo, por tanto, más que probable que los
cambios que se introduzcan en los planes, respondan a intereses
particulares. El urbanismo por convenio ha sustituido el
planeamiento, con garantías de control y seguridad ciudadana, por el
pacto, quedando a merced de los acuerdos municipales.
Es por todas estas circunstancias, y además teniendo en cuenta
el constante número de quejas en las que los ciudadanos denuncian el
hermetismo de la Administración, tanto durante la elaboración del
planeamiento –y sus modificaciones- como cuando éste ya ha sido
aprobado, lo que ocasiona que carezcan de una información suficiente
para conocer en qué medida les va a afectar la previsión del plan y en
que periodo de tiempo se va a llevar a cabo, por lo que esta Institución
debe de insistir una vez más en la necesidad de que los procesos de
información pública sean más efectivos, con profunda difusión entre
los ciudadanos mediante la utilización de lenguajes comprensibles y
foros adecuados.
