divendres, d’octubre 14, 2005
Los afectados por Benicasim Golf llevan el PAI a la Fiscalía por presunta prevaricación
Acusan al alcalde de querer aprobar el proyecto este mes pese a ser nulo en su desarrollo
Emilio Regalado LevanteLa Asociación Ciudadanos de Benicàssim, integrada por los propietarios de las 16 viviendas que será derruidas una vez se apruebe el PAI Benicasim Golf, registró ayer en el Decanato de Justicia de Castelló un escrito por el que exige a la Fiscalía que investigue posibles irregularidades en la tramitación de un programa urbanístico que el ayuntamiento confía en aprobar en un plazo máximo de un mes.
La denuncia, plasmada por el presidente de la asociación, Manuel Gozalbo, recoge «la seria sospecha» de que el alcalde, Manuel Llorca, aprobará en un próximo pleno, en principio el 28 de octubre, el PAI Benicasim Golf «a sabiendas de que dicha aprobación será contraria a derecho por haber sido su tramitación administrativa irregular e ilegal».
El colectivo insiste en resaltar que el ayuntamiento ha «violado» las directivas europeas comunitarias al no publicar la licitación del proyecto, tal y como está obligado por ley, en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE) al superar los cinco millones de euros. Por ello, considera que todo el proceso administrativo posterior a la licitación «es acto nulo de pleno derecho por haber estado dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido». Según Manuel Gozalbo, el alcalde, el concejal de Urbanismo -Rubén Bellido- y los técnicos municipales «son perfectamente conocedores de estas irregularidades y, pese a ello, continúan con su tramitación a sabiendas de que está viciado desde su inicio». Tal conducta «podría ser constitutiva de delito de prevaricación por favorecer las irregularidades que se mencionan», señala la asociación. También acusan desde el colectivo de afectados a Llorca y Bellido de «intentar ocultar la existencia de 16 viviendas afectadas por el PAI y que se pretenden derribar, que no es más que un intento de expolio de la propiedad privada en nombre del interés general sin que exista ningún documento que lo certifique».
Por último, el escrito incide en que el adjudicatario, «con la connivencia del alcalde y el concejal de Urbanismo, ha iniciado las obras sin que el proyecto esté aprobado definitivamente, en concreto en las inmediaciones de la Torre del Baró, sin licencia explícita».
Tranquilidad del alcalde
Frente a este proceso abierto por parte de la Asociación Ciudadana de Benicàssim, el alcalde, Manuel Llorca, aseguró sentirse «tranquilo» con las actuaciones municipales «porque todo se está llevando a cabo dentro de la legalidad».
El primer edil se refirió al tema de la publicación del proyecto en el DOCE y explicó que «se trata de un aspecto que sigue sin estar definido por la jurisprudencia ya que nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestras manos sentencias para todos los gustos sobre si es necesario licitar el proyecto en el DOCE o si con cumplir la LRAU es bastante».
Manuel Llorca asevera que en la tramitación de Benicasim Golf «ha habido pública concurrencia y transparencia». Asimismo, aclara que «la prevaricación sólo existiría si se llegase al final del proceso sabiendo que se incumplen las normas, y nosotros aún no hemos llegado a la conclusión de todo este procedimiento».
Emilio Regalado LevanteLa Asociación Ciudadanos de Benicàssim, integrada por los propietarios de las 16 viviendas que será derruidas una vez se apruebe el PAI Benicasim Golf, registró ayer en el Decanato de Justicia de Castelló un escrito por el que exige a la Fiscalía que investigue posibles irregularidades en la tramitación de un programa urbanístico que el ayuntamiento confía en aprobar en un plazo máximo de un mes.
La denuncia, plasmada por el presidente de la asociación, Manuel Gozalbo, recoge «la seria sospecha» de que el alcalde, Manuel Llorca, aprobará en un próximo pleno, en principio el 28 de octubre, el PAI Benicasim Golf «a sabiendas de que dicha aprobación será contraria a derecho por haber sido su tramitación administrativa irregular e ilegal».
El colectivo insiste en resaltar que el ayuntamiento ha «violado» las directivas europeas comunitarias al no publicar la licitación del proyecto, tal y como está obligado por ley, en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE) al superar los cinco millones de euros. Por ello, considera que todo el proceso administrativo posterior a la licitación «es acto nulo de pleno derecho por haber estado dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido». Según Manuel Gozalbo, el alcalde, el concejal de Urbanismo -Rubén Bellido- y los técnicos municipales «son perfectamente conocedores de estas irregularidades y, pese a ello, continúan con su tramitación a sabiendas de que está viciado desde su inicio». Tal conducta «podría ser constitutiva de delito de prevaricación por favorecer las irregularidades que se mencionan», señala la asociación. También acusan desde el colectivo de afectados a Llorca y Bellido de «intentar ocultar la existencia de 16 viviendas afectadas por el PAI y que se pretenden derribar, que no es más que un intento de expolio de la propiedad privada en nombre del interés general sin que exista ningún documento que lo certifique».
Por último, el escrito incide en que el adjudicatario, «con la connivencia del alcalde y el concejal de Urbanismo, ha iniciado las obras sin que el proyecto esté aprobado definitivamente, en concreto en las inmediaciones de la Torre del Baró, sin licencia explícita».
Tranquilidad del alcalde
Frente a este proceso abierto por parte de la Asociación Ciudadana de Benicàssim, el alcalde, Manuel Llorca, aseguró sentirse «tranquilo» con las actuaciones municipales «porque todo se está llevando a cabo dentro de la legalidad».
El primer edil se refirió al tema de la publicación del proyecto en el DOCE y explicó que «se trata de un aspecto que sigue sin estar definido por la jurisprudencia ya que nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestras manos sentencias para todos los gustos sobre si es necesario licitar el proyecto en el DOCE o si con cumplir la LRAU es bastante».
Manuel Llorca asevera que en la tramitación de Benicasim Golf «ha habido pública concurrencia y transparencia». Asimismo, aclara que «la prevaricación sólo existiría si se llegase al final del proceso sabiendo que se incumplen las normas, y nosotros aún no hemos llegado a la conclusión de todo este procedimiento».
