divendres, d’octubre 07, 2005
El contrato de dirección de obras depuradora de Pilar de la Horadada para el cuñado de Garcia Antón.
Salió con bombo y platillos la responsable de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de la Generalitat Valenciana, Blanca Martínez de Vallejo, anunciando, en agosto del año pasado, que los valencianos íbamos a ser los primeros del estado español en disfrutar de la figura del “Defensor del Internauta”.
A finales del siguiente mes de noviembre, volvió a reiterarse en su promesa la innovadora secretaria autonómica de marras, a sueldo en la Consellería de Infraestructuras, bajo las órdenes directas de José Ramón García Antón. En esta segunda ocasión, hacía público su compromiso ante representantes con autoridad en la materia, como la Asociación de Internautas españoles, con Victor Domingo, su presidente al frente, y los Ingenieros de Telecomunicaciones valencianos(Coitev), poniendo, de paso, algo de pimienta política a una tradicional jornada de reflexión sobre el presente y futuro de las nuevas tecnologías, organizada en Valencia.
Un año después, día por día, del que se pretendía que fuera el genuino defensor del usuario de las telecomunicaciones para los valencianos - y modelo para el resto de españoles -, no se tiene la menor noticia y menos de quien parió la idea, que la misma Blanca Martínez asume, aunque ahora lo hace en voz baja y de mala gana.
De fuentes internas de la consellería, llegan a CONFIDENCIAL 7D informaciones que aseguran que el proyecto “ha pasado a mejor vida” y que el borrador que debía plasmarse en un decreto para que, al final, fuera operativa la figura pública, “amarillea plácidamente”, en el rincón del olvido...
La revolucionaria iniciativa se presentó como cosa hecha. Martínez de Vallejo, para ser más creíble, la incluyó en el Programa “Avantic” que recoge la totalidad de Programas de Actuaciones Innovadoras en la Sociedad de la Información (PAICV) para el periodo 2004-2010, con un presupuesto total de 2.700 millones de euros, que no es moco de pavo.
El defensor del usuario de telecomunicaciones ya tenía, incluso, sus funciones asignadas: “perseguir los delitos y faltas a través de las telecomunicaciones”, así como ser una herramienta de la sociedad para atender “consultas, reclamaciones y denuncias de los ciudadanos, las empresas y la administración en la materia”.
Además, se añadían las Juntas Arbitrales de las telecomunicaciones para encontrar soluciones a conflictos entre proveedores y clientes, sin llegar a los tribunales. Algo parecido al “cielo en la tierra” para los cibernautas, desamparados ante los numerosos abusos que se cometen cada día sin saber a qué puerta llamar.
A toro pasado, observadores muy finos de las tripas políticas valencianas ven en todo este asunto una “estrategia de despiste” que la secretaria autonómica Martínez de Vallejo tuvo que montarse deprisa y corriendo “para salvar la imagen del conseller García Antón en apuros...”
Cuando se habló por primera vez del “defensor del internauta”, a finales de agosto de 2004, a su jefe y conseller, García Antón, se le había levantado - una semana antes - el escándalo de la adjudicación “ a dedo” para su cuñado, Rafael Pastor Lillo, del contrato de dirección de obras de la depuradora de aguas residuales de Pilar de la Horadada, por un total de 198.000 euros. Con lo que el humo, en política, sigue valiendo lo suyo. Del Confidencial 7D
A finales del siguiente mes de noviembre, volvió a reiterarse en su promesa la innovadora secretaria autonómica de marras, a sueldo en la Consellería de Infraestructuras, bajo las órdenes directas de José Ramón García Antón. En esta segunda ocasión, hacía público su compromiso ante representantes con autoridad en la materia, como la Asociación de Internautas españoles, con Victor Domingo, su presidente al frente, y los Ingenieros de Telecomunicaciones valencianos(Coitev), poniendo, de paso, algo de pimienta política a una tradicional jornada de reflexión sobre el presente y futuro de las nuevas tecnologías, organizada en Valencia.
Un año después, día por día, del que se pretendía que fuera el genuino defensor del usuario de las telecomunicaciones para los valencianos - y modelo para el resto de españoles -, no se tiene la menor noticia y menos de quien parió la idea, que la misma Blanca Martínez asume, aunque ahora lo hace en voz baja y de mala gana.
De fuentes internas de la consellería, llegan a CONFIDENCIAL 7D informaciones que aseguran que el proyecto “ha pasado a mejor vida” y que el borrador que debía plasmarse en un decreto para que, al final, fuera operativa la figura pública, “amarillea plácidamente”, en el rincón del olvido...
La revolucionaria iniciativa se presentó como cosa hecha. Martínez de Vallejo, para ser más creíble, la incluyó en el Programa “Avantic” que recoge la totalidad de Programas de Actuaciones Innovadoras en la Sociedad de la Información (PAICV) para el periodo 2004-2010, con un presupuesto total de 2.700 millones de euros, que no es moco de pavo.
El defensor del usuario de telecomunicaciones ya tenía, incluso, sus funciones asignadas: “perseguir los delitos y faltas a través de las telecomunicaciones”, así como ser una herramienta de la sociedad para atender “consultas, reclamaciones y denuncias de los ciudadanos, las empresas y la administración en la materia”.
Además, se añadían las Juntas Arbitrales de las telecomunicaciones para encontrar soluciones a conflictos entre proveedores y clientes, sin llegar a los tribunales. Algo parecido al “cielo en la tierra” para los cibernautas, desamparados ante los numerosos abusos que se cometen cada día sin saber a qué puerta llamar.
A toro pasado, observadores muy finos de las tripas políticas valencianas ven en todo este asunto una “estrategia de despiste” que la secretaria autonómica Martínez de Vallejo tuvo que montarse deprisa y corriendo “para salvar la imagen del conseller García Antón en apuros...”
Cuando se habló por primera vez del “defensor del internauta”, a finales de agosto de 2004, a su jefe y conseller, García Antón, se le había levantado - una semana antes - el escándalo de la adjudicación “ a dedo” para su cuñado, Rafael Pastor Lillo, del contrato de dirección de obras de la depuradora de aguas residuales de Pilar de la Horadada, por un total de 198.000 euros. Con lo que el humo, en política, sigue valiendo lo suyo. Del Confidencial 7D
