diumenge, de setembre 04, 2005
Una cosa es expropiar y otra robar.
La Asociación de Vecinos de Roces asume que habrá expropiaciones y propone negociar precios justos
«No queremos financiar las promesas electorales», dice la presidenta vecinal Una asamblea decidirá el próximo jueves las alegaciones pertinentes
Los vecinos de Roces son conscientes de que la fórmula de reserva de suelo permitirá promover expropiaciones antes incluso de que se apruebe definitivamente el PGOU. En consecuencia, su actual estrategia pasa por reclamar precios justos, sin perjuicio de presentar las alegaciones que correspondan, como en cualquier otro procedimiento de expropiación.
La jurisprudencia desvelada ayer por este periódico no coge de sorpresa a los responsables de la Asociación de Vecinos San Julián, de Roces, que ya eran conscientes de que la fórmula de aprobar a escala regional una reserva de suelo propiciará expropiaciones sin esperar a que el PGOU sea definitivamente aprobado, según dijo ayer a este periódico la presidenta de la citada agrupación vecinal, Elena Medina.
«Si no establecieran una reserva de suelo no podrían expropiar -dijo-, pero eso no justifica lo que pretenden hacer. Una cosa es expropiar y otra robar».
El precio parece ser la única, pero importante, diferencia entre vecinos y Administración para llegar a un acuerdo, pero los propietarios de terrenos no han planteado alternativa concreta al precio ofrecido por Sogepsa, aunque lo consideran risible.
«Sin perjuicio de que algún propietario pueda haber negociado a título individual, cosa que respetamos porque estaría en su perfecto derecho, la junta de afectados acordó negociar conjuntamente, porque entendemos que el precio debe ser el mismo para todos», dijo Elena Medina.
La necesidad de suelo tampoco supuso una sorpresa. «Sabemos que Gijón tendría que crecer y que saltar la ronda supondría, poco antes o poco después, llegar a Roces. Pero lo que no queremos es que nadie financie sus promesas electorales a costa nuestra».
La referencia está próxima. Medina dijo que un constructor pagó no hace mucho, en Roces, cerca de 132 euros por metro cuadrados, mientras Sogepsa ofrece 42 euros. Sin fijar el alcance de las pretensiones vecinales, concluye que entre 42 y 132 euros hay una diferencia muy sustancial.
Despliegue excesivo
En cualquier caso, la estrategia vecinal para defender sus intereses a partir de ahora, tanto en el aspecto judicial como reivindicativo, será fijada en una asamblea general de afectados que tendrá lugar mañana, jueves, a las 20 horas.
Toda la documentación sobre el proyecto entregada por Sogepsa fue remitida a los asesores jurídicos de los vecinos y está previsto que éstos, tras estudiar el expediente, informen a los afectados sobre los recursos que sean pertinentes.
Las acciones jurídicas serán compatibles, previsiblemente, con las protestas en la calle, aunque los vecinos se quejan, tras su reciente viaje a Madrid, de que la Administración está dando a sus acciones una respuesta policial desproporcionada.
«Lo único que queríamos era llamar un poco la atención sobre nuestro problema. Es absurdo. ¿Alguien podía creer que si quisiéramos hacer algo gordo íbamos a anunciar el viaje en los periódicos? Medio centenar de jubilados se encontró con un despliegue policial impresionante e innecesario», lamentó ayer la presidenta vecinal de Roces.
«No queremos financiar las promesas electorales», dice la presidenta vecinal Una asamblea decidirá el próximo jueves las alegaciones pertinentes
Los vecinos de Roces son conscientes de que la fórmula de reserva de suelo permitirá promover expropiaciones antes incluso de que se apruebe definitivamente el PGOU. En consecuencia, su actual estrategia pasa por reclamar precios justos, sin perjuicio de presentar las alegaciones que correspondan, como en cualquier otro procedimiento de expropiación.
La jurisprudencia desvelada ayer por este periódico no coge de sorpresa a los responsables de la Asociación de Vecinos San Julián, de Roces, que ya eran conscientes de que la fórmula de aprobar a escala regional una reserva de suelo propiciará expropiaciones sin esperar a que el PGOU sea definitivamente aprobado, según dijo ayer a este periódico la presidenta de la citada agrupación vecinal, Elena Medina.
«Si no establecieran una reserva de suelo no podrían expropiar -dijo-, pero eso no justifica lo que pretenden hacer. Una cosa es expropiar y otra robar».
El precio parece ser la única, pero importante, diferencia entre vecinos y Administración para llegar a un acuerdo, pero los propietarios de terrenos no han planteado alternativa concreta al precio ofrecido por Sogepsa, aunque lo consideran risible.
«Sin perjuicio de que algún propietario pueda haber negociado a título individual, cosa que respetamos porque estaría en su perfecto derecho, la junta de afectados acordó negociar conjuntamente, porque entendemos que el precio debe ser el mismo para todos», dijo Elena Medina.
La necesidad de suelo tampoco supuso una sorpresa. «Sabemos que Gijón tendría que crecer y que saltar la ronda supondría, poco antes o poco después, llegar a Roces. Pero lo que no queremos es que nadie financie sus promesas electorales a costa nuestra».
La referencia está próxima. Medina dijo que un constructor pagó no hace mucho, en Roces, cerca de 132 euros por metro cuadrados, mientras Sogepsa ofrece 42 euros. Sin fijar el alcance de las pretensiones vecinales, concluye que entre 42 y 132 euros hay una diferencia muy sustancial.
Despliegue excesivo
En cualquier caso, la estrategia vecinal para defender sus intereses a partir de ahora, tanto en el aspecto judicial como reivindicativo, será fijada en una asamblea general de afectados que tendrá lugar mañana, jueves, a las 20 horas.
Toda la documentación sobre el proyecto entregada por Sogepsa fue remitida a los asesores jurídicos de los vecinos y está previsto que éstos, tras estudiar el expediente, informen a los afectados sobre los recursos que sean pertinentes.
Las acciones jurídicas serán compatibles, previsiblemente, con las protestas en la calle, aunque los vecinos se quejan, tras su reciente viaje a Madrid, de que la Administración está dando a sus acciones una respuesta policial desproporcionada.
«Lo único que queríamos era llamar un poco la atención sobre nuestro problema. Es absurdo. ¿Alguien podía creer que si quisiéramos hacer algo gordo íbamos a anunciar el viaje en los periódicos? Medio centenar de jubilados se encontró con un despliegue policial impresionante e innecesario», lamentó ayer la presidenta vecinal de Roces.
