dimarts, de setembre 20, 2005
El Gecen dice que el aeropuerto infringe la ley porque no ofrece otras localizaciones
Alertan a la UE de que el estudio de impacto sólo tiene una alternativa viable.
Ramón Pardo, Castelló diari Levante
El Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) ha denunciado a la Comisión de la Unión Europea que el proyecto de aeropuerto de Vilanova d'Alcolea incumple la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental al no presentar ninguna alternativa a la ubicación elegida por los promotores de esta infraestructura: la empresa pública Aerocas, coparticipada por la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castelló. Por ello, los conservacionistas piden a la Comisión que «exija responsabilidades al Estado español por permitir la construcción del aeropuerto sin cumplir las exigencias de la legislación europea sobre estudio, evaluación y declaración de impacto ambiental».
Los ecologistas amplían con esta denuncia la que presentaron en mayo por las irregularidades detectadas en el proyecto del aeropuerto en base a los «graves e irreversibles efectos que está teniendo la construcción» de la citada infraestructura de transporte. Motivo por el cual reclaman la intervención urgente de la Comisión así como de los ministerios de Medio Ambiente y Fomento, a quienes también se les ha remitido el texto de la ampliación de la denuncia interpuesta.
El portavoz del Gecen, Francisco González, recuerda que el estudio de impacto ambiental presentado por la promotora del aeropuerto no incluye el «examen de alternativas técnicamente viables y justificación de la solución adoptada» y, por tanto, no contiene una «descripción de las exigencias previsibles en el tiempo, en orden a la utilización del suelo y otros recursos naturales, para cada alternativa». Ello, entiende, conlleva el incumplimiento del artículo 7 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental. Al tiempo que, recuerda González, tampoco se cumple el artículo 8 de la Ley 2/1989 de Impacto Ambiental.
Ante esta situación y el riesgo que supone la continuidad de los trabajos, que se mantienen en la zona expropiada de 5 millones de metros cuadrados, solicita que la Comisión Europea analice la nueva documentación, «actúe con celeridad y exija la paralización de las obras por considerar que son contrarias a derecho». Y pide que se proteja y vele por la integridad de los valores naturales que la declaración de impacto ambiental protege y que se exijan responsabilidades al Estado español por la construcción del aeropuerto sin cumplir con las exigencias de la legislación europea.
Mientras, los responsables de Aerocas están a la espera de que el Ministerio de Fomento resuelva sus alegaciones contra la orden ministerial de suspensión de las obras del aeropuerto mientras no tenga aprobado el proyecto constructivo. Asimismo, fuentes de esta empresa pública están a la espera de mantener una reunión de trabajo con los técnicos del Ministerio de Fomento.
Simultáneamente, el conseller de Infraestructuras está pendiente de retomar los contactos con el Secretario de Estado de Transportes para tratar de solventar los problemas administrativos que afectan al proyecto de construcción del aeródromo que impulsan la Generalitat y la diputación de Castelló.
